El oficialismo, dispuesto a debatir una ley del arrepentido en Córdoba
Existe un proyecto ingresado a la Legislatura por el radical Javier Bee Sellares. Apunta a adherir a la legislación nacional. Sin embargo, el PJ sólo avanzará si se introducen cambios que “corrijan excesos” de la ley vigente.
El oficialismo provincial está dispuesto a discutir en la Unicameral el proyecto que presentó Cambiemos para poner en marcha en Córdoba una ley del arrepentido para los casos de corrupción. Sin embargo, desde Unión por Córdoba destacan que el proyecto original, presentado por el radical Javier Bee Sellares, debería tener modificaciones para evitar que ocurra lo que pasó a nivel nacional, donde en la causa de los cuadernos se usó, según la visión del PJ, un instrumento legal para ejecutar una caza de brujas que se utilizó políticamente.
Si bien hay dudas de que la ley pueda salir en lo que queda del año, hay versiones que señalan que Unión por Córdoba podría dar un golpe de efecto en la última sesión de 2018 y aprobar una ley del arrepentido como muestra de voluntad en la lucha contra la corrupción.
“Sería una buena señal porque además demostraría que no importa qué partido la presentó si representa un avance. Pero hay que analizarlo en profundidad para no repetir los errores que quedaron claros en la ley nacional”, expresaron desde el Centro Cívico provincial.
El proyecto de Bee Sellares toma la ley nacional que se sancionó en 2017 después de que el exsecretario de Obras Públicas José López fuera encontrado con un bolso lleno de dólares en un convento.
La legislación federal invita a las provincias a adherir; sin embargo, el PJ se niega a una adhesión lisa y llana.
El proyecto determina, al igual que la ley nacional, que el Ministerio Público Fiscal estará facultado a firmar acuerdos de colaboración con personas que quieran adherir al régimen de imputado arrepentido. Puede hacerlo antes de que la causa se eleve a juicio o se cierre definitivamente la etapa de investigación.
La declaración del arrepentido debe, necesariamente, aportar datos, nombres o información de los involucrados en el delito, tanto de quienes están en mismo nivel de acción o de quienes son o fueron sus superiores.
Según el proyecto del legislador radical, quedarían excluidos del régimen los funcionarios y exfuncionarios que pueden estar sometidos a un juicio político; esto incluye gobernadores, vicegobernadores, ministros del Ejecutivo, los vocales de Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Cuentas, el fiscal de Estado, el fiscal general y el defensor del Pueblo de la Provincia.
Bee Sellares propone que se reforme el Código Procesal Penal de la Provincia.
Para que la Justicia otorgue el beneficio, el arrepentido tiene que aportar fehacientemente información probatoria de relevancia para que se pueda avanzar en la investigación de un delito o de una serie de delitos de corrupción.
Es clave que el juez pueda confirmar que la información es verídica. El premio establecido para quien aporta esos datos es que los arrepentidos no vayan a prisión durante el proceso investigativo o que reciban penas de menor gravedad a la hora de determinar las responsabilidades penales.
Si bien hay dudas de que la ley pueda salir en lo que queda del año, hay versiones que señalan que Unión por Córdoba podría dar un golpe de efecto en la última sesión de 2018 y aprobar una ley del arrepentido como muestra de voluntad en la lucha contra la corrupción.
“Sería una buena señal porque además demostraría que no importa qué partido la presentó si representa un avance. Pero hay que analizarlo en profundidad para no repetir los errores que quedaron claros en la ley nacional”, expresaron desde el Centro Cívico provincial.
El proyecto de Bee Sellares toma la ley nacional que se sancionó en 2017 después de que el exsecretario de Obras Públicas José López fuera encontrado con un bolso lleno de dólares en un convento.
La legislación federal invita a las provincias a adherir; sin embargo, el PJ se niega a una adhesión lisa y llana.
El proyecto determina, al igual que la ley nacional, que el Ministerio Público Fiscal estará facultado a firmar acuerdos de colaboración con personas que quieran adherir al régimen de imputado arrepentido. Puede hacerlo antes de que la causa se eleve a juicio o se cierre definitivamente la etapa de investigación.
La declaración del arrepentido debe, necesariamente, aportar datos, nombres o información de los involucrados en el delito, tanto de quienes están en mismo nivel de acción o de quienes son o fueron sus superiores.
Según el proyecto del legislador radical, quedarían excluidos del régimen los funcionarios y exfuncionarios que pueden estar sometidos a un juicio político; esto incluye gobernadores, vicegobernadores, ministros del Ejecutivo, los vocales de Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Cuentas, el fiscal de Estado, el fiscal general y el defensor del Pueblo de la Provincia.
Bee Sellares propone que se reforme el Código Procesal Penal de la Provincia.
Para que la Justicia otorgue el beneficio, el arrepentido tiene que aportar fehacientemente información probatoria de relevancia para que se pueda avanzar en la investigación de un delito o de una serie de delitos de corrupción.
Es clave que el juez pueda confirmar que la información es verídica. El premio establecido para quien aporta esos datos es que los arrepentidos no vayan a prisión durante el proceso investigativo o que reciban penas de menor gravedad a la hora de determinar las responsabilidades penales.