Actualmente, el Nación paga 160 millones de pesos por la contribución que grava la actividad de los comercios y las empresas de la ciudad. Sin embargo, pretende pagar considerablemente menos:por un lado inició una ofensiva judicial para que la tasa sea declarada inconstitucional y, en paralelo, puso en marcha una negociación para pagarle a la Municipalidad apenas 15 millones de pesos por mes.
“Es una locura, ni siquiera lo consideramos. Hoy ya están tributando bastante menos que el año pasado;pero ahora no quieren prácticamente pagar. Es decir, pretenden que la Municipalidad les preste los servicios sin costo”; indicaron desde el Palacio de Mójica.
En otras ciudades en las que acordó, como por ejemplo en Deheza, el Banco Nación siguió la misma estrategia: les dio a los gobiernos locales la opción de reducir notablemente el impuesto o quedarse sin sucursales de la entidad estatal.
Un argumento que el equipo técnico de la Municipalidad llevó al litigio judicial es que Río Cuarto no modifica desde el 2010 la alícuota de Comercio e Industria para el sector bancario.Además, el Nación viene pagando sin protestar ese mismo tributo desde 2005.
En Río Cuarto los bancos pagan una alícuota del 4,5 por ciento;desde el Estado local destacan que es un porcentaje que está debajo de otras ciudades de la provincia, donde llegan incluso al 7 por ciento.
“Si la Justicia falla a favor del Banco Nación va a ser muy difícil seguir con el Estado municipal tal como hoy lo conocemos. A los intendentes se les han transferido responsabilidades pero nunca los recursos;ahora es peor porque encima quieren quitarnos fondos que percibimos”, señalaron en el Municipio.
Actualmente, el sector bancario aporta entre 1.100 y 1.200 millones de pesos mensuales. Si la Justicia Federal le da la razón al Nación y desactiva la tasa, entonces el tributo se caerá por completo para todo el rubro. Por eso De Rivas señaló ante la Cámara Federal que ese es el monto que puede perder la ciudad si la pretensión de Nación avanza.
Pero, además, hay incertidumbre con respecto a lo que puede ocurrir con el resto de los sectores de la economía. ¿No habrá planteos similares de otros rubros si el Banco Nación obtiene una resolución favorable? Incluso, si la Municipalidad llega a un acuerdo con las autoridades de la entidad -una posibilidad que por ahora se descarta-, ¿no habrá como mínimo para que otros nichos también se beneficien con una reducción de la alícuota?.
Desde el gobierno señalan que se trata de una pelea fundamental para definir el Municipio que viene. Por eso, el propio intendente Guillermo De Rivas asumió la defensa de la postura del Estado en la audiencia de conciliación del viernes.
En la audiencia, el mandatario local tomó la palabra y planteó la necesidad de que los jueces consideren y tengan en cuenta los riesgos en cuanto a la posible pérdida de recursos para el Estado municipal en caso de que prospere el pedido de amparo solicitado por el Banco Nación.
La no percepción de la tasa impactaría directamente en la prestación de servicios básicos relacionados con salud, seguridad, desarrollo social, la ejecución de obras públicas y de promoción industrial. Al mismo tiempo, De Rivas hizo hincapié en que el Gobierno de Río Cuarto está dispuesto a continuar con las negociaciones para arribar a un acuerdo con la entidad que depende de la Nación. Sin embargo, se advirtió que, si avanza el pedido para que no se perciba el impuesto, se perderían entre 1.100 y 1.200 millones de pesos mensuales que actualmente el Municipio destina a sostener distintos tipos de servicios, prestaciones y obras públicas, además de promover el desarrollo productivo, lo que beneficia directamente a los 19 bancos con presencia en la ciudad. Además de esgrimir las razones económicas y financieras por las cuales debería resolverse a favor del Municipio, De Rivas brindó los argumentos jurídicos por los que se considera que la acción del Banco de la Nación no tiene sustento. En ese sentido, se dio cuenta de que la entidad viene abonando la tasa de Comercio e Industria de manera ininterrumpida desde el año 2005, sin haber presentado queja al respecto ni ningún elemento que demuestre algún perjuicio mínimo para la firma. En contrapartida, el Municipio debe afrontar cada vez mayores obligaciones debido a la transferencia de competencias por parte de la Nación sin las asignaciones presupuestarias correspondientes, además de hacer frente a la crisis económica cuya responsabilidad y administración corresponde al Estado Nacional. La discusión ante la Justicia se retomará el próximo 20 de mayo, luego del cuarto intermedio que se dictó en la última audiencia.
