Las clínicas, en un límite crítico: le exigen al Pami una solución de fondo

Las clínicas de Río Cuarto han alcanzado un límite crítico: sostienen que si el Pami no avanza en una solución económica de fondo tendrán que restringir aún más los servicios a los afiliados de la obra social nacional.

Esta semana, los directivos de los sanatorios se reunieron con la conducción local del Pami para plantear que el desfinanciamiento ya ha llegado a un límite insostenible: los aranceles arrastran un atraso considerable y apenas si cubren un tercio de la inflación acumulada. Además, los pagos se hacen desdoblados y las clínicas reciben descuentos que, según argumentan, son arbitrarios.

En una segunda instancia formalizarán el planteo ante el Pami con un documento en el que enumerarán cuáles son los principales inconvenientes que padecen y dejarán asentado que las prestaciones irán reduciéndose cada vez más porque no están en condiciones económicas y financieras de seguir sosteniendo la situación actual.

Las clínicas, que están nucleadas en Aesa, remarcan cuáles son las condiciones en las que está operando en la actualidad el sistema del Pami en Río Cuarto: las urgencias y emergencias se están atendiendo sin limitaciones ni restricciones pero las prestaciones programadas están siendo limitadas a los umbrales y tasas de uso que determina el Pami. Cuando esos límites se alcanzan, las prestaciones a los jubilados se reprograman. Es decir, pasan para los meses siguientes. Los directivos argumentan que es económicamente inviable seguir absorbiendo esas prestaciones con recursos propios.

El cuadro que plantean es dramático: facturación a la baja porque los aranceles no se actualizaron a la par de la inflación, pagos desdoblados y aplicación de descuentos injustificados.

“La situación está en un límite crítico”, señalan en Aesa. Y asientan esa advertencia en que ya han agotado todas las alternativas para sostener el nivel de prestaciones: se han endeudado, han usado herramientas financieras de distinto tipo, incluso han tenido que aplicar postergaciones en los pagos a los proveedores y a los propios trabajadores y profesionales.

La acumulación de meses de aranceles desactualizados e insuficientes provocó que ya no puedan recurrir a ningún tipo de apalancamiento. Esa es, señalan, una puerta ya cerrada.

Las clínicas y sanatorios postulan que mientras los aranceles del Pami crecen a un ritmo muy alejado de la inflación, los salarios, los honorarios profesionales, los insumos, los medicamentos, los servicios, la tecnología y los impuestos siguen teniendo un peso cada vez mayor.

En el planteo ante el Pami, las instituciones indican que ya no se trata de una ecuación económica, de un nivel mayor o menor de equilibrio económico, sino que está en juego la posibilidad de supervivencia de las clínicas y sanatorios.

El pedido principal del reclamo, más allá del diagnóstico de la situación, es que la delegación local gestione ante la sede central del Pami una solución de fondo para atender a los afiliados con estándares adecuados pero, a la vez, con condiciones mínimas de sostenibilidad para las instituciones.

Desde Aesa indican además que si no aparece una solución en el corto plazo, no tendrán otra salida que seguir profundizando las medidas que actualmente implican una limitación en la atención para los afiliados del Pami.

Tampoco descartan que las empresas más complicadas financieramente se vean obligadas a denunciar los convenios vigentes, es decir a no prestar más el servicio ante la imposibilidad de seguir funcionando con esa realidad económica y financiera.

Las clínicas sostienen que esa sería una consecuencia indeseada pero inevitable porque ya no tienen capacidad patrimonial ni financiera de seguir absorbiendo los costos crecientes de las prestaciones.

La situación del Pami no es nueva: en abril de este año, a nivel nacional se planteó que la deuda total de la obra social con todo el sistema prestacional alcanzaba los 500.000 millones de pesos. En ese momento, las clínicas amenazaron incluso con cortar los servicios.

Si bien el monto de la deuda fue reduciéndose, el problema de fondo continuó porque lo que existe es un desfinanciamiento estructural:los montos que paga la obra social están muchas veces, según sostienen las clínicas, por debajo incluso de los costos.

La advertencia ahora es que hay instituciones que no podrían seguir funcionando ni atendiendo en estas condiciones y que a las consecuencias las pagarán los jubilados.