Policiales | banda

Desarticularon una banda que había cometido estafas por más de 1,8 billones de pesos

Tres personas fueron detenidas en el marco de la investigación de la Policía Federal Argentina. Las empresas o entidades financieras del agro damnificadas son de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe

 

Tres hombres fueron detenidos tras el desmantelamiento de una banda que cometía estafas informáticas y lavado de activos, y había estafado a empresas y entidades financieras, principalmente del sector agropecuario, por más de 1,8 billones de pesos.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) durante un un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional referente al combate contra la ciberdelincuencia.

La Justicia ordenó ocho allanamientos para avanzar en la encrucijada maniobra delictiva.

La investigación se inició en octubre de este año, a partir de una causa impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 del Departamento Judicial de Pergamino y avanzaron sobre la estructura vinculada a reiteradas estafas y maniobras de lavado de activos.

De acuerdo a la pesquisa, el modus operandi de la organización consistía en la utilización de documentación apócrifa para la apertura de cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado, desde donde accedían a préstamos cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a cuentas operadas por empresas de criptoactivos.

El dinero era posteriormente redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, donde se convertía en activos virtuales y era enviado a billeteras digitales de origen aún desconocido, de esta manera, generaban la apariencia de legalidad a las maniobras y el grupo recurría a terceros que simulaban que hacían actividades de arbitraje con criptoactivos.

Sin embargo, se comprobó que ninguno de los involucrados se encontraba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), requisito obligatorio según la normativa vigente, lo que reforzó la hipótesis de un esquema diseñado para ocultar fondos de origen ilícito.

A través de las presentaciones de distintas sucursales bancarias, se identificó a varias empresas damnificadas, todas ellas vinculadas al sector agropecuario, lo que confirmó que el monto sustraído alcanzaría los $1.8 billones mediante múltiples transacciones.

El juez César Solazzi ordenó los ocho allanamientos: dos en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y dos en Santa Fe, durante los que tres hombres resultaron detenidos, mientras que otras dos personas fueron notificadas y se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, en divisas extranjeras y dispositivos electrónicos.