Basura: la recolección sigue resentida y el Municipio pidió la conciliación

La audiencia de conciliación para tratar de que se normalizara el servicio de recolección de residuos en la ciudad no condujo a ningún acuerdo. La basura continuará en la calle en gran parte de la ciudad y el gobierno municipal salió a recomendar que, ante la extensión del conflicto, los vecinos no saquen los desechos a la vía pública.

Por la mañana, la ciudad amaneció con las bolsas en los cestos. Si bien no hay paro de los empleados agremiados en el Surrbac, el trabajo comenzó a hacerse a reglamento y amplias zonas de la ciudad, entre ellas el microcentro, quedaron en la práctica sin servicio. Por la tarde, hubo una reunión en la Secretaría de Trabajo, a la que concurrieron representantes del gobierno municipal, del gremio del Surrbac y de la empresa Cotreco, prestataria del servicio.

En esa audiencia, el secretario de Obras y Servicios Públicos, MartínCantoro, y el fiscal municipal, Ricardo Muñoz, reclamaron que se dicte una conciliación obligatoria porque el Estado no ha incurrido en ningún incumplimiento.

Desde el gobierno señalan que la audiencia fue, cuanto menos, curiosa. Porque el gremio planteó que no está llevando adelante ninguna medida de fuerza;además, la empresa indicó que no existe ningún incumplimiento con los trabajadores.

“El gremio se contradice porque su abogado planteó que no hay ninguna medida activa, pero el secretario de actas, FrancoSaillén, planteó públicamente que hay una medida de fuerza y amenazó con intensificarla. Por otro lado, la empresa manifesta que no tiene ningún incumplimiento con el gremio y el Municipio tampoco tiene incumplimientos con la empresa. Por lo tanto, no hay razones objetivas para que el servicio se resienta”, manifestó Cantoro.

En el transcurso de la audiencia, lo que quedó de manifiesto es que el malestar surgió por las notificaciones que la prestataria les envió a los empleados de que la relación laboral se mantendrá hasta el 31 de diciembre, fecha en que vence definitivamente el actual contrato con la Municipalidad.

El abogado de Cotreco, Santiago Zarazaga, manifestó que ya se usaron todas las pórrogas contractuales y que no existe posibilidad de mantener el vínculo desde el 1 de enero de 2026 sin una nueva licitación. El letrado detalló que la empresa estaba obligada a enviar preavisos al personal porque el contrato se extingue el 31 de diciembre y la ley establece que las notificaciones deben hacerse con un mes de antelación para los empleados que tienen menos de cinco años de antigüedad y con dos meses para los que tienen más de cinco años.

Zarazaga manifestó además que hubo comunicaciones previas con el gobierno, pero que “no se ha generado el espacio de diálogo”.

En la audiencia de conciliación, el Ejecutivo señaló que está dispuesto a encarar una etapa de negociación con todos los actores involucrados.

Mientras tanto, por la situación que se produjo ayer, desde el Municipio se emitieron órdenes de servicio a Cotreco y detallaron que se generarán las multas fijadas en el contrato.

“Los preavisos, por una cuestión de temporalidad, deben enviarse. Pero queremos llevar tranquilidad a los trabajadores porque estamos comprometidos: en 100 meses de contrato nunca hemos tenido ningún problema con la empresa ni con el gremio”, indicó Cantoro.

Tal como está planteada la situación, los tiempos apremian. Porque el gobierno de Guillermo De Rivas ejecutó este año la última prórroga de servicios que permite el contrato. Fueron seis meses más y la fecha de caducidad definitiva del vínculo es el 31 de diciembre. A partir de esa fecha, debería estar vigente el contrato que surja de una nueva licitación pública.

Sin embargo, no dan los tiempos. Porque el pliego todavía no fue enviado al Concejo Deliberante. Como mínimo, al tratarse de un servicio esencial, el trámite legislativo llevará un mes (se aprueba con doble lectura) y no quedaría posibilidad fáctica de convocar a una licitación y adjudicar el contrato durante diciembre.

¿Qué pasará entonces? Es una incógnita. Desde el Municipio indicaron que se están analizando todas las opciones.

Mientras tanto, el gremio reclama respuestas y una definición con respecto al servicio y la continuidad de los trabajadores.

En diálogo con Puntal, Franco Saillén, secretario de actas de Surrbac, explicó que con la medida buscan “visibilizar la postura de la institución y de los trabajadores” a los fines de que tengan certeza de que de su fuente laboral está resguardada. Señaló que “el trabajo de la gente es excelente”.

A la vez, Saillén, advirtió que si reciben amenazas de parte del gobierno municipal el servicio se resentirá todavía más.

El sindicalista además introdujo un tema que para el gobierno de De Rivas no tiene discusión: quién pagará las indemnizaciones que cobran los trabajadores del Surrbac cada vez que finaliza un contrato.

Según el Municipio, el contrato establece expresamente que las indemnizaciones, que se pagan a pesar de que los trabajadores sigan en sus puestos y se les respete la antigüedad, deben ser afrontadas por la prestataria.

Saillén declaró ayer algo distinto: “Eventualmente, debe ser el gobierno de Río Cuarto el que se haga cargo de la indemnización de los empleados”.