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Los débiles argumentos de Herrera para no declarar 85 millones de pesos

El subsecretario de Deportes manifestó ante el Concejo Deliberante que no incluyó 5 departamentos en su declaración jurada porque los pagó pero no se los entregaron. El crédito a su favor debía ser consignado

En la respuesta que envió al Concejo Deliberante, el subsecretario de Deportes, Martín Herrera, aseguró que no declaró los cinco departamentos que le compró a Alberto “Beto” Márcico porque el ídolo de Boca nunca se los entregó y, como consecuencia, no conforman su patrimonio. “Tratándose de un derecho litigioso con resultado incierto, desde el punto de vista legal y procesal aquel dinero y/o bienes no integraban ni integran mi patrimonio y tampoco lo puedo considerar como propio”, dice el escrito.

Es decir, Herrera pagó 735 mil dólares y postula que ese acto y poseer los boletos de compraventa no le generan aún ningún derecho y, por lo tanto, es correcto que no haya incluido los inmuebles en su declaración patrimonial.

Sin embargo, el argumento contiene debilidades aunque quien redactó el escrito -el abogado de Herrera y no el propio funcionario- asegure que se trata de una verdad jurídica evidente.

Después de realizar consultas con especialistas, se puede decir que el primer punto discutible del argumento de Herrera es el marco general que le da a su defensa. Primero, según el artículo 724 del Código Civil y Comercial, una obligación es “una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés”. Es decir, se genera un crédito (derecho del acreedor de obtener el cumplimiento de la prestación) y un débito (deber del acreedor de cumplir la prestación convenida). Es decir, la causa fuente de la obligación, la que genera el crédito y la deuda, es el acto jurídico, en este caso los boletos de compraventa, que le dan origen.

Llevado al absurdo, el argumento de Herrera haría que los deudores se nieguen a pagar para que el banco pierda todo derecho. Llevado al absurdo, el argumento de Herrera haría que los deudores se nieguen a pagar para que el banco pierda todo derecho.

El incumplimiento de Márcico no hace que los derechos de Herrera como comprador desaparezcan. El hecho de que haya un proceso penal en el que se investiga una presunta estafa de Márcico no hace depender de ello la existencia o no del crédito en favor de Herrera.

El carácter litigioso de un derecho es simplemente la consecuencia del incumplimiento del deudor y la necesidad de acudir al cumplimiento forzoso de la obligación. Lo que Herrera pretende en su escrito es convertir la consecuencia en una condición, lo que no es jurídicamente posible.

Si se lleva el argumento de Herrera al absurdo, alcanzaría con que los deudores se nieguen a cumplir para que los bancos perdieran todo derecho a los créditos otorgados a sus clientes.

Como la existencia de los créditos en favor de Herrera son obvios -el propio funcionario admitió tener los boletos de compraventa y la Justicia Federal los declaró como válidos- la ordenanza 747/98 establece expresamente en el artículo 3° que deben incorporarse los créditos comunes. Entre esos créditos están, obviamente, los que surgen de los boletos de compraventa que el subsecretario de Deportes tiene en su poder.

En el juicio penal que Herrera lleva adelante contra Márcico por no haberle entregado los departamentos que compró, lo que se investiga es la posible conducta delictiva del ídolo de Boca; el magistrado no tiene nada que resolver en cuanto a la procedencia o no de los reclamos patrimoniales de Herrera. Incluso, Márcico podría ser absuelto del juicio penal sin que eso afectara la situación de Herrera como legítimo propietario de los departamentos por los que pagó.

En su argumentación ante el Concejo Deliberante, Herrera señaló que los bienes no integran su patrimonio y, por lo tanto, por eso no debía incluirlos en su declaración jurada. Pero lo que soslayó el exjugador en su defensa ante el Concejo es señalar que tiene créditos comunes a partir de los boletos de compraventa que tiene en su poder.

La cuestión no es menor en la función que Herrera desempeña. Porque es un funcionario público: por eso, con su omisión en la declaración jurada incurre en dos incumplimientos: por un lado de la ordenanza 747/98 y, además, del Código Penal Argentino que, en su artículo 248, establece el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.

La ordenanza municipal determina que el funcionario que falsee su declaración jurada puede ser removido por indignidad e irregularidad en el ejercicio de la función pública.

Pero, además, el hecho de que Herrera haya omitido consignar los departamentos valuados en 85 millones de pesos también extiende responsabilidades sobre otros organismos. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas está obligado a velar por el cumplimiento de la ordenanza.

Y también los concejales deben cumplir con la obligación de llevar adelante el proceso de remoción del funcionario ante el incumplimiento de sus obligaciones a la hora de declarar su patrimonio.

Herrera no tiene una obligación sólo formal de detallar sus bienes. Es un compromiso público y una herramienta que se le ofrece a la sociedad para que pueda ejercer el control sobre la evolución patrimonial de los funcionarios.

Hay una obligación normativa, que surge de la ordenanza pero, sobre todo, política. Herrera acusó de mala fe al diario por publicar que no incluyó en su declaración jurada los bienes que le compró a Márcico. En términos de buena fe, lo correcto hubiera sido que ante la sociedad el funcionario declarara correctamente sus bienes en vez de ensayar una respuesta endeble para justificar su incumplimiento.