Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, respondió al ministro, acusándolo de cometer un “sincericidio” que expuso las verdaderas intenciones del Ejecutivo.
“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, afirmó Jerónimo en declaraciones radiales.
El eje central de la disputa es si la “modernización laboral” afectará solo a las futuras contrataciones o si regirá para todas las relaciones laborales ya existentes. Diversos voceros del Gobierno habían intentado bajar el tono, asegurando que la iniciativa solo aplicaría para contratos pactados después de su sanción.
Jerónimo advirtió que las declaraciones de Sturzenegger demuestran que el oficialismo está “mintiendo” sobre el alcance de la reforma. “El proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender. Con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, advirtió el dirigente gremial.
El jefe sindical criticó la iniciativa calificándola de “regresiva” y reafirmó la postura de la CGT: se trata de una “quita de derechos individuales y colectivos”.
Aclaró que, si bien la central obrera había participado inicialmente en el Consejo de Mayo (el órgano consultivo de la reforma) a través de Gerardo Martínez (Uocra), se retiró en cuanto comenzaron a plantearse “cosas ilógicas”.
Jerónimo enfatizó que el gremialismo no se opone a debatir la modernización del mundo del trabajo, pero rechazó la forma en que se está llevando a cabo: “Estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición. Cuando las cosas se plantean por imposición salen mal”, concluyó.
En tanto, el senador nacional Agustín Monteverde (LLA) afirmó que “la Argentina no tiene empleo en blanco” y que el país logró el fenómeno de “salarios pobres pero costos laborales altísimos”.
Monteverde dio detalles de una propuesta de reforma laboral de su autoría que busca revertir esto, al argumentar que la prioridad del proyecto es “defender el trabajo de los argentinos” a través de un “cambio histórico” que promueva la modernización y la dinamización del empleo.
Uno de los pilares de la iniciativa -explicó-, es el intento de “acabar con la industria del juicio que tanto daño le hace al país”.
Sin embargo, sostuvo que “el régimen de indemnizaciones sigue siendo el de siempre, el de un salario por año trabajado, así que no hay nada que quede afectado”.
