Diputados dio media sanción a la baja de imputabilidad a los 14 años

La Cámara de Diputados abrió su calendario legislativo con una jornada cargada de simbolismo.

Afuera del Congreso se desplegaron pasacalles con imágenes de víctimas de delitos y, en los palcos del recinto acompañaron la sesión integrantes de Madres del Dolor y familiares de jóvenes asesinados, entre ellos el padre de Kim Gómez y la madre de Jeremías Monzón. Ese marco acompañó el tratamiento y posterior aprobación del Régimen Penal Juvenil, que obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos.

La propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo apunta a sustituir el Régimen de Minoridad vigente desde 1980 y establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De concretarse en el Senado, significaría una de las reformas penales más profundas de la administración de Javier Milei. La Libertad Avanza reunió el respaldo de la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Innovación Federal y otros bloques aliados, mientras que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y distintos espacios peronistas provinciales votaron en contra. El proyecto deberá ahora ser debatido por la Cámara alta, donde podría tratarse el jueves 26 de febrero junto con los cambios a la ley de Glaciares.

El texto incorporó retoques sobre el final del debate. A instancias de la Coalición Cívica, se modificaron los artículos 17, 30 y 34 para dejar expresamente establecido que los menores no podrán cumplir detención en los mismos establecimientos que personas adultas. Además, mediante una alteración del artículo 43, se eliminó la facultad de la querella para intervenir en el proceso a prueba, atribución que quedará exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.

Entre las propuestas que no prosperaron, Germán Martínez (Unión por la Patria) reclamó extender los plazos de adecuación para la aplicación del régimen, mientras que Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) planteó la necesidad de fijar un mecanismo de financiamiento para las provincias que no dependiera de criterios discrecionales. Desde sectores del peronismo que acompañan la baja de imputabilidad señalaron supuestas inconsistencias constitucionales en la redacción del oficialismo —motivo por el cual anticiparon objeciones— y reclamaron revisar el artículo 34 del Código Penal, que define quiénes pueden ser considerados punibles.

Antes de que comenzara la discusión, Juan Schiaretti prestó juramento como diputado nacional. El exgobernador de Córdoba no había podido asumir en diciembre debido a una intervención cardiovascular. Desde uno de los palcos siguió la ceremonia su esposa, la senadora Alejandra Vigo. Más tarde, el cuerpo rindió homenaje con un minuto de silencio a la exdiputada justicialista Sandra Mendoza, fallecida el miércoles por la mañana

El proyecto

De acuerdo con el articulado aprobado, la iniciativa busca “promover en el adolescente imputado la asunción de responsabilidad por sus actos y favorecer su educación, resocialización e integración en la comunidad”. En ese marco, contempla programas de capacitación, actividades deportivas y recreativas, asistencia médica y acompañamiento en casos de adicciones. También establece la protección efectiva de los derechos de las víctimas y habilita instancias de mediación con el joven acusado.

La redacción fija penas máximas de hasta 15 años y prevé la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena. Para sanciones de hasta tres años —o de entre tres y diez años cuando no se trate de delitos graves— se dispone la sustitución de la prisión por medidas alternativas, como amonestaciones, restricciones de contacto con la víctima, prohibiciones para conducir vehículos o concurrir a determinados lugares, impedimentos para salir del país y trabajos comunitarios.

Debate por el presupuesto

Uno de los puntos que se incorporaron al dictamen oficial fue la asignación de una partida para poner en marcha el nuevo régimen, calculada en $23.739.155.303. De ese total, más de $20.000 millones estarán destinados a la Defensoría General de la Nación, con el objetivo de asegurar la defensa técnica de los adolescentes alcanzados por la norma. Asimismo, se prevé una erogación superior a los $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, que tendrá a su cargo la designación de los “supervisores”, figura central para la implementación del sistema. Estos deberán contar con formación en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, abordaje de adicciones y trabajo social. El texto subraya que la cantidad de jóvenes asignados a cada supervisor deberá permitir un seguimiento adecuado, con entrevistas semanales y el control de la evolución del adolescente durante el proceso.