La concesionaria, que en 2018 se presentó en concurso preventivo, viene reclamándole a la capital provincial el pago de más de 2.000 millones de pesos. En los últimos días, la Justicia le dio la derecha y rechazó que las cuentas municipales sean inembargables y, a la vez, habilitó que la empresa pueda cobrarse 242 millones de pesos.
La crisis de Cotreco tuvo impacto en Río Cuarto porque, en algún momento, el gobierno de Juan Manuel Llamosas analizó rescindir el contrato pero la Justicia ordenó que el vínculo continuara como hasta ese momento.
Quien ahora resolvió a favor de la empresa cordobesa es el mismo juez que tiene a su cargo el concurso preventivo. Se trata de Hernán Diego Papa, del Juzgado Comercial Número 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los hechos, Papa desestimó la argumentación de la Municipalidad de Córdoba, que alegó que sus cuentas son inembargables porque se encuentra en un estado de emergencia económica determinado por el Concejo Deliberante. Originalmente, con ese argumento, el gobierno de Córdoba fue a la Justicia a plantear que, por su delicada situación financiera, no puede pagar en efectivo sino sólo con bonos.
Desde el directorio de la firma sostuvieron durante años una pelea pública con Mestre; señalaron públicamente que el dirigente radical tenía la intención manifiesta de provocarle una crisis a Cotreco para que dejara de prestar el servicio en Córdoba capital, algo que finalmente ocurrió en 2018. Sin embargo, la empresa siguió reclamando el pago de más de 2.000 millones de pesos. La Justicia acaba de ordenar que más del 10 por ciento de esa cifra se efectivice. Se trata de tres resoluciones diferentes por 6, 36 y 200 millones que han ido saliendo del Juzgado en los últimos días.
Rechazo
La resolución judicial se produjo después de que la Municipalidad se Córdoba se presentara e informara que por la nueva legislación provincial y municipal de emergencia económica, se había dispuesto la inembargabilidad de los fondos públicos. Por eso, la Municipalidad señaló que estaba impedida de cumplir con sus obligaciones en condiciones normales y que había decidido tomar “medidas razonables y por tiempo limitado, con el objetivo de lograr normalizar los desequilibrios de las finanzas municipales en pos de la satisfacción del interés público”:
Ante el juez, Cotreco rechazó la aplicación de la emergencia. Pidió, además, que se hiciera efectiva la ejecución de los embargos trabados contra la Municipalidad.
El juez Papa no hizo lugar porque la ordenanza 13.033, que declaró la emergencia en Córdoba capital, fue sancionada el 8 de mayo de este año y publicada el 14 de mayo. Por eso, la adhesión a la ley de emergencia provincial en la ciudad de Córdoba sólo rige desde ese momento.
Lo que señala el magistrado es que los embargos por capital, intereses y costas son de fecha anterior a la vigencia de la ordenanza que declaró la emergencia. “Corresponde el rechazo de la aplicación de la normativa de emergencia económica, financiera, administrativa, social y sanitaria de la Municipalidad de Córdoba en estas actuaciones sobre los fondos embargados con anterioridad a su entrada en vigencia y con sentencia. Como corolario, desestímase la inembargabilidad que fuera establecida en las normas referenciadas”, se lee en la resolución del juez.
Cotreco emitió un comunicado en el que señaló: “En lo que constituye el tercer fallo en similar sentido, se declaró la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia financiera, administrativa, social y sanitaria de la Municipalidad de Córdoba que afectaba las acreencias de Cotreco”. Además remarca que podrá ejecutar los embargos ya existentes sobre las cuentas municipales y da por descontado que la cifra alcanzará los 2.000 millones de pesos.
Una empresa que presentó el concurso para tratar de salir a flote
El 18 de diciembre de 2018, la empresa Cotreco se presentó en la Justicia de Buenos Aires en concurso preventivo por las dificultades económicas y financieras que arrastró durante meses.
El caso fue incorporado en el expediente 31615/2018. La empresa había evidenciado dificultades serias cuando comenzaron a ser rechazados de a miles los cheques que emitía. Primero se señaló que se trataba de una formalidad bancaria pero, posteriormente, los incumplimientos se intensificaron con el tiempo.
Durante los primeros meses, el gobierno de Juan Manuel Llamosas analizó la posibilidad de rescindir el contraro; sin embargo, la Justicia determinó que los vínculos de Cotreco con los municipios debían seguir adelante como una forma de garantizar los ingresos de la empresa de higiene urbana para cumplir con sus obligaciones.
Una situación que finalmente descomprimió la tensión que existía entre el gobierno municipal y la empresa fue que nunca dejaron de pagarse los sueldos y, además, que el servicio de higiene urbana continuó prestándose sin sobresaltos.
El directorio de Cotreco argumentó que los incumplimientos de la Municipalidad de Córdoba, gobernada entonces por Ramón Mestre, habían provocado una profunda crisis financiera a la empresa.