La pena coincide con la que había solicitado el fiscal federal Abel Córdoba durante la etapa de alegatos. El proceso judicial es considerado el primer expediente por hechos de corrupción estatal que afectó de manera directa a las gestiones gubernamentales del kirchnerismo.
El origen del caso Skanska
El expediente tiene su punto de partida en 2004, cuando la firma sueca Skanska obtuvo la adjudicación civil para ampliar los gasoductos norte y sur destinados al transporte de gas natural, obras vinculadas a Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS). Las sospechas sobre sobreprecios surgieron a partir del hallazgo de una auditoría informática interna de la compañía.
Fue el síndico de la empresa, Claudio Corizzo, quien grabó de forma oculta una conversación con el entonces gerente comercial de la constructora, Javier Azcárate. En ese registro de audio, el directivo admitió el pago de retornos ilegales y el uso de facturas apócrifas para dar cobertura contable a los desvíos financieros.
Un largo recorrido judicial
El expediente atravesó numerosas instancias antes de llegar al debate oral. La Cámara Federal declaró inicialmente la nulidad de la grabación por haberse obtenido sin consentimiento, pero en 2016 la Cámara Federal de Casación Penal validó ese elemento probatorio tras un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que reactivó las indagatorias. El juez de instrucción Sebastián Casanello procesó nuevamente a los imputados y, en 2019, elevó las actuaciones a juicio oral bajo la acusación del fiscal Carlos Stornelli.
El debate definitivo comenzó en abril de 2024 con 30 personas imputadas. La fiscalía solicitó condenas concretas para 13 de ellas en septiembre de ese año, mientras que 17 resultaron absueltas en el veredicto de este lunes.
El rol de De Vido según la fiscalía
La resolución judicial validó la hipótesis del Ministerio Público, que ubicaba al exministro como la pieza central de la estructura de recaudación de fondos. El fiscal Córdoba describió su posición durante los alegatos:
«No solo tenía jerarquía formal, sino que tenía una posición determinante coordinando el conjunto de los aportes por lo que sostenemos en todo momento tuvo el dominio final del plan de acción en su totalidad»
La acusación también incluyó pedidos de penas de cuatro años y seis meses de prisión para ocho exmiembros del directorio de Skanska, mientras que los intermediarios Alfredo Greco y Adrián López recibieron solicitudes de cuatro años de encierro por su participación en la confección de comprobantes comerciales falsos.
