El pedido de autorización encabezado por la intendencia al mando de Edgar Bruno fue avalado por mayoría en el Parlamento local, con el acompañamiento en soledad del arco oficialista. “Nos oponemos a lo que sea que vaya por fuera de las normativas vigentes”, declaró Morais.
En este sentido, detalló que “hay un régimen de contratación que existe no solo en este Municipio, sino en todos los municipios, en la Provincia, en la Nación, que indica cómo deben realizarse las obras, cuándo deben realizarse por contratación directa, hasta qué monto, y cuándo debe ser concurso de precios y cuándo licitación. En este caso, por el volumen que estaba hablando, cerca de 97 millones de pesos, debería realizarse obviamente por licitación”.
El concejal advirtió que las contrataciones directas sin concurso de precios ni licitación limitan la competencia y la transparencia en la gestión pública. “No solamente impide que otras empresas puedan ofertar su trabajo o hacer propuestas, sino también conocer las formas de pago, cuántos días va a demandar la obra, ciertas cosas que también hacen a los controles”, explicó Morais, quien subrayó la importancia de que estos detalles sean conocidos, no solo por los dirigentes políticos, sino por toda la comunidad.
Permanentes cruces
El concejal apuntó también contra el oficialismo por lo que considera una estrategia deliberada para excluir a la oposición del proceso de toma de decisiones y, posteriormente, acusarlos de no avalar el desarrollo del Parque Industrial. “Uno tiene la sensación de que las cosas se hacen adrede para que uno se oponga y después decir que estamos en contra de que se haga el Parque”, dijo Morais y recalcó que están a favor de la iniciativa, pero no están de acuerdo con la forma en la que se realizan las contrataciones.
“Lo que no queremos es que se construya o se haga una obra sin una licitación seria, y sin mostrar estudios serios”, agregó. Según el concejal, el terreno en el que se ubica el predio es un área baja que requiere un alteo significativo, que demanda gran inversión, por lo que es fundamental que el proceso de contratación sea abierto a todas las empresas para poder tener en la mesa más alternativas.
Cuestionamiento por los plazos
En cuanto a las políticas de Estado relacionadas con el desarrollo de Parques Industriales, Morais expresó su preocupación por los plazos establecidos en el acuerdo para Canals. Señaló que la fecha límite fijada para la ejecución del Parque coincide exactamente con el final del mandato del actual intendente, lo que podría poner en riesgo la continuidad del proyecto en el futuro. “Lo que me llamó la atención fue la fecha que eso tiene, que es al 10 de diciembre del año 2027, exactamente el momento en que termina Bruno la gestión. Es decir que si para esta época no se concretó el Parque, los terrenos vuelven a manos de los privados. Entonces, no es una política de Estado, porque si lo fuera, se buscaría una fecha a largo plazo”, indicó.
A propósito, Morais hizo hincapié en la necesidad de involucrar a todos los actores políticos en la planificación y ejecución de proyectos de esta envergadura, para asegurar su concreción más allá de un gobierno particular. “No son políticas de Estado cuando solamente quedan dentro del conocimiento de un espacio político”, afirmó.
Sin acceso a la información
Otro de los puntos críticos señalados por Morais fue la falta de información proporcionada por el Ejecutivo sobre la propuesta del Parque. Según afirmó, el oficialismo ha manejado el tema de manera opaca, impidiendo que la oposición acceda a datos cruciales sobre el proyecto. “No hemos tenido ningún tipo de acceso a la información. No sabíamos exactamente qué se iba a hacer, no sabíamos por qué se había elegido ese lugar y no otro. Entonces hay desinformación ex profeso del proceso para que nosotros no acompañemos”.
Por otro lado, mencionó la construcción de un lago por parte de la administración actual en terrenos que no pertenecen al Municipio. “El intendente reconoció que el lago que ha hecho en Canals lo ha hecho sin permiso de los propietarios, que en este caso se trata del Estado nacional”, afirmó Morais y agregó que esta situación podría derivar en demandas legales. “Corremos el riesgo de que haya un juicio contra la Municipalidad y eso alguien lo tiene que pagar”, fustigó.
Pedidos de informes, sin respuestas claras
Morais aseguró que, pese a los repetidos pedidos de informes por parte de su bloque, el oficialismo ha negado en múltiples oportunidades el acceso a la información bajo el pretexto de que todo estaba en regla. “Nos han dicho que no había nada que informar porque estaba todo bien”, expresó el concejal. “Es molesto para el gobierno que le estén preguntando, pero con mayor transparencia se evitaría todo eso”.
Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad y a la importancia de respetar los procedimientos legales para asegurar una gestión pública transparente. “Somos responsables y creemos que las cosas deben hacerse dentro de la ley”, concluyó.
