El Municipio lanzará un plan para regularizar ocupaciones indebidas
El Ejecutivo envió un proyecto al Concejo Deliberante por el que pretende poner en funcionamiento un Régimen Temporario de Regularización de Ocupación Indebida y Uso del Espacio Público (en sus múltiples variantes), con el objetivo de ordenar los casos en los que privados, de manera anómala, han construido o extendido el perímetro de sus propiedades sobre sitios que le pertenecen al Estado municipal.
En principio, se apunta a aquellos que han tomado pequeñas porciones de lotes comunales, como plazoletas, calles o terrenos, y no a los vecinos que están radicados en los grandes asentamientos existentes en la ciudad, debido a que, en algunos casos, las tierras en cuestión son de la Provincia o de la Nación.
Actualmente, hay muchas personas que, por distintos motivos, han ocupado espacios públicos y que buscan regularizar la situación. Sin embargo, esa posibilidad hoy no está contemplada, por lo que el gobierno de Llamosas impulsa un plan temporario (para no fomentar más ocupaciones), que durará 60 días corridos con la posibilidad de instrumentar una prórroga por otros dos meses, para que se pueda llegar a un acuerdo.
El proyecto establece que, una vez que el privado manifieste la voluntad de adherirse al régimen, la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Municipal de Planificación Urbana (Impurc) emitirán un informe de factibilidad de acuerdo al caso planteado, para lo cual, se tendrán en cuenta aspectos como la continuidad de la trama urbana, el espacio público, el espacio verde, los escurrimientos pluviales, las obras de infraestructura, la transitabilidad y la movilidad.
Si el dictamen es favorable para avanzar sobre el convenio, se le solicitará al Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba una tasación de la tierra sujeta a regularización. Si el privado acepta, se procederá a la firma del contrato con el Municipio.
El pago deberá afrontarse de contado, en un plan de pagos de no más de 24 cuotas o mediante un canje de tierras.
Asimismo, se estableció que los recursos que surjan de la aplicación del régimen serán destinados al Fondo de Obras Públicas (FOP).
Finalmente, vale decir que, para aquellos que hoy están ocupando indebidamente el espacio público y no se adhieran al régimen, el Estado arbitrará los medios legales correspondientes a los fines de regularizar la situación constatada, corriendo a cargo del infractor los gastos que haya que afrontar para cumplir con el objetivo mencionado.