Los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli pidieron ayer la detención del empresario Paolo Rocca y del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, procesados por asociación ilícita en el marco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el presunto pago de sobornos en la obra pública.
Fuentes judiciales informaron a NA que los fiscales apelaron la decisión del juez federal Claudio Bonadio de haber procesado al empresario y al exfuncionario sin prisión preventiva y ahora definirá la Cámara Federal.
El pedido de los fiscales también abarca al exsecretario de Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, y a los empresarios Alberto Padoan (titular de la Bolsa de Comercio de Rosario con licencia) y Rubén Aranda: según argumentaron Rivolo y Stornelli, estos procesamientos sin prisión preventiva carecen de fundamentos.
Igual que el resto de los imputados
"En lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos, ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva", advirtieron los fiscales en su pronunciamiento.
Esta apelación no será resuelta por Bonadio sino por la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en la causa de los cuadernos y está integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Rocca había apelado su procesamiento como miembro de una "asociación ilícita" en la causa sobre el presunto pago de coimas en la obra pública y recibió además el apoyo de las principales empresas del grupo Techint para continuar en el cargo como presidente de Tenaris y Ternium.
El procesamiento de Rocca se basa en el presunto pago de sobornos por parte de un ejecutivo de Techint a funcionarios kirchneristas: sin embargo, en su declaración indagatoria el 3 de octubre pasado, Rocca había asegurado que no estaba al tanto de los pagos indebidos que admitió haber hecho al gobierno anterior el ejecutivo del grupo Luis Betnaza, que reconoció ante la Justicia haber hecho pagos ilegales a la administración kirchnerista en 2008. Además aseguró que mantuvo "varias reuniones" con Cristina Kirchner para solicitarle "al gobierno argentino que intercediera" como mediador ante el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por "el peligro de nacionalización" de una de las firmas que el holding liderado por Rocca tenía en ese país.
Aportes voluntarios a la campaña
Abal Medina, por su parte, había reconocido en Comodoro Py que instruyó a su secretario a recibir dinero en negro de empresarios que creía aportaban para la campaña del FPV por propia voluntad.
El exjefe de Gabinete aparece nombrado en los escritos de Centeno y, de acuerdo con los cuadernos, el 5 de septiembre de 2013 su secretario Larraburu habría recibido dinero de manos del empresario arrepentido Juan Carlos de Goycoechea -exdirectivo de la española Isolux- y luego se lo habría entregado a su jefe.
Larraburu habría señalado que el receptor final de la plata era Juan Carlos "Chueco" Mazzón, ya fallecido, que se ocupaba de repartirla: consultado sobre los destinatarios de los fondos, mencionó a los dirigentes camporistas José Ottavis y Andrés "Cuervo" Larroque entre los dirigentes que manejaron ese dinero de la obra pública para hacer proselitismo.
El pedido de los fiscales también abarca al exsecretario de Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, y a los empresarios Alberto Padoan (titular de la Bolsa de Comercio de Rosario con licencia) y Rubén Aranda: según argumentaron Rivolo y Stornelli, estos procesamientos sin prisión preventiva carecen de fundamentos.
Igual que el resto de los imputados
"En lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos, ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva", advirtieron los fiscales en su pronunciamiento.
Esta apelación no será resuelta por Bonadio sino por la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en la causa de los cuadernos y está integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Rocca había apelado su procesamiento como miembro de una "asociación ilícita" en la causa sobre el presunto pago de coimas en la obra pública y recibió además el apoyo de las principales empresas del grupo Techint para continuar en el cargo como presidente de Tenaris y Ternium.
El procesamiento de Rocca se basa en el presunto pago de sobornos por parte de un ejecutivo de Techint a funcionarios kirchneristas: sin embargo, en su declaración indagatoria el 3 de octubre pasado, Rocca había asegurado que no estaba al tanto de los pagos indebidos que admitió haber hecho al gobierno anterior el ejecutivo del grupo Luis Betnaza, que reconoció ante la Justicia haber hecho pagos ilegales a la administración kirchnerista en 2008. Además aseguró que mantuvo "varias reuniones" con Cristina Kirchner para solicitarle "al gobierno argentino que intercediera" como mediador ante el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por "el peligro de nacionalización" de una de las firmas que el holding liderado por Rocca tenía en ese país.
Aportes voluntarios a la campaña
Abal Medina, por su parte, había reconocido en Comodoro Py que instruyó a su secretario a recibir dinero en negro de empresarios que creía aportaban para la campaña del FPV por propia voluntad.
El exjefe de Gabinete aparece nombrado en los escritos de Centeno y, de acuerdo con los cuadernos, el 5 de septiembre de 2013 su secretario Larraburu habría recibido dinero de manos del empresario arrepentido Juan Carlos de Goycoechea -exdirectivo de la española Isolux- y luego se lo habría entregado a su jefe.
Larraburu habría señalado que el receptor final de la plata era Juan Carlos "Chueco" Mazzón, ya fallecido, que se ocupaba de repartirla: consultado sobre los destinatarios de los fondos, mencionó a los dirigentes camporistas José Ottavis y Andrés "Cuervo" Larroque entre los dirigentes que manejaron ese dinero de la obra pública para hacer proselitismo.
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