Corrupción: la Corte dejó firmes condenas por venta fraudulenta de terrenos fiscales en Córdoba
La maniobra también involucró al ex intendente Diego Bechis y otros funcionarios
La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas contra un ex funcionario municipal y un abogado acusados de participar en una maniobra de venta fraudulenta de terrenos fiscales en la localidad cordobesa de Pilar.
El máximo tribunal desestimó por inadmisibles los recursos de queja presentados por las defensas de Pablo Iván Ghio y Cristian Julio Moyano, quienes junto al ex intendente Diego Alejandro Bechis y otros funcionarios municipales ya habían sido condenados en la causa.
La investigación se centró en la cesión de derechos sobre dos terrenos fiscales ubicados a orillas del río Xanaes, equivalentes a unas once hectáreas pertenecientes a la Municipalidad de Pilar, en la provincia de Córdoba. Según el expediente, la transferencia se realizó a un precio considerado vil, sin concurso de precios ni licitación pública, y los predios terminaron en manos de una persona sindicada como presunto testaferro de Ghio.
Ghio, que se desempeñaba como director de Juventud y Deporte y además era empresario del rubro de fiestas y eventos, habría sido el beneficiario de la maniobra. Según la acusación, Bechis, Ghio y Moyano diseñaron el esquema para favorecer al entonces funcionario mediante la aprobación de ordenanzas y decretos impulsados con el acompañamiento de concejales afines.
Tras el juicio oral y el rechazo de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, la Cámara 10ª del Crimen ordenó la ejecución de las condenas y dispuso detenciones. Bechis fue condenado a cinco años de prisión por “defraudación calificada por administración fraudulenta y abuso de autoridad”, mientras que Moyano y Ghio recibieron penas de cuatro años y nueve meses. Hubo además otros condenados en el expediente.
La resolución de la Corte Suprema, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme las sentencias dictadas en la causa, por lo que se mantiene la ejecución de las penas impuestas por la Cámara.