El caso tuvo origen en la situación de una mujer que denunció que la cuota de su plan de salud aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según su planteo, de haberse aplicado una resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.
La causa llegó al máximo tribunal a través de los recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga involucrada como por el Estado Nacional. El fallo lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Qué resolvió la Corte
El tribunal mantuvo la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos del DNU, pero revocó la parte de la sentencia de la cámara que ordenaba a la prepaga limitar los aumentos al porcentaje que arrojara el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Como consecuencia del fallo, la Superintendencia de Salud deberá reasumir sus competencias en materia de revisión de los valores de las cuotas y sus modificaciones. También deberá fiscalizar y garantizar que los aumentos sean razonables, con la exigencia de que estén fundados en variaciones en la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos.
Los fundamentos del fallo
En su resolución, la Corte recordó que las facultades legislativas del Poder Ejecutivo son de carácter excepcional. Señaló que en este caso los considerandos del decreto no incluyen una justificación mínima de las razones o circunstancias de excepción que motivaron los cambios al sistema.
Para el tribunal, no resulta suficiente la mera afirmación de que existe una crisis del sistema de salud que exige aumentar la competitividad y liberar las restricciones de precios. Esas consideraciones genéricas, según el fallo, no demuestran la existencia de una situación de urgencia tal que requiera una respuesta inmediata en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley.
Además, la Corte sostuvo que tampoco se acreditó una relación concreta entre la emergencia económica y social invocada por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación.