Por su parte, el intendente Edgar Bruno ha defendido estas modificaciones argumentando que en una localidad pequeña como Canals no es necesario exigir ciertos documentos, como las constancias de solicitud de mercaderías (orden de compra) o los comprobantes de recepción de bienes. Sin embargo, para Derencia, estas formalidades son fundamentales para garantizar la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.
Riesgos
La tribuno advirtió que la falta de documentación adecuada podría derivar en serias “inconsistencias administrativas, lo que podría determinar que la conclusión de un expediente genere un perjuicio a las arcas municipales, como por ejemplo, obras que no se terminan, que por falta de documentación se pagan en exceso de lo que valen, o compras que realmente no existen”.
Según afirmó, “si estas irregularidades administrativas no generan un perjuicio económico para el Municipio, no tendrían consecuencias legales para los funcionarios involucrados, incluyendo a los tribunos que aprueben la orden de pago. No obstante, si se llegara a demostrar un daño a las finanzas municipales, las responsabilidades penales y/o civiles podrían recaer sobre los mismos”.
También manifestó su preocupación por el debilitamiento del Tribunal de Cuentas, que, según ella “no está cumpliendo el rol y esto tiene consecuencias nocivas para toda la ciudadanía de Canals, dado que me privaron de la posibilidad de ejercer la función que la voluntad popular me legó”.
La tribuno opositora destacó que las modificaciones en el reglamento interno no solo afectan su capacidad para fiscalizar la gestión del Ejecutivo, sino que también pueden sentar un peligroso precedente que podría ser utilizado para evadir responsabilidades y ocultar posibles irregularidades.
Varias irregularidades
La denuncia presentada por Derencia no solo se centra en la normativa interna del Tribunal, sino también en la observación de “varias maniobras irregulares que generan un terreno fértil para hacer con los fondos públicos lo que quieran”.
En este contexto, la referente opositora decidió dar un paso adelante y solicitar que la Justicia tome conocimiento de estos hechos. Su objetivo, según expuso, es que se inicie una investigación penal preparatoria para determinar si el accionar de los funcionarios municipales “se encuadra en delitos tipificados en el Código Penal de la Nación, tales como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248) y defraudación a la administración pública”.
Un aspecto relevante de la denuncia es que no se limita solo a los tribunos de cuentas, sino que apunta a un grupo más amplio de funcionarios. La tribuno afirmó que, si se llegara a demostrar la existencia de un delito, “los tribunos no podrían haber actuado de manera aislada, sino que se requeriría al menos la participación de la Secretaría de Finanzas y el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente”.
Las modificaciones
El oficialismo aprobó por mayoría días atrás las modificaciones en el reglamento interno del Tribunal de Cuentas, y según expresó Derencia, lejos de ser meros cambios administrativos, eliminan y modifican aspectos clave que limitan el acceso a la información y la transparencia en la gestión pública.
Entre los cambios más relevantes, se encuentra la eliminación de incisos que exigían información fundamental para el control financiero, como el número de la orden de compra, el método de compra o contratación, y de los importes parciales y totales de los compromisos y compras. Además, se suprimió la obligatoriedad de acompañar la documentación con detalles sobre las retenciones fiscales y se modificaron los requisitos sobre la recepción de insumos o inspección de obras públicas, eliminando la necesidad de un informe técnico.
En particular, se suprimieron incisos relacionados con la responsabilidad de los tribunos en temas de familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como la gestión y supervisión de obras públicas y contrataciones.
Otro punto crítico es la eliminación del artículo 21° del reglamento, que permitía al Tribunal emitir instrucciones generales y particulares con la misma fuerza legal que la normativa interna. Esta supresión, según los opositores, debilita la capacidad del órgano de ejercer un control efectivo y autónomo sobre las finanzas municipales, dejándolo prácticamente subordinado a la voluntad del Ejecutivo municipal.
Rol fiscalizador
Derencia dejó en claro que defenderá su compromiso como funcionaria pública, subrayando su obligación legal de denunciar cualquier inconsistencia que observe en su gestión. “Estoy obligada por el Código Penal a informar las irregularidades que observo y que pueden llegar a ser tipificadas como delito”, concluyó.
La tribuno está a la espera de que la Justicia la llame a ratificar la denuncia, un paso clave en el proceso que podría determinar el futuro de la presentación y sus posibles consecuencias para la administración municipal de Canals.
