En medio de la prohibición vigente para abrir nuevos supermercados, los concejales comenzaron a debatir desde hoy el proyecto de ordenanza presentado por la edil Andrea Petrone, de Unión por Córdoba, orientado a dar un marco regulatorio a la instalación de nuevas superficies comerciales.
La reunión se extendió hasta minutos antes del mediodía y contó con la presencia de representantes del Cecis y de la Cámara de Almaceneros.
El proyecto
La iniciativa en cuestión abarca a los minimercados, autorservicios y supermercados, y establece una serie de requisitos para su correspondiente habilitación.
A modo de precisar la diferenciación entre un rubro y el otro, el texto del expediente fija como supermercado a un local con una superficie entre 300 y 1.000 metros cuadrados, como autoservicio a un local de entre 100 y 300 metros cuadrados y como minimercado a un local de entre 60 y 100 metros cuadrados.
Para ser habilitados, el proyecto prevé que los interesados cumplan con una serie de requisitos como: libre de deuda de impuestos municipales y aportes de seguridad social; mencionar las características del establecimiento comercial proyectado; fijar las características de la oferta y demanda comercial prevista, las estimaciones del empleo a generar y sobre la facturación y cuota de mercado para la instalación del nuevo equipamiento; sumar el presupuesto detallado de la inversión; adjuntar el informe de prefactibilidad de emplazamiento; implementar baños para ambos sexos con accesos, medios de circulación e instalaciones sanitarias adecuadas para personas con discapacidad; entre otros requerimientos.
En relación con el mencionado informe de prefactibilidad, el comerciante deberá consignar un análisis del impacto socioeconómico y ambiental.
Allí deberá incluirse: la composición y especialidad de los rubros a instalar; si su implantación está concebida para promover un equilibrio funcional entre la periferia y los centros comerciales existentes; la influencia sobre los niveles de precios y de prestación de servicios al consumidor de la zona; la accesibilidad del establecimiento en relación con los diferentes medios de transporte públicos; los efectos sobre los hábitos de consumo y necesidades de compra por parte de los potenciales consumidores; el nivel de empleo y estabilidad de los puestos de trabajo ofrecidos; la remuneración y posibilidades de promoción laboral; y la incidencia sobre el consumo existente.
En su artículo 5, el proyecto define a la Secretaría de Gobierno de Mauricio Dova como la autoridad de aplicación y el organismo encargado de controlar. Será, además, responsable de conceder o denegar las autorizaciones.
Otro de los puntos interesantes del expediente es el que hace referencia a la cantidad de empleados que deberá acreditar cada superficie comercial que vaya a abrirse: 5 trabajadores en el caso de los supermercados, 2 si se trata de autoservicios y uno si se habla de minimercados.
La propuesta prohíbe que en los establecimientos comerciales sean utilizados como dormitorio o vivienda, la instalación de altillos o divisiones de madera, la tenencia de animales domésticos, la colocación de cocinas en sótanos o subsuelos y el depósito de mercadería en pasillos de circulación.
Finalmente, también se fijan las distancias mínimas que tiene que haber entre los establecimientos comerciales: un supermercado deberá instalarse a no menos de 500 metros de otros, un autoservicio a no menos de 300 metros y un minimercado a no menos de 200 metros de otro.
El proyecto
La iniciativa en cuestión abarca a los minimercados, autorservicios y supermercados, y establece una serie de requisitos para su correspondiente habilitación.
A modo de precisar la diferenciación entre un rubro y el otro, el texto del expediente fija como supermercado a un local con una superficie entre 300 y 1.000 metros cuadrados, como autoservicio a un local de entre 100 y 300 metros cuadrados y como minimercado a un local de entre 60 y 100 metros cuadrados.
En relación con el mencionado informe de prefactibilidad, el comerciante deberá consignar un análisis del impacto socioeconómico y ambiental.
Allí deberá incluirse: la composición y especialidad de los rubros a instalar; si su implantación está concebida para promover un equilibrio funcional entre la periferia y los centros comerciales existentes; la influencia sobre los niveles de precios y de prestación de servicios al consumidor de la zona; la accesibilidad del establecimiento en relación con los diferentes medios de transporte públicos; los efectos sobre los hábitos de consumo y necesidades de compra por parte de los potenciales consumidores; el nivel de empleo y estabilidad de los puestos de trabajo ofrecidos; la remuneración y posibilidades de promoción laboral; y la incidencia sobre el consumo existente.
En su artículo 5, el proyecto define a la Secretaría de Gobierno de Mauricio Dova como la autoridad de aplicación y el organismo encargado de controlar. Será, además, responsable de conceder o denegar las autorizaciones.
Otro de los puntos interesantes del expediente es el que hace referencia a la cantidad de empleados que deberá acreditar cada superficie comercial que vaya a abrirse: 5 trabajadores en el caso de los supermercados, 2 si se trata de autoservicios y uno si se habla de minimercados.
La propuesta prohíbe que en los establecimientos comerciales sean utilizados como dormitorio o vivienda, la instalación de altillos o divisiones de madera, la tenencia de animales domésticos, la colocación de cocinas en sótanos o subsuelos y el depósito de mercadería en pasillos de circulación.
Finalmente, también se fijan las distancias mínimas que tiene que haber entre los establecimientos comerciales: un supermercado deberá instalarse a no menos de 500 metros de otros, un autoservicio a no menos de 300 metros y un minimercado a no menos de 200 metros de otro.
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