Ordenan al Municipio indemnizar a dos contratados despedidos en 2016
Son sentencias de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso de Segunda Nominación. Los fallos fueron apelados por el gobierno de Llamosas y ahora resolverá el Tribunal Superior de Justicia
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso de Segunda Nominación ordenó al Municipio de Río Cuarto indemnizar a dos contratados que quedaron sin trabajo cuando Juan Manuel Llamosas asumió como intendente, allá por el 2016. Si bien son dos fallos distintos, en ambos casos se hace mención a que los trabajadores tienen derecho a cobrar una compensación económica por la no renovación de su vinculación con el Estado.
Las sentencias fueron apeladas por el gobierno local y ahora será el Tribunal Superior de Justicia el que rectifique o ratifique las definiciones de la Cámara mencionada anteriormente.
Gonzalo Birri, el abogado de los contratados despedidos, explicó a Puntal que el Municipio tiene derecho a no renovar los acuerdos laborales, pero señaló que no puede dejar de indemnizar a las personas por los servicios prestados.
“Las causas se originaron después de que el intendente Llamosas decidiera no darles continuidad a unos 200 contratados. Como los trabajadores fueron despedidos de un día para el otro sin que se les reconociera el pago de algún tipo de indemnización por el despido incausado y por la cantidad de años que trabajaron de manera continua e ininterrumpida para el Municipio, la Justicia entiende que tiene que haber una indemnización”, sostuvo Birri.
“En los fallos, la Cámara determinó que la Municipalidad puede interrumpir los contratos que unía a los trabajadores con el Estado, pero aclaró que a los dependientes les correspondía una indemnización por la antigüedad, al igual que a cualquier otro trabajador del ámbito privado que es despedido sin causa y de manera arbitraria”, agregó el abogado.
-Como usted dijo, son cerca de 200 las personas que fueron desvinculadas del Municipio al asumir Llamosas, ¿puede que haya nuevas sentencias similares?
-Nosotros hicimos presentaciones por 10 trabajadores. Entendemos que el resto de las causas iniciadas, que no sabemos cuántas son, tendrán la misma resolución. Asimismo, es importante decir que aquellos empleados que fueron desvinculados y que aún no han reclamado todavía están a tiempo de hacerlo.
-¿Qué creen que pasará en el Tribunal Superior de Justicia?
-La Municipalidad ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. Pese a eso, nosotros somos optimistas. Entendemos que esta vía va a ratificar los fallos dictados en primera instancia por la Cámara de Apelaciones.
-¿Hay antecedentes en la provincia, teniendo en cuenta que muchos municipios y la propia Provincia han recurrido al mismo sistema de contratación?
-Sí, ya hay jurisprudencia, no sólo con relación a la Provincia, también con respecto a varias localidades. La Justicia reconoce la cantidad de años de servicio que los trabajadores han prestado al Estado.
-¿Cuál es el tiempo mínimo de contratación por el que un trabajador puede reclamar?
-Se pide un año de antigüedad, mínimamente. No hay jurisprudencia clara, pero se entiende que a partir del año trabajado hay una expectativa de permanencia en el puesto por parte del trabajador. Las sentencias que tenemos hasta ahora son de octubre de 2018 y de febrero de 2019.
-Hay mucha expectativa por parte de los trabajadores que fueron a la Justicia, ¿cree que los fallos que se conocieron hasta el momento son reconfortantes para los demandantes?
-Es ni más ni menos que una compensación. El Municipio determinó no reincorporar a los trabajadores cesanteados y no les dio ningún tipo de compensación por los servicios prestados de manera continua e ininterrumpida. Estamos hablando de trabajadores que tenían una vinculación con el Estado similar a los de planta permanente. Ellos tenían recibo de sueldo, se les aplicaban los descuentos de ley, cobraban aguinaldo y vacaciones. La expectativa de los demandantes era seguir trabajando para el Municipio. Como eso no se logró, la compensación económica es algo positivo.
Un conflicto que duró varios meses
A poco de asumir como jefe comunal en 2016, Juan Manuel Llamosas procedió a dar de baja a unos 200 contratados que venían trabajando para el Estado desde hacía varios años, tras ser incorporados por las gestiones radicales.
