Carasso dejó el Tribunal de Cuentas tras ser imputado por presunto tráfico de influencias
El exdiputado radical también renunciará a sus responsabilidades partidarias para dedicarse a su defensa. La investigación está vinculada a la causa por supuesta sobrefacturación en el Pami. Declararon dos personas más
Marcos Carasso presentó su renuncia al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba luego de ser imputado por presunto tráfico de influencias en una causa conexa a la investigación por supuestas irregularidades y sobrefacturación en el Pami Río Cuarto.
El exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical dejará también los cargos que ocupa dentro de la estructura partidaria para concentrarse en demostrar su inocencia ante la Justicia, se dijo.
La dimisión a su cargo de director de Jurisdicción No Permanente fue presentada al presidente del Tribunal de Cuentas, el juecista Beltrán Corvalán.
En la nota, Carasso explicó que se debe a “razones particulares”.
Según trascendió, “por esa función puntual, el radical cobraba $ 3.979.733,89 por mes”.
La decisión se produjo en medio del avance de la investigación judicial, que durante las últimas horas sumó las declaraciones de dos personas más vinculadas al citado expediente.
El caso está en manos del juez federal Carlos Ochoa y el fiscal a cargo de la acusación es Rodolfo Cabanillas.
Extraoficialmente se conoció que el monto de la defraudación es por 1.400 millones de pesos.
Trascendió que la Justicia sospecha que el exdiputado habría actuado de nexo con empresarios acusados de defraudar a la obra social de los jubilados.
En lo estrictamente jurídico, “el tráfico de influencias está tipificado en el artículo 256 bis del Código Penal de la Nación Argentina y castiga a quien solicite, reciba o acepte dinero, dádivas o promesas para ejercer indebidamente su influencia ante un funcionario público, buscando que éste haga, retarde o deje de hacer algo relacionado con sus funciones”.
El caso mantiene una fuerte repercusión política en Córdoba debido a la relevancia institucional del involucrado.
En el ámbito de la Legislatura Unicameral, la legisladora Karina Bruno (bloque Córdoba)solicitó el apartamiento de Carasso de sus funciones, mientras que los legisladores Facundo Torres y Leonardo Limia, del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, impulsaron pedidos de informes para conocer mayores detalles sobre la situación del dirigente radical.
A través de un comunicado, Carasso negó haber cometido defraudación en contra del Pami local y agregó que posteriormente dará precisiones sobre su situación.
“La Justicia no me atribuye ningún hecho de defraudación al Pami”, sostuvo.
Por su parte, su abogado, Maximiliano García, expresó:“Es una imputación injusta y vamos a demostrar su inocencia”.
Se informó que Carasso ampliará su declaración cuando acceda al expediente.
Juecistas y radicales se despegaron de Carasso y se tiraron la pelota los unos con los otros.
En la causa principal, están imputados Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y el exjefe médico del Pami, Víctor Genesio, además de otras dos personas involucradas en el expediente.