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Una pelea clave y un episodio insólito

El litigio del Municipio con el Banco Nación es decisivo. De Rivas le reclamó a la Justicia que no desfinancie a la ciudad. En el plano político, el capítulo Dalmasso fue una cadena de desinteligencias

“Esto no pasó nunca. No nos mandaron ni un peso”. Martín Llaryora abandonó por algunos instantes el equilibrio que hace permanentemente con el gobierno de Javier Milei y no pudo ocultar la molestia. Estaba por ingresar a la audiencia de conciliación a la que convocó la Corte Suprema de Justicia para tratar de que Córdoba y la Nación alcanzaran un acuerdo por la deuda de 1 billón de pesos que el gobernador le reclama a la gestión del Presidente por los fondos que, por ley, deben llegar para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Llaryora es el tercer mandatario que va a la Corte a exigir los recursos para el sistema jubilatorio. Pero es el primero que se encuentra no con un cálculo defectuoso o engañoso sino, directamente, con la nada. A Juan Schiaretti la gestión de Alberto Fernández le enviaba las partidas para la Caja sin actualización por inflación, mientras los precios galopaban. Desde el 10 de diciembre de 2023 fue mucho peor: ni con ajuste ni sin ajuste;Córdoba no recibe un centavo.

El cálculo oficial de la gobernación es que, actualmente, deberían estar llegando 17 mil millones de pesos mensuales. Una enormidad. Se trata de una pelea económica pero cargada además de un componente político. Primero, porque Llaryora convirtió al litigio en una oportunidad para mostrarse desde la vidriera que es Buenos Aires al frente del reclamo:fue él quien asumió la representación de Córdoba. Además remarcó que si los jubilados provinciales siguen cobrando es porque su administración pone los fondos.

Esos miles de millones que la Provincia debe usar para pagar las jubilaciones podrían tener otro destino. Obras, por ejemplo. O, como ocurrió en algún momento, asistencia para los municipios.

Los grandes proyectos de infraestructura se están haciendo, en gran parte, con préstamos internacionales. Y la ayuda a los intendentes sólo existe en casos de extrema necesidad -o desesperación-.

Río Cuarto es un ejemplo de esa situación. La Municipalidad afronta todos los meses un déficit de 700 millones de pesos, pero el criterio que el gobernador le transmitió al intendente Guillermo De Rivas es que tiene que hacer reacomodamientos hacia adentro para tratar de que las cuentas cierren. “No te vamos a soltar la mano pero tomá medidas”, le transmitió Llaryora al riocuartense.

La gestión municipal enfrenta una situación compleja no sólo desde lo financiero sino también desde lo político. Cuando presentó el presupuesto 2025, De Rivas hizo hincapié en dos objetivos:volver al equilibrio fiscal y alcanzar la autonomía financiera y tributaria. Para conseguirlos aumentó considerablemente algunos impuestos como, por ejemplo, el Inmobiliario. Sin embargo, a 4 meses de iniciado el año, el gobierno debió admitir que el déficit persiste.

¿Qué pasó?¿Error de cálculo?¿Cómo se entiende que el intendente haya pagado el costo político de subir los impuestos y tres meses después se encuentre en la obligación de aplicar el segundo ajuste de gastos en menos de un año de gestión? En el Palacio argumentan que la participación del Inmobiliario en la recaudación total pasó del 7 al 11 por ciento, pero que Comercio e Industria se desplomó:hoy recauda el 40 por ciento menos que lo presupuestado. Y si hay un impuesto gravitante en la estructura tributaria municipal es ese.

Por eso la pelea judicial que existe con el Banco Nación no es un capítulo más. Es decisivo, clave. El gobierno de De Rivas asegura que está en juego el 15 por ciento del presupuesto total: algo así como 26 mil millones de pesos en 2025. Son 2.170 millones por mes.

La motosierra de Milei es una entidad cambiante:para la Provincia se manifiesta en el recorte a los subsidios y a la Caja de Jubilaciones;para Río Cuarto, como para decenas de municipios en el país, toma la forma de una demanda que el Banco Nación presentó para dejar de pagar Comercio e Industria. El argumento, después de pagar durante décadas sin chistar, es que las tasas son desproporcionadas y que no reflejan la actividad real de la entidad. Pide que ese impuesto sea declarado inconstitucional.

El viernes hubo una audiencia en la Cámara Federal de Córdoba para tratar de conciliar. El Banco Nación llegó precedido de una oferta que le había hecho al Municipio, pero que el gobierno consideró ridícula: está dispuesto a pagar, como máximo, 15 millones de pesos por mes.

En Río Cuarto, el juez federal Carlos Ochoa le rechazó la cautelar al Banco, pero no está tan clara la suerte que correrá el Municipio en las instancias superiores. El Nación ha conseguido resoluciones favorables, por ejemplo, en General Deheza y Jesús María. Incluso en Córdoba capital, el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, emitió una medida cautelar que suspendía el cobro de la tasa por 6 meses. Sin embargo, tras una apelación, el mismo juez resolvió que el Nación debía seguir pagando hasta que se resolviera la cuestión de fondo.

La Justicia no suele ser inmune a las tendencias de la política.

Para Río Cuarto sería casi una catástrofe. En esos términos lo planteó De Rivas en la audiencia, cuando asumió la defensa de la Municipalidad como máxima autoridad política de la ciudad.

Ante la Cámara, el intendente planteó que los jueces deberán optar por defender las ganancias de los bancos o los intereses de la gente. “Si eligen a los bancos, vengo y les traigo las llaves de la Municipalidad”, dijo De Rivas en la audiencia.

El gobierno está pagando gastos corrientes con giros en descubierto en el Banco de Córdoba y con emisión de letras de Tesorería;si además pierde en el terreno judicial contra el Nación, entonces la situación será límite. “No vamos a poder cubrir algunos servicios importantes”, detallan desde el Palacio. Porque no está en juego solamente la contribución individual del Nación sino del sistema bancario en su conjunto. Si una entidad deja de pagar porque la tasa es inconstitucional, el mismo criterio se aplicará para todas.

Pero, además, hay cierto temor a un efecto contagio y que otras actividades y contribuyentes empiecen a plantear objeciones. “Si acordamos con el Nación a la baja, si permitimos que pague menos, ¿qué nos asegura que no vengan otros sectores a reclamar lo mismo?”, señalaron en la Municipalidad. Y Comercio e Industria es el corazón del sistema recaudatorio riocuartense: en marzo aportó casi 3 de cada 10 pesos.

Como si no tuviera problemas financieros y de gestión, el gobierno municipal además se enreda con la política. El episodio Paula Dalmasso es insólito de principio a fin.

La empresaria, que fue una de las apuestas de De Rivas para presentar nuevas caras en la política, duró un suspiro en el Concejo Deliberante y este año pasó a ser la titular de la Coordinación Local de Educación, un programa provincial con extensión en los municipios. Si hay que imaginar un cargo alejado de la polémica, pocos más adecuados que ese.

Sin embargo, en Semana Santa, Dalmasso recibió a la vicepresidente Victoria Villarruel en una casa que tiene en Villa Del Dique y se sacó con ella una sonriente foto a orillas del lago. Para la Comisión Municipal de la Memoria fue una conducta inaceptable: emitió un comunicado en el que repudió a Dalmasso y le pidió a De Rivas que la apartara de su cargo por mostrarse junto a una negacionista mientras, a la vez, el Municipio es querellante en causas de lesa humanidad.

La postura de la Comisión de la Memoria fue coherente con su historia pero desmesurada. La foto puede considerarse más o menos feliz pero,en definitiva, Dalmasso se fotografió con la Vicepresidenta de la Nación, que, como compañera de fórmula de Milei, alcanzó el 56% de los votos a nivel nacional y el 73% en Río Cuarto. Las posturas de Villarruel sobre la dictadura, sobre los crímenes y las desapariciones, sus visitas a Videla, sus reivindicaciones son indignantes, pero en elecciones libres y legítimas su candidatura fue avalada por la mayoría. Y en un sistema democrático a veces hay que tolerar que gobiernen quienes están en las antípodas.

Pero la Comisión de la Memoria no hizo otra cosa que exponer su opinión de siempre. Y con esa opinión le generó al gobierno municipal un inconveniente impensado. Porque puso en evidencia la falta de coordinación incluso dentro de una misma área de gestión. Dalmasso terminó renunciando el viernes porque nadie salió a apoyarla y porque el subsecretario de Educación y Derechos Humanos, Adrián Gutiérrez, integra la Comisión de la Memoria. ¿Él avaló el comunicado en el que se le pedía la renuncia a una funcionaria de su propia área? En el gobierno aseguran que no y lo que es peor: sostienen que no estaba ni enterado ¿Al representante del Municipio en una comisión que financia ese mismo Municipio no le avisaron que emitirían un comunicado crítico y que pedirían la renuncia de Dalmasso? Parece que no, que las organizaciones de derechos humanos desconocen a Gutiérrez.

Cuando la controversia por la foto fue escalando, el gobierno se reunió con los referentes de la Comisión de la Memoria para bajar los decibeles. Al parecer lo estaban logrando: en algún momento se habló de reunirse con Dalmasso para explicarle el trabajo de la Comisión. El problema fue que nadie le había avisado a la empresaria:horas antes, sola, había presentado su renuncia en una oficina frente al Teatro Municipal.

Ahora, De Rivas la convocó porque no quiere que la historia termine así. En las próximas horas, el lunes o el martes, habrá una definición.