El Municipio le consultó a la Justicia si rescinde o no el contrato con Cotreco
Después de la feria, se inició la pelea judicial con la empresa encargada de la higiene urbana. La Fiscalía le notificó al juez del concurso que, por contrato, no tiene otra opción que dar de baja el vínculo. Sin embargo, espera definiciones para saber cómo continúa.
En el gobierno municipal sostienen que acaba de empezar formalmente la pelea judicial con Cotreco, la empresa de higiene urbana que entró en concurso de acreedores y que, por esa causa, debería perder el contrato de Río Cuarto.
En enero, la jueza de feria, Paula María Hualde, le ordenó al gobierno municipal que se abstuviera de cancelar el vínculo e, incluso, de aplicar cualquier tipo de descuento a la empresa, que tiene embargos millonarios por las deudas que acumuló en los últimos años.
Pero la decisión quedó supeditada al criterio final del juez original del concurso, Hernán Papa, a cargo del Juzgado en lo Comercial 12, secretaría 24, de Buenos Aires. Allí inició Cotreco el proceso de apertura del concurso de acreedores.
El viernes a última hora, la Fiscalía Municipal presentó un escrito en el que le reclama definiciones al juez. Primero, una cuestión de fondo: plantea que el contrato firmado por las dos partes no deja opciones. Taxativamente, está contemplado que si la empresa entra en concurso de acreedores, el Municipio está obligado a rescindir el contrato. No es una opción, es una imposición que sólo se ha retrasado por la definición de la Justicia.
“Queremos que se determine cómo va a seguir la relación contractual, que nos den directivas en lo relativo a los pagos. ¿Qué hacemos? ¿A quién le pagamos? ¿Cómo procedemos con los embargos que entraron? Además, se le pidió una audiencia al juez del concurso para acordar posiciones, para ver cómo seguimos con las medidas cautelares, las retenciones que tenemos hechas por motivo de embargos, y todo lo que tiene que ver con la vida del contrato”, manifestó el fiscal municipal Julián Oberti.
Sin opción
El planteo del gobierno no es que el juez resuelva o no la rescisión sino que dé instrucciones sobre cómo seguir de ahora en más. En su escrito, la Fiscalía señala el hecho de que, por contrato, no tiene otra opción que rescindir y, por lo tanto, es el juez del concurso quien debe determinar la forma de continuidad del vínculo.
Cotreco viene con un compleja situación financiera desde 2017, cuando comenzó a emitir cheques que posteriormente eran rechazados por falta de fondos.
Desde el primer minuto en que asumió su nuevo contrato con Río Cuarto, en julio de 2017, le transfirió el crédito, es decir el cobro del canon mensual, a un fideicomiso denominado Más Recursos, que con el tiempo también registró inconvenientes y emitió cheques sin fondos por más de 26 millones de pesos.
En diciembre del año pasado, Puntal comenzó a publicar una serie de notas en las que se describió la crisis de Cotreco: sus 1.767 cheques sin fondos, la derivación del cobro, la sucesión de embargos por deudas con los proveedores, la Afip y la ART.
Pero, además, se sumó el hecho de que la empresa no había cumplido con un compromiso fundamental que había asumido con el Municipio de Río Cuarto: en octubre de 2018 tenía que pagar la segunda y la tercera cuota de las indemnizaciones, ya que el gobierno había cancelado la primera, de 45 millones de pesos.
Como no cumplió, se desataron los conflictos, hasta que en una audiencia en el Ministerio de Trabajo, los representantes de Cotreco firmaron que pagarían en enero y febrero. El gremio aceptó, sin conocer que la empresa se había presentado en Buenos Aires en concurso de acreedores.
Sin embargo, en enero, la firma surgida en Carlos Paz afrontó parte de su deuda con los trabajadores e hizo los depósitos.
Mientras tanto, la resolución judicial en el marco del concurso le ordenó al Municipio seguir con el contrato y abstenerse de hacer cualquier descuento para garantizar así la continuidad de la empresa y los empleos de 250 personas. Ese es un punto que inquieta particularmente a la gestión de Juan Manuel Llamosas. “Nosotros creemos que el juez no puede obligar a continuar un contrato en el caso de que la empresa no cumpla. Por eso, pretendemos que se establezcan parámetros y criterios”, indicó Oberti.
La preocupación apunta al cumplimiento de los estándares del servicio. Si la Justicia determinó que el Estado riocuartense no puede hacerle ningún descuento a Cotreco, ¿qué pasaría en el caso de que la empresa incumpla con una parte del servicio que debe prestar? Si no hace la recolección en el 10 por ciento de la ciudad, ¿igual no puede el Municipio aplicarle sanciones y realizarle los descuentos correspondientes? ¿Y si hay un paro y el servicio se interrumpe por completo? ¿Tampoco se le detraerán las cifras que corresponden por los servicios no prestados?
