Si el gobierno de Martín Llaryora decide concretar esa idea que mantiene bajo análisis, la presión impositiva sobre el sector sería cero. Y lograría que fuera cero el nivel de reclamos por falta de obras, seguridad y demás servicios, porque básicamente ya no habría fondos públicos con esa finalidad. Hoy, vale recordar que el 98% de lo que aportan los productores mediante el Inmobiliario Rural va a un fondo destinado al propio sector. Así, prácticamente recibe lo que aporta. Un caso único en la provincia ya que ningún contribuyente tiene semejante privilegio en el trato. Es más, a la hora de tomar decisiones con ese dinero público, hay dirigentes agropecuarios sentados en una mesa que deciden las prioridades. Habría que imaginarlo con el Inmobiliario Urbano o con los aportantes de Ingresos Brutos.
En este escenario en el que parece que todo lo construido a lo largo de la historia debería dejar de existir, habría que recordar que el origen de la palabra impuesto es la imposición. Básicamente porque a nadie le gusta pagarlos, pero son necesarios para permitir el funcionamiento de un Estado y de una comunidad. Y lo segundo, es que dentro de esa lógica, los que más tienen, deberían ser los que más pagan.
Pero más allá de los detalles, lo cierto es que el ideario mileista puede tener en Córdoba un caso excepcional. ¿Estarán de acuerdo los productores, que en gran medida acompañaron y acompañan las políticas del Gobierno nacional, en dar este paso de correr al Estado del medio y gestionar respuestas a sus propias necesidades de infraestructura y seguridad? ¿Sería posible el modelo de laboratorio en la práctica? En el gobierno provincial aseguran que la propuesta está basada en el modelo libertario de bajar impuestos pero sin prestar servicios de ningún tipo. Así como se eliminó la obra pública, se desfinanció las universidades, se bajaron salarios públicos y jubilaciones nacionales y se trasladó todas las responsabilidades a los otros dos niveles del Estado: las provincias y los municipios. Si estos imitan la postura, ¿cuál sería el final del camino?
El caso de los productores agropecuarios que tendrían cero presión impositiva pero con la responsabilidad de arreglar caminos, pavimentar trazados estratégicos para sacar la producción y administrar recursos y sistemas de seguridad privados para toda el área rural, podría ser una interesante prueba piloto, mientras esperan que la Nación elimine los derechos de exportación, que son 10 veces más significativos por hectárea que el Inmobiliario Rural cordobés.
