El juez Carlos Ochoa los acusa por el uso indebido de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC. Y también a un técnico. “Es sin prisión preventiva”, se dijo
La Justicia Federal procesó a los 5 investigadores involucrados en el caso de los laboratorios y también a un técnico.
El juez Carlos Ochoa los acusa por el uso indebido de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC.
“El procesamiento es sin prisión preventiva”, se informó.
Los procesados por la Justicia son Lucas Gallarato, Oscar Masciarelli, Roxana Judith Reynaga, Analía Llanes y Julia Iparraguirre.
En rigor, están acusados de presunto peculado, administración infiel y defraudación.
También se procesó a Gabriel Andrés Aguilar Mansilla por el delito de encubrimiento.
La investigación gira en torno al uso indebido de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC.
A través de un comunicado, la Justicia Federal informó: “El Juzgado Federal de Río Cuarto resolvió la situación procesal y dictó procesamiento sin prisión preventiva de: Lucas Antonio Gallarato, Roxana Judith Reynaga, Julia Iparraguirre, Analía Susana Llanes y Oscar Masciarelli, por considerarlos penalmente responsable de los delitos de peculado previsto en el artículo 261 del Código Penal, administración infiel en perjuicio de la administración pública (artículo 173, inciso 7, en función del artículo 174, inciso 5, del CP) y además defraudación en perjuicio de la administración pública (artículo 174 inciso 5 del CP), todos en concurso ideal (artículo 54 del CP), y de Gabriel Andrés Aguilar Mansilla, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de encubrimiento (artículo 277 apartado 1, inciso c del CP), en el marco de la causa FCB 17167/2024”.
“En la causa, con la prueba recabada, se corroboraron los términos de la denuncia realizada y se consideró probable la existencia de un emprendimiento privado que conformaban los imputados (quienes eran docentes de la Universidad Nacional de Rio Cuarto e investigadores o personal técnico del Conicet) y que proveían servicios a terceros, utilizando los insumos, tecnologías, equipamientos y espacios (laboratorios) propiedad de la Facultad de Ciencias Exactas, en provecho propio y por ende en perjuicio de la Universidad Nacional de Río Cuarto”, se comunicó oficialmente.
Por último, la Justicia ordenó trabar un embargo de 20 millones sobre los bienes de cada uno de los investigadores y de 5 millones sobre los de Mansilla, se agregó sobre el caso.
