Desde distintos puntos de la ciudad avanzaron trabajadores y trabajadoras nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), las dos CTA, la CGT regional y decenas de sindicatos de todo el país. La consigna fue clara y unificadora: frenar una iniciativa que, según denunciaron, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales y consolida un modelo de ajuste sobre el empleo y la industria nacional.
La movilización fue la primera del año contra la reforma y dio inicio formal a un cronograma de acciones que continuará el martes próximo con una nueva marcha en Rosario y culminará el miércoles 11 de febrero, cuando el proyecto sea tratado en el Senado, con un paro nacional y movilización en todo el país. En Córdoba, las columnas confluyeron cerca del mediodía en la intersección de Boulevard Juan D. Perón y San Jerónimo, a pocos metros del Centro Cívico. No hubo presencia de autoridades provinciales ni municipales.
Uno de los datos más destacados de la jornada fue la fuerte presencia de la UOM. Desde su sede en barrio General Paz partió una de las columnas más numerosas, integrada no sólo por metalúrgicos cordobeses sino también por delegaciones llegadas desde distintos puntos del país: seccionales de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, además de trabajadores del sindicato de Aceiteros de Rosario. La imagen fue la de un sindicalismo que buscó mostrar volumen, federalismo y capacidad de organización.
El recorrido no estuvo exento de tensión. Cuando una de las columnas avanzaba por bulevar Guzmán, un vallado policial le impidió continuar el trayecto previsto. Allí se produjo un breve cruce con las fuerzas de seguridad y se escucharon algunos disparos de gases lacrimógenos, aunque la situación no pasó a mayores. La conducción sindical resolvió desviar la marcha e ingresar al acto central por calle San Jerónimo, evitando una escalada del conflicto.
El acto se desarrolló en un escenario móvil montado sobre la caja de un camión, un dispositivo habitual en este tipo de manifestaciones. Allí se leyó un documento consensuado por las centrales obreras y dirigido al gobernador Martín Llaryora. El texto expresó un “enérgico rechazo” al proyecto de reforma laboral y advirtió que, por la magnitud de los derechos que deroga, la extensión de los temas que abarca y la profundidad de los retrocesos que introduce, “sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976”.
El documento denunció además que la iniciativa no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con trabajadores, sino de negociaciones realizadas “a espaldas del pueblo trabajador”, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar votos legislativos por beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales.
Entre los puntos más cuestionados, las centrales obreras señalaron la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de los despidos con recursos del sistema de seguridad social, el ataque directo a los sindicatos y a la acción colectiva, la imposición de un techo salarial, la legalización de la precarización laboral y la pérdida de soberanía sobre el tiempo de trabajo. Según el texto, la reforma “no contiene ningún elemento que permita crear empleo ni mejorar la calidad del trabajo”, sino que responde a un modelo económico basado en salarios bajos y empleo precario.
Las declaraciones de los referentes sindicales reforzaron ese diagnóstico. Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que la movilización cordobesa “es el inicio de un plan de lucha que muestra que la clase trabajadora no se resigna”. “No vamos a permitir que Milei y los gobernadores entreguen derechos que hemos conquistado a lo largo de la historia, ni que sigan aplastando nuestro salario, despidiendo trabajadores todos los días o cerrando fábricas”, sostuvo.
Por su parte, la secretaria adjunta de la CTA y secretaria general del Cispren, Mariana Mandakovic, sostuvo que la reforma “no habla del salario, no habla de la salud ni de las necesidades reales de quienes trabajan”, y advirtió que las protestas continuarán en todas las provincias para que “los gobernadores entiendan que los derechos no se regalan”.
El cierre estuvo a cargo del secretario general de la UOM, Abel Furlán, quien apeló a la memoria histórica de Córdoba como territorio de resistencia obrera. Recordó el Cordobazo para subrayar que no es casual que el plan de lucha haya comenzado en esta provincia.
Mientras las columnas comenzaban a desconcentrarse y el calor seguía cayendo sobre el asfalto, la jornada dejó una definición clara desde la mirada sindical: la disputa por la reforma laboral recién empieza y la calle volvió a ser el escenario elegido para darla.
