Lejos de ser una semana apacible en el ambiente dirigencial en Río Cuarto, los días que pasaron estuvieron cargados de muchas discusiones puertas adentro de los despachos del Palacio de Mójica y de las oficinas de los diferentes bloques en el Concejo Deliberante local.
Las tempestades, que por ahora no se convirtieron en tormentas, llegaron desde Córdoba Capital y tuvieron como gran protagonista al gobernador Martín Llaryora, quien en las primeras horas del pasado lunes asistió al hospital San Roque para someterse al “narcotest”.
Esta acción del gobernador fue para realizarse el análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina. Acción que se enmarca en el cumplimiento de la ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril.
Esta ley provincial sirvió para crear el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.
El test realizado por Llaryora es obligatorio para “las personas que desempeñen funciones por elección popular, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados”, según establece la propia ley.
Esta normativa establece que los funcionarios deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica (pública o privada) que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.
En caso de su incumplimiento, la ley prevé la aplicación del procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor. En tanto que la reglamentación añade que se comunicará dicha circunstancia a la autoridad competente y se dará la intervención correspondiente al Ministerio de Salud para que realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.
La razón de ser de esta ley provincial es poner el foco en la lucha de uno de los grandes flagelos que azotan a nuestra sociedad, el narcotráfico, entendiendo que aquellos funcionarios electos por el pueblo, como así también los principales dirigentes de los gobiernos, no podrían llevar adelante esta pelea si fuesen ellos mismos afectados por el consumo de alguna de las sustancias psicotrópicas ilegales.
“La promulgación de esta ley desató un gran debate a nivel provincial y fue uno de los grandes temas de discusión en la última campaña por la intendencia en Córdoba Capital, pero llamativamente en nuestra ciudad no se habló nunca en las propuestas de campaña de ninguna de las 10 fuerzas que pugnaban por la intendencia”, le manifestó al Chasqui un politólogo local.
Lo cierto es que la iniciativa de Llaryora de someterse al test y cumplir con la ley puso en tela de debate qué pasará en nuestra ciudad con todos los funcionarios que acaban de asumir sus nuevos cargos (y los que se acaban de ir sin cumplir con el requisito de la ley).
¿Comenzarán los testeos masivos en las próximas horas? Por ahora el debate solo se dio puertas adentro de los despachos, veremos qué ocurre a partir de ahora...
