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La Justicia imputó a la examante del rey emérito Juan Carlos I y la citó a declarar

Se reabrió una causa por supuesto cohecho.

La Audiencia Nacional de España imputó ayer a la examante del rey emérito Juan Carlos I, la empresaria Corinna Larsen, y la citó a declarar el 8 de septiembre tras la reapertura de una causa judicial por presunto cohecho revelado a través de unas escuchas en las que hablaba de las finanzas ocultas del exmonarca.

La máxima instancia penal española tomó la decisión de oficio sobre la base de documentación remitida por la Policía Judicial española a Suiza, que ya derivó en el inicio de una investigación preliminar de la Fiscalía del Tribunal Supremo para determinar si Juan Carlos I cometió delitos de blanqueo o fiscales en su condición de rey emérito, tras abdicar a favor de Felipe VI, en junio de 2014.

Juan Carlos de Borbón no puede ser investigado por la Audiencia Nacional por su condición de aforado, de ahí que lo está haciendo el Supremo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, por su parte, cita ahora como imputada a Larsen, al comisario retirado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga, quienes deberán declarar entre el 7 y 8 de septiembre, según informaron fuentes judiciales.

Los abogados de Larsen indicaron en un comunicado que "jamás contrató o discutió contratar al señor Villarejo y, por lo tanto, jamás le pagó cantidad alguna" y recordaron que "las autoridades han contado con el material relevante desde enero de 2019".

"Nuestra cliente defenderá enérgicamente sus derechos contra estas imputaciones, las cuales carecen de fundamento alguno", aseguraron en el texto.

Con esta decisión se reabre la "pieza Carol" del caso Villarejo, una ramificación de una investigación amplia que aborda las corruptelas de este expolicía reconvertido en investigador privado, quien se encuentra en prisión provisional acusado de cohecho y blanqueo de capitales, tras amasar una fortuna presuntamente haciendo trabajos sucios para políticos, banqueros y empresarios.

En concreto, la causa se derivó de unas grabaciones incautadas en 2017 al excomisario en las que Corinna Larsen se refería a las supuestas coimas que Juan Carlos I recibió de la monarquía saudita por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad de La Medina a La Meca, así como a las cuentas del rey en Suiza a nombre de testaferros.

En los audios aparece también Villalonga, quien presentó a Larsen y Villarejo, entonces todavía en actividad, quienes mantuvieron un primer encuentro en Londres en 2015.

Sin embargo, el primer juez que asumió este caso lo archivó en septiembre de 2018 por falta de indicios y por la inviolabilidad de la que gozaba el exmonarca hasta 2014.

No obstante, de esas mismas grabaciones de Villarejo surgió la investigación abierta en Suiza contra Larsen por supuesto delito fiscal agravado, al aceptar 65 millones de euros de Juan Carlos I, procedentes de la Fundación off shore Lucum, que el exmonarca habría utilizado para ocultar los 100 millones de dólares en comisiones sauditas, de acuerdo con la Fiscalía suiza.

A raíz de la demanda de cooperación judicial de Suiza y en nuevas actuaciones policiales -como el análisis de nuevas grabaciones halladas en el domicilio de Villarejo -el magistrado García Castellón entiende que se tuvo conocimiento de supuestos delitos que deben ser esclarecidos.

El magistrado busca determinar ahora si Larsen contrató a Villarejo para investigar a una asistente suya española, incluso mediante la intervención de su teléfono -de forma ilícita-, porque sospechaba que filtraba información de su vida privada, según relata la examante del rey en grabaciones que hizo el excomisario.

En ese sentido, el juez considera que si el encargo llegó a materializarse y si se abonó dinero por ello, podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que podrían haber intervenido los investigados por los delitos cometidos en España, que deben ser perseguidos.