Polémica: el oficialismo aprobará el uso de cámaras para labrar multas

El oficialismo aprobará hoy en el Concejo Deliberante el proyecto por el que se utilizarán las cámaras de seguridad para establecer multas por infracciones de tránsito y ambientales. Al mismo tiempo, se votará un convenio con la Provincia por el desembarco de 314 nuevas unidades de vigilancia, de las cuales 30 serán abonadas por el Municipio a través de la coparticipación. Ambos ejes han cosechado el rechazado de la oposición, ya que tanto el bloque de Juntos por Río Cuarto como el de Política Abierta han anticipado que no acompañarán a Hacemos por Córdoba al momento de sancionar el expediente.

En conferencia de prensa, los ediles de la primera minoría, Marcos Curletto, Gonzalo Parodi y Pablo Benítez, cuestionaron ayer que el Gobierno de Llamosas haya decidido avanzar con un acuerdo por el que se pagarán más de $ 1,8 millones por cada dispositivo de control y dijeron que, más que brindar seguridad, busca “recaudar”.

“El Municipio comprará 30 cámaras y desembolsará un total de $ 55 millones a través de 6 cuotas. Es por las cámaras, la instalación y el software para que funcionen. Nos llama mucho la atención que se presentó una única empresa a cotizar por un valor de $ 5.225 millones para adquirir un total de 2.761 cámaras para toda la provincia. Hemos consultado con proveedores locales y nos dicen que se pueden incorporar cámaras por un valor mucho más bajo (80% menos) al fijado por la empresa. Nos parece que es poco transparente contratar de manera directa como se está haciendo, sin abrir el juego a empresas locales”, sostuvo Curletto.

Por su parte, el concejal Benítez señaló que no hay información respecto a cómo se va a desarrollar el monitoreo de las nuevas cámaras y consideró que el objetivo principal de la incorporación de los dispositivos pasa por lo recaudatorio.

“Lo que se quiere es recaudar más a través de las multas y no proteger a los ciudadanos. Nos informaron que vienen más cámaras, algo con lo que estamos de acuerdo, pero no avalamos la sorpresa para los vecinos que tiene que ver con su utilización para hacer multas”, indicó Benítez.

“Hace cinco años que existe la central de monitoreo del Municipio y no sabemos cuántos hechos se han esclarecido. Por otro lado, sabemos que hoy hay dificultades para monitorear las 100 cámaras existentes, por lo que no sabemos cómo se van a seguir las más de 400 que se prometen. No hay datos, no hay información”, agregó.

La respuesta de Bressan

Luego de las críticas de la oposición, el secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressan, remarcó que la llegada de más dispositivos de control es un reclamo de los vecinos, al tiempo que justificó el costo de los domos.

“Estamos articulando con la Provincia y coadyuvando en materia de seguridad, que es un reclamo generalizado de los vecinos. El gobernador, siguiendo los estándares internacionales que marcan que cada 10 mil habitantes tiene que haber dos cámaras, anunció para Río Cuarto la llegada de 314 unidades. De ese total, el Municipio colaborará con el costo de 30. Estamos hablando de un proceso licitatorio de carácter internacional. Son domos de primera generación que no se fabrican en la Argentina y tienen un alcance de 400 metros”, explicó Bressan.

A todo esto, ratificó que, como alternativa anexa, las cámaras se utilizarán para “el reordenamiento del tránsito y para cuestiones ambientales”.

“A la oposición le compete apoyar este tipo de iniciativas, que es lo que la gente está necesitando”, añadió Bressan.

Finalmente, el funcionario dijo que cada uno de los agentes que trabajan en la central pueden monitorear hasta 15 cámaras en simultáneo, por lo que, una vez instaladas todas las unidades, se requerirán 100 personas, por lo que se espera una reasignación de la planta ya existente.