Según las resoluciones que llegaron al Tribunal de Cuentas y que estaban listas para ser aprobadas por la mayoría oficialista, la cuenta mensual para recolectar los residuos pasará desde ahora a ser de 57.008.835 pesos. Hasta junio ese monto fue de 48.522.044 pesos.
Las resoluciones que envió la Secretaría de Economía -una se refiere al servicio de recolección y barrido y otra al tratamiento y la disposición final- son, además, retroactivas a julio y agosto. Por esos meses en que abonó un canon menor al que correspondía, el Municipio tendrá que pagar un retroactivo de 15.765.278 pesos para el caso de la recolección y de 1.208.305 pesos para la disposición final. En total, el gobierno deberá afrontar 16.973.583 pesos sólo en concepto de retroactivo.
La porción
Pero, más allá de ese retroactivo, la obligación por afrontar de ahora en más será sumamente ardua. Hay que considerar que los 57 millones de pesos que insumirá Cotreco cada 30 días representan más del 22 por ciento de los gastos corrientes de toda la Municipalidad. Ese porcentaje ha ido creciendo en los últimos años, fundamentalmente porque el costo de servicios como la higiene urbana y el alumbrado corren al ritmo de la inflación mientras que el resto de los gastos están contenidos.
Según las resoluciones que Economía envió al Tribunal de Cuentas, el principal componente del contrato de Cotreco -la recolección de residuos- tendrá un reacomodamiento del 17,70 por ciento, lo que llevará la cifra a 52.422.859 pesos, una diferencia de casi 7,9 millones con respecto al canon anterior al ajuste.
Por otra parte, el segundo ítem del contrato, que contempla no sólo la disposición final en el enterramiento sino la construcción de una planta de reciclaje, llegará a 4.585.976 pesos, lo que implica un incremento del 15,17 por ciento con respecto al monto anterior. En este aspecto, la suba es de 604.152 pesos.
En total, el ajuste orilla los 8,5 millones de pesos mensuales, lo que significará para la Municipalidad una complicación adicional en un contexto de dificultades económico-financieras crecientes.
El pedido que había realizado la empresa se ubicaba en el 19 por ciento. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Llamosas revisó el número a la baja, aunque no demasiado.
Las justificaciones principales de Cotreco pasaron por la suba de costos fijos que se produjo por motivo de la inflación, que se realimentó en los últimos meses y fundamentalmente durante agosto. En ese marco, además, desde julio comenzó a regir el acuerdo salarial con el gremio de los recolectores de residuos (Surrbac), que consiguió un aumento anual del 46 por ciento. Sólo el impacto de la paritaria justificaba, según indicaron en la empresa, un incremento del canon riocuartense en un 12 por ciento.
El nuevo contrato de Cotreco, después de regularizar su situación en la ciudad con una licitación, arrancó en julio de 2017 con una cifra global de 26,3 millones de pesos mensuales. Es decir, en poco más de dos años, la cifra creció en más de 30,7 millones de pesos.
En ese tiempo, la empresa entró en una compleja crisis financiera, que derivó en la apertura del concurso preventivo de acreedores, en el que todavía está inmersa. En los últimos días, la situación pública tuvo todavía otro episodio, que se sumó a la emisión multimillonaria de cheques sin fondos.
La semana pasada, la Afip realizó allanamientos con 60 agentes en tres sedes administrativas de Cotreco: en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En el comunicado oficial que emitió, el organismo nacional señaló que investiga una supuesta evasión de 186 millones de pesos por aportes a la Seguridad Social que no fueron depositados. La sospecha es que Cotreco usaba fideicomisos para derivar sus cobranzas y evitar así el pago de obligaciones.
Marcos Jure. Redacción Puntal