El fiscal Oberti le planteó además al juez que debería haber una respuesta en un plazo perentorio, ya que existe una gran cantidad de elementos a considerar y que se trata de un servicio esencial que le cuesta a la ciudad más de 40 millones de pesos por mes.
En el gobierno creen que febrero será fundamental, un mes de definiciones con respecto a la continuidad de Cotreco.
La empresa sostiene que ahora, en el marco del concurso y ya sin los problemas que le generaba Córdoba capital, podrá seguir sin problemas pero en el gobierno abundan las dudas.
Marcos Jure
Redacción Puntal
En enero, la jueza de feria, Paula María Hualde, le ordenó al gobierno municipal que se abstuviera de cancelar el vínculo e, incluso, de aplicar cualquier tipo de descuento a la empresa, que tiene embargos millonarios por las deudas que acumuló en los últimos años.
Pero la decisión quedó supeditada al criterio final del juez original del concurso, Hernán Papa, a cargo del Juzgado en lo Comercial 12, secretaría 24, de Buenos Aires. Allí inició Cotreco el proceso de apertura del concurso de acreedores.
El viernes a última hora, la Fiscalía Municipal presentó un escrito en el que le reclama definiciones al juez. Primero, una cuestión de fondo: plantea que el contrato firmado por las dos partes no deja opciones. Taxativamente, está contemplado que si la empresa entra en concurso de acreedores, el Municipio está obligado a rescindir el contrato. No es una opción, es una imposición que sólo se ha retrasado por la definición de la Justicia.
“Queremos que se determine cómo va a seguir la relación contractual, que nos den directivas en lo relativo a los pagos. ¿Qué hacemos? ¿A quién le pagamos? ¿Cómo procedemos con los embargos que entraron? Además, se le pidió una audiencia al juez del concurso para acordar posiciones, para ver cómo seguimos con las medidas cautelares, las retenciones que tenemos hechas por motivo de embargos, y todo lo que tiene que ver con la vida del contrato”, manifestó el fiscal municipal Julián Oberti.
Sin opción
El planteo del gobierno no es que el juez resuelva o no la rescisión sino que dé instrucciones sobre cómo seguir de ahora en más. En su escrito, la Fiscalía señala el hecho de que, por contrato, no tiene otra opción que rescindir y, por lo tanto, es el juez del concurso quien debe determinar la forma de continuidad del vínculo.
Cotreco viene con un compleja situación financiera desde 2017, cuando comenzó a emitir cheques que posteriormente eran rechazados por falta de fondos.
Desde el primer minuto en que asumió su nuevo contrato con Río Cuarto, en julio de 2017, le transfirió el crédito, es decir el cobro del canon mensual, a un fideicomiso denominado Más Recursos, que con el tiempo también registró inconvenientes y emitió cheques sin fondos por más de 26 millones de pesos.
En diciembre del año pasado, Puntal comenzó a publicar una serie de notas en las que se describió la crisis de Cotreco: sus 1.767 cheques sin fondos, la derivación del cobro, la sucesión de embargos por deudas con los proveedores, la Afip y la ART.
Pero, además, se sumó el hecho de que la empresa no había cumplido con un compromiso fundamental que había asumido con el Municipio de Río Cuarto: en octubre de 2018 tenía que pagar la segunda y la tercera cuota de las indemnizaciones, ya que el gobierno había cancelado la primera, de 45 millones de pesos.
Como no cumplió, se desataron los conflictos, hasta que en una audiencia en el Ministerio de Trabajo, los representantes de Cotreco firmaron que pagarían en enero y febrero. El gremio aceptó, sin conocer que la empresa se había presentado en Buenos Aires en concurso de acreedores.
Sin embargo, en enero, la firma surgida en Carlos Paz afrontó parte de su deuda con los trabajadores e hizo los depósitos.
Mientras tanto, la resolución judicial en el marco del concurso le ordenó al Municipio seguir con el contrato y abstenerse de hacer cualquier descuento para garantizar así la continuidad de la empresa y los empleos de 250 personas. Ese es un punto que inquieta particularmente a la gestión de Juan Manuel Llamosas. “Nosotros creemos que el juez no puede obligar a continuar un contrato en el caso de que la empresa no cumpla. Por eso, pretendemos que se establezcan parámetros y criterios”, indicó Oberti.
La preocupación apunta al cumplimiento de los estándares del servicio. Si la Justicia determinó que el Estado riocuartense no puede hacerle ningún descuento a Cotreco, ¿qué pasaría en el caso de que la empresa incumpla con una parte del servicio que debe prestar? Si no hace la recolección en el 10 por ciento de la ciudad, ¿igual no puede el Municipio aplicarle sanciones y realizarle los descuentos correspondientes? ¿Y si hay un paro y el servicio se interrumpe por completo? ¿Tampoco se le detraerán las cifras que corresponden por los servicios no prestados?
El fiscal Oberti le planteó además al juez que debería haber una respuesta en un plazo perentorio, ya que existe una gran cantidad de elementos