Río Cuarto
Cotreco: libran oficios al Municipio, que debe resolver si el convenio se cae
La empresa había solicitado que se habilitara la continuidad de los contratos para mantener sus ingresos y así encaminar el proceso del concurso que se abrió el 20 de diciembre. El gobierno local esperaba la notificación
La empresa de higiene urbana Cotreco había solicitado al juzgado de feria interviniente en el concurso preventivo abierto el 20 de diciembre que le habilitara la continuidad de los contratos para poder sostener sus ingresos y evitar un proceso de liquidación.
La jueza de feria, Paula María Hualde, había dejado para que el magistrado titular del expediente resolviera sobre el fondo de esa cuestión, pero mientras tanto permitió que la concursada pueda seguir prestando el servicio, siempre a condición de que el Municipio no resuelva lo contrario y se abra una instancia de discusión legal al respecto.
Ayer la magistrada resolvió además librar los oficios correspondientes a las municipalidades de Río Cuarto y Córdoba en ese sentido, algo que el gobierno local esperaba a modo de notificación oficial del proceso que Cotreco había iniciado con su presentación el 18 de diciembre, al filo de iniciarse la feria en los Tribunales.
Cuando llegue formalmente esa comunicación de la magistrada, el Municipio estará en condiciones de resolver sobre el futuro del contrato con la empresa. En ese punto hay diferencias de interpretación. Hay quienes sugieren que irremediablemente la Municipalidad deberá dar por extinguido el vínculo de acuerdo a lo dispuesto por el contrato que firmaron a mediados de 2017 como consecuencia del proceso licitatorio abierto en la gestión de Juan Manuel Llamosas.
Allí se establece con claridad en el apartado 9 del artículo 32 que es causa de rescisión “cuando la contratista se declare en quiebra o solicite la convocatoria de sus acreedores”. Y en el 10, cuando refiere que, “en caso de inhibición a la contratista o embargo sobre bienes o créditos afectados o provenientes del servicio contratado, se lo intimará a levantarlos en el plazo de 15 días, procediendo la rescisión en caso de que así no lo hiciera o cuando el contratista no diera garantías suficientes de la continuidad y regularidad del servicio público contratado”.
Anoche, en el Palacio de Mójica explicaban que, “con la comunicación de la jueza, el Municipio tendrá un plazo de 30 días judiciales para tomar una decisión”. Como el proceso de Cotreco se abrió el 20 de diciembre, se acumularon allí apenas 5 días antes del inicio del receso en Tribunales. La cuenta se retomará el 1° de febrero y, por lo tanto, el plazo finalizaría el lunes 11 de marzo. En días corridos, el gobierno tiene más de dos meses para resolver, si quisiera tomarse el máximo permitido.
“Las decisiones deben ser bien trabajadas y en eso estamos, porque no hay que olvidar que tenemos un servicio esencial de un lado y el contrato más oneroso por el otro”, remarcaron.
Ayer, consultado por este diario, el abogado especialista en Derecho Administrativo Alberto Fernández aseguró que “no hay demasiado margen para las interpretaciones. El Municipio tiene firmado un contrato por el cual se estableció que hay una causal de rescisión si la empresa se presenta en concurso, y esto es lo que ocurrió”. Y, además, desestimó la posibilidad de que el juez interviniente pueda “obligar al gobierno local a continuar con el contrato en caso de que este lo vea inconveniente”. Por otra parte, Fernández indicó que “el Derecho Administrativo brinda las herramientas necesarias en estos casos para que el Estado actúe”.
Lo cierto es, que mientras tanto, el servicio en la ciudad se sigue prestando tal como venía ocurriendo con anterioridad. “Estamos monitoreando porque lo primero es que no haya interrupciones”, explicaron desde el gobierno.
La jueza de feria, Paula María Hualde, había dejado para que el magistrado titular del expediente resolviera sobre el fondo de esa cuestión, pero mientras tanto permitió que la concursada pueda seguir prestando el servicio, siempre a condición de que el Municipio no resuelva lo contrario y se abra una instancia de discusión legal al respecto.
Ayer la magistrada resolvió además librar los oficios correspondientes a las municipalidades de Río Cuarto y Córdoba en ese sentido, algo que el gobierno local esperaba a modo de notificación oficial del proceso que Cotreco había iniciado con su presentación el 18 de diciembre, al filo de iniciarse la feria en los Tribunales.
Cuando llegue formalmente esa comunicación de la magistrada, el Municipio estará en condiciones de resolver sobre el futuro del contrato con la empresa. En ese punto hay diferencias de interpretación. Hay quienes sugieren que irremediablemente la Municipalidad deberá dar por extinguido el vínculo de acuerdo a lo dispuesto por el contrato que firmaron a mediados de 2017 como consecuencia del proceso licitatorio abierto en la gestión de Juan Manuel Llamosas.
Allí se establece con claridad en el apartado 9 del artículo 32 que es causa de rescisión “cuando la contratista se declare en quiebra o solicite la convocatoria de sus acreedores”. Y en el 10, cuando refiere que, “en caso de inhibición a la contratista o embargo sobre bienes o créditos afectados o provenientes del servicio contratado, se lo intimará a levantarlos en el plazo de 15 días, procediendo la rescisión en caso de que así no lo hiciera o cuando el contratista no diera garantías suficientes de la continuidad y regularidad del servicio público contratado”.
Anoche, en el Palacio de Mójica explicaban que, “con la comunicación de la jueza, el Municipio tendrá un plazo de 30 días judiciales para tomar una decisión”. Como el proceso de Cotreco se abrió el 20 de diciembre, se acumularon allí apenas 5 días antes del inicio del receso en Tribunales. La cuenta se retomará el 1° de febrero y, por lo tanto, el plazo finalizaría el lunes 11 de marzo. En días corridos, el gobierno tiene más de dos meses para resolver, si quisiera tomarse el máximo permitido.
“Las decisiones deben ser bien trabajadas y en eso estamos, porque no hay que olvidar que tenemos un servicio esencial de un lado y el contrato más oneroso por el otro”, remarcaron.
Ayer, consultado por este diario, el abogado especialista en Derecho Administrativo Alberto Fernández aseguró que “no hay demasiado margen para las interpretaciones. El Municipio tiene firmado un contrato por el cual se estableció que hay una causal de rescisión si la empresa se presenta en concurso, y esto es lo que ocurrió”. Y, además, desestimó la posibilidad de que el juez interviniente pueda “obligar al gobierno local a continuar con el contrato en caso de que este lo vea inconveniente”. Por otra parte, Fernández indicó que “el Derecho Administrativo brinda las herramientas necesarias en estos casos para que el Estado actúe”.
Lo cierto es, que mientras tanto, el servicio en la ciudad se sigue prestando tal como venía ocurriendo con anterioridad. “Estamos monitoreando porque lo primero es que no haya interrupciones”, explicaron desde el gobierno.