Los bienes secuestrados por corrupción serán para entidades de bien público
Así lo estableció una acordada de la Corte Suprema de Justicia. "La recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo debe beneficiar a toda la sociedad", señalaron.
La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer a través de una acordada que los bienes secuestrados en casos de corrupción y narcotráfico, entre otros, sean asignados a entidades con fines de interés público.
En la acordada, los jueces del máximo tribunal señalaron que "la recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo debe beneficiar directamente a toda la sociedad".
"De ahí la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de los bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de ellos", subrayó.
Al justificar la medida, los magistrados sostuvieron que en las causas penales es frecuente que se disponga de bienes de cualquier naturaleza que, por distintos motivos, no pueden ser entregados a sus dueños y que, para el tribunal, es "imperioso asegurar su conservación y preservar su valor económico durante el proceso".
"La Corte sostiene que la custodia y mantenimiento de esos bienes requieren la adopción de medidas que implican, en definitiva, erogaciones públicas", indicó la acordada y sostuvo que "resulta de toda justicia asignarles a estos bienes una finalidad de utilidad pública".
Finalmente, precisaron que "se publicarán los datos de los bienes que se encuentren a disposición de la Corte para proceder a su asignación".
En la acordada, los jueces del máximo tribunal señalaron que "la recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo debe beneficiar directamente a toda la sociedad".
"De ahí la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de los bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de ellos", subrayó.
Al justificar la medida, los magistrados sostuvieron que en las causas penales es frecuente que se disponga de bienes de cualquier naturaleza que, por distintos motivos, no pueden ser entregados a sus dueños y que, para el tribunal, es "imperioso asegurar su conservación y preservar su valor económico durante el proceso".
"La Corte sostiene que la custodia y mantenimiento de esos bienes requieren la adopción de medidas que implican, en definitiva, erogaciones públicas", indicó la acordada y sostuvo que "resulta de toda justicia asignarles a estos bienes una finalidad de utilidad pública".
Finalmente, precisaron que "se publicarán los datos de los bienes que se encuentren a disposición de la Corte para proceder a su asignación".