Caso Báez Sosa: premeditación y un pacto de silencio, las claves en la acusación contra 8 rugbiers
De los diez imputados, la fiscal Zamboni liberó a dos jóvenes por insuficiencia de pruebas. Para el resto consideró que tenían plena conciencia del crimen cometido a la salida del boliche de Villa Gesell.
La fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell consideró que ocho de los rugbiers detenidos tenían "plena conciencia" de que habían cometido un asesinato y que existió entre ellos un "pacto de silencio" que "se mantiene incluso hasta la actualidad", al pedir ayer que se les dicte la prisión preventiva.
En su dictamen de 251 páginas, presentado ante la Justicia de Garantías, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Villa Gesell, Verónica Zamboni, consideró a los rugbiers Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19) "coautores" de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" de Báez Sosa.
También acusó a Luciano (18) y Lucas Pertossi (18), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20) de haber sido "partícipes necesarios" del asesinato, ocurrido el 18 de enero a la salida de un boliche.
En tanto, Zamboni pidió el cese de detención de Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19) por insuficiencia de pruebas y el "beneficio de la duda", por lo que ambos quedaron esta tarde en libertad, aunque vinculados al proceso.
Raúl Guarino, padre de uno de los jóvenes que recuperó la libertad del penal de Dolores, dijo a Télam que "es todo muy triste por la familia de Fernando Báez, pero con Juan Pedro se hizo justicia".
Silvino Báez, padre de la víctima, consideró, en tanto, que "los diez son culpables, asesinos crueles y traicioneros", aunque aseguró que ni él ni la madre del joven, Graciela Sosa, quieren a "ningún inocente preso", pese a que ella tomó "muy mal" la noticia.
Claves
En su pedido de prisión preventiva, la fiscal consideró que de acuerdo a la prueba reunida en la instrucción todos los acusados "tenían plena conciencia y conocimiento de que habían causado la muerte de Fernando".
En ese sentido, subrayó que "pese" a ello, "todos ellos huyeron del lugar, y se escondieron", y agregó: "No sólo despreciaron la vida de Fernando al agredirlo, pegándolo (sic) vivo e inconsciente, sino que también huyeron para lograr la impunidad del hecho, sin siquiera intentar auxiliarlo en el momento que cayó al suelo".
"Buscaron algunos de ellos una coartada para desvincularse del hecho, concurriendo a consumir comida a McDonald’s, luego de cambiarse sus prendas de vestir dos de los sospechados", señaló Zamboni, y destacó además que "a las 06.06 horas, Ciro Pertossi dice por el grupo (de WhatsApp) ‘chicos no se cuenta nada de esto a nadie’".
La fiscal interpretó eso como "un pacto de silencio que incluso los imputados mantienen hasta la actualidad; corroborando ello su participación en el hecho, como así también la total premeditación con que se cometiera el hecho".
"Asimismo, ha quedado demostrado claramente que Lucas Pertossi filmó, desde el momento que son sacados del interior del Boliche bailable Le Brique, hasta el preciso momento que abordaron a la víctima (…), lo que reafirma la premeditación", indicó.
En esa línea, consideró "que dentro de Le Brique los agresores causaron un conflicto con la víctima" y que "premeditadamente, previo repartirse roles entre todos los agresores, procedieron a agredir físicamente" al joven "para causarle muerte, sin que ni siquiera Fernando pudiese advertir la agresión, siendo que fue por detrás, sumado todo ello a que lo rodearon y a la superación numérica en cantidad de agresores".
En cuanto a la acusación, Zamboni relató que los rugbiers "se abalanzaron sobre" Fernando para "agredirlo físicamente primeramente por detrás, todo ello en forma premeditada y con el fin de darle muerte (...) siendo que previamente se había suscitado un altercado con la víctima en el interior del citado bailable".
El requerimiento de la Fiscalía fue realizado ante el juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, quien ahora tiene un lapso de cinco días para resolver sobre la situación de los acusados.
