Ley de biocombustibles: el etanol, dispuesto a romper filas
La semana pasada estalló la interna entre empresas de biodiésel y eso impactó en el acompañamiento al proyecto impulsado por Bullrich. En cambio, en el etanol remarcan que hay acuerdo pleno y no descartan una iniciativa específica del sector para avanzar
En un giro de último momento se suspendió la reunión de labor parlamentaria en el Senado de la Nación la semana pasada, cuando se iba a cumplir con la formalidad de introducir en el temario de sesiones del jueves al proyecto de biocombustibles presentado por Patricia Bullrich y que contaba, en la previa, con amplio respaldo para avanzar. Pero otra vez surgieron los fantasmas. No es la primera vez que, cuando todo parece dado para que se den nuevos pasos en la normativa para ampliar la participación de combustibles renovables en los surtidores, todo se desmorona. Ya ocurrió el año pasado, cuando el oficialismo tomó la decisión de paralizar todo a último momento. Esa vez ocurrió en Diputados.
En la recta final del año parlamentario, cuando las sesiones se hacen maratónicas y los proyectos se multiplican intentando ser aprobados antes del receso, aquella iniciativa impulsada por la Liga de Provincias Bioenergéticas, que contaba con el consenso y avanzaba a paso firme, fue cruzada a último momento por otra surgida de las filas libertarias. Unos días antes, el oficialismo se mostraba a favor de la aprobación del proyecto y de pronto presentó una alternativa. Con el resultado conocido, claramente fue una estrategia parlamentaria para no tratar ninguno y que el tema pase otro año sin resolución.
Lo que se discute en definitiva es una mayor participación del biodiésel en el gasoil (hoy alcanza el 7,5%) y del etanol en las naftas (actualmente en el 12%). Aquí hay provincias que pujan fuerte por lograr avanzar y ganar terreno, como Santa Fe en el caso del biodiésel elaborado a partir del aceite de soja; y Córdoba y el NOA con el etanol. En el caso de Córdoba con el alcohol producido a partir de maíz y en Tucumán, Salta y Jujuy, con el elaborado a partir de caña de azúcar. Se suman con pequeñas plantas de biodiésel, La Pampa y Buenos Aires. También con etanol de maíz, San Luis. Entre todas habían creado aquella Liga para empujar una norma que reemplace la “Ley Cleri” que es la vigente actualmente, que fue aprobada a la salida de la pandemia y que representó un paso atrás en la política de biocombustibles. Desde aquel momento, las provincias productoras y las empresas intentan reemplazar el marco normativo. Sin éxito.
Con 5 años de una ley que el sector considera perjudicial y un intento fallido por reemplazarla en 2025, lo ocurrido la última semana no resulta extraño.
Esta vez, todos apuntan al lobby de las pequeñas industrias aceiteras que alertaron por miles de puestos de trabajo en riesgo. Una alarma que hizo ruido en el Gobierno, en medio de un escenario laboral delicado. Las pymes azuzaron el fantasma como consecuencia de la pérdida de peso que tendrían en el reparto de la cuota de biodiésel de acuerdo al proyecto Bullrich. Ganarían terreno las grandes productoras, todas ubicadas en Santa Fe. No dejó de llamar la atención que en el juego de lobbies, las pequeñas hayan doblegado a quienes son reconocidas por su gran trabajo en materia de lobby. La explicación fue que en el Senado la representación de las provincias es igualitaria y las pequeñas cubren más jurisdicciones.
Con el dictamen, inicialmente las pymes aceiteras conservan los 7,5 puntos de corte. Pero cuando el buodiésel pasa al 10% de participación en los surtidores, quedan con 6,5 puntos reservados y 3,5 serían abiertos (en manos de las integradas o grandes). Luego la transición avanza: en 2029, 5,5 reservados y 4,5 abiertos; en 2030, 5 y 5; entre 2031 y 2035, 3 reservados y 7 abiertos. Ese cronograma es el que rechazan las pymes.
Pero al ser parte de una misma ley, las empresas productoras de etanol, como las cordobesas o las del NOA, miran desde afuera un conflicto ajeno. Por eso en las últimas horas iniciaron un nuevo camino para evitar la parálisis y ser arrastradas a otro fracaso legislativo: comenzaron a desandar un camino de proyecto legislativo propio, que sólo trate la situación del etanol. “De hecho, son dos cosas diferentes que tranquilamente se pueden tratar por separado”, explican. Y se encargan de remarcar algo más: “En el etanol no tenemos grietas, estamos todos de acuerdo esperando que finalmente se trate y avance el proyecto. Pero si sigue así, habrá que explorar alternativas”, sugieren.
La última aclaración tiene que ver con alguna diferencia que en su momento existió entre el etanol de maíz y el de caña, pero que quedó en el pasado. En su momento se discutió, por ejemplo, la diferencia de precio que existe entre ambos productos, siendo lo mismo. Algo que todavía perdura: un litro de etanol de caña le cuesta a la petrolera $1.072,497 mientras que el de maíz, $982,986 (más del 9% de diferencia). Cuando se multiplica por los millones de litros despachados, no resulta una brecha menor.
Sin embargo, desde hace tiempo eso fue sepultado ante la necesidad de priorizar una ley que aumente el corte en las naftas. El proyecto Bullrich prevé que pase del 12 al 15 por ciento obligatorio. Allí también vale una aclaración: en el mercado el 15% ya está vigente porque al 12% se le agrega un margen del 3% voluntario que pueden disponer las petroleras. Es lo que están haciendo desde hace algún tiempo, especialmente alentadas por el alto costo de importación que tienen las naftas por la guerra en Medio Oriente. Con el barril arriba de los US$ 100 prefieren aumentar el corte con alcohol. Por esto último es que las etanoleras esperaban que el proyecto disponga 17% y así crear una nueva demanda; aunque ahora dado el contexto, se abrazan al 15%.