Los menores de 16 años con delitos podrán estar hasta 6 meses en lugares especiales

El dato se desprende de la nueva Ley Penal Juvenil que pone el foco en los adolescentes de la llamada “puerta giratoria”.

Los que delinquen no irán a la cárcel pero quedarán “en resguardo institucional” en el ámbito del Complejo Esperanza.

“La ley sancionada establece un procedimiento penal juvenil y regula el proceso judicial para aquellos casos de delitos cometidos por adolescentes menores de 18 años de edad. Asimismo en uno de sus capítulos, se establece el abordaje para adolescentes no punibles, es decir, aquellos que al momento del hecho sean menores de 16 años de edad”, explicó ayer a Puntal la legisladora Julieta Rinaldi.

“En estos casos y siempre que haya elementos que acrediten su participación en el hecho y cuando se trate de delitos graves, taxativamente previstos en la ley, la Justicia puede disponer de manera excepcional y por un plazo de 3 meses, el que se puede prorrogar por única vez y por igual período, su resguardó institucional en un lugar”, sostuvo.

“En estos casos la ley dispone que deban permanecer en un espacio adecuado y preparado para tal fin. La ley aprobada establece garantías de debido proceso y medidas de reintegración social, tal como lo ordena la Constitución y las convenciones de aplicación en la materia”, indicó.

Por su parte, el legislador Matías Chamorro aseguró ayer a Puntal que se trata de “herramientas concretas para menores no punibles (menores de 16 años) que hasta ahora, cuando cometían un delito, no existía un mecanismo claro para intervenir y protegerlos y, con esta reforma, se establece un régimen especial que permitirá su integración y acompañamiento”.

“Se reemplaza una vieja ley de la dictadura militar, estableciendo un marco más justo y adaptado a la actualidad. La modificación busca proteger los derechos de la infancia, pero también dotar al Estado provincial y a la Justicia de herramientas efectivas para intervenir en estos casos”, añadió.

“No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sino de establecer procedimientos adecuados para los menores”.

“No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sino de establecer procedimientos adecuados para el tratamiento de menores en conflicto con la ley”, especificó.

Además, “define cómo debe llevarse adelante el proceso judicial de jóvenes en conflicto con la ley penal y qué medidas y recursos pueden aplicarse para garantizar un abordaje adecuado”.

“Para menores no punibles que presenten situaciones de alta complejidad, se prevé un alojamiento especial transitorio con un plazo inicial de 3 meses, prorrogable por otros 3 meses. Durante este período, habrá un seguimiento judicial y del Poder Ejecutivo para garantizar una correcta intervención”, finalizó Chamorro.