A partir de la decisión del gobierno nacional de decretar el aislamiento social obligatorio, no han cesado de llegar a los Tribunales riocuartenses este tipo de demandas desde la cárcel local; sin embargo, hasta ayer no se había concedido ninguna.
Así lo confirmó a Puntal el juez de Ejecución Penal, Emilio Andruet, que en las últimas semanas recibió en su despacho la friolera de 81 solicitudes formales de prisiones domiciliarias.
Esa cifra representa, prácticamente el diez por ciento de la población carcelaria. En todos los casos aducen problemas de salud de gravedad que colocarían a estas personas dentro de la población de mayor riesgo de contraer el coronavirus.
En Tribunales remarcaron que ni la concesión ni la denegación de estos beneficios se deciden automáticamente, sino que se estudia caso por caso y, antes de que el magistrado resuelva, le pide un dictamen al fiscal de Instrucción de turno, que en la actualidad es Fernando Moine.
La mayoría de estos reclamos los están presentando los asesores letrados y los abogados particulares que representan a los internos, pero también se han presentado casos en que los propios presos radican los pedidos en nombre propio, sin que medie la intervención de un abogado.
Hasta ayer, del total de presentaciones, el Juzgado de Ejecución Penal se expidió en 25 casos y lo hizo rechazando el beneficio.
Lo que sucede en Río Cuarto ha ido replicándose en cada una de las jurisdicciones del territorio provincial donde existen establecimientos carcelarios y la gran mayoría de las resoluciones fue en el mismo sentido: denegando las prisiones domiciliarias.
Uno de los argumentos que se reiteran en los juzgados es que hasta el momento no se ha comprobado que exista ningún caso de Covid-19 en ninguna de las cárceles cordobesas ni en el resto de los penales del país.
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