La decisión del nuevo intendente derivó en innumerables protestas en reclamo por las reincorporaciones. Sin embargo, no hubo marcha atrás. Tras lo cual, varios de los cesanteados recurrieron a la Justicia.
Las sentencias fueron apeladas por el gobierno local y ahora será el Tribunal Superior de Justicia el que rectifique o ratifique las definiciones de la Cámara mencionada anteriormente.
Gonzalo Birri, el abogado de los contratados despedidos, explicó a Puntal que el Municipio tiene derecho a no renovar los acuerdos laborales, pero señaló que no puede dejar de indemnizar a las personas por los servicios prestados.
“Las causas se originaron después de que el intendente Llamosas decidiera no darles continuidad a unos 200 contratados. Como los trabajadores fueron despedidos de un día para el otro sin que se les reconociera el pago de algún tipo de indemnización por el despido incausado y por la cantidad de años que trabajaron de manera continua e ininterrumpida para el Municipio, la Justicia entiende que tiene que haber una indemnización”, sostuvo Birri.
“En los fallos, la Cámara determinó que la Municipalidad puede interrumpir los contratos que unía a los trabajadores con el Estado, pero aclaró que a los dependientes les correspondía una indemnización por la antigüedad, al igual que a cualquier otro trabajador del ámbito privado que es despedido sin causa y de manera arbitraria”, agregó el abogado.
-Como usted dijo, son cerca de 200 las personas que fueron desvinculadas del Municipio al asumir Llamosas, ¿puede que haya nuevas sentencias similares?
-Nosotros hicimos presentaciones por 10 trabajadores. Entendemos que el resto de las causas iniciadas, que no sabemos cuántas son, tendrán la misma resolución. Asimismo, es importante decir que aquellos empleados que fueron desvinculados y que aún no han reclamado todavía están a tiempo de hacerlo.
-¿Qué creen que pasará en el Tribunal Superior de Justicia?
-La Municipalidad ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. Pese a eso, nosotros somos optimistas. Entendemos que esta vía va a ratificar los fallos dictados en primera instancia por la Cámara de Apelaciones.
-¿Hay antecedentes en la provincia, teniendo en cuenta que muchos municipios y la propia Provincia han recurrido al mismo sistema de contratación?
-Sí, ya hay jurisprudencia, no sólo con relación a la Provincia, también con respecto a varias localidades. La Justicia reconoce la cantidad de años de servicio que los trabajadores han prestado al Estado.
-¿Cuál es el tiempo mínimo de contratación por el que un trabajador puede reclamar?
-Se pide un año de antigüedad, mínimamente. No hay jurisprudencia clara, pero se entiende que a partir del año trabajado hay una expectativa de permanencia en el puesto por parte del trabajador. Las sentencias que tenemos hasta ahora son de octubre de 2018 y de febrero de 2019.
-Hay mucha expectativa por parte de los trabajadores que fueron a la Justicia, ¿cree que los fallos que se conocieron hasta el momento son reconfortantes para los demandantes?
-Es ni más ni menos que una compensación. El Municipio determinó no reincorporar a los trabajadores cesanteados y no les dio ningún tipo de compensación por los servicios prestados de manera continua e ininterrumpida. Estamos hablando de trabajadores que tenían una vinculación con el Estado similar a los de planta permanente. Ellos tenían recibo de sueldo, se les aplicaban los descuentos de ley, cobraban aguinaldo y vacaciones. La expectativa de los demandantes era seguir trabajando para el Municipio. Como eso no se logró, la compensación económica es algo positivo.
Un conflicto que duró varios meses
A poco de asumir como jefe comunal en 2016, Juan Manuel Llamosas procedió a dar de baja a unos 200 contratados que venían trabajando para el Estado desde hacía varios años, tras ser incorporados por las gestiones radicales.
La decisión del nuevo intendente derivó en innumerables protestas en reclamo por las reincorporaciones. Sin embargo, no hubo marcha atrás. Tras lo cual, varios de los cesanteados recurrieron a la Justicia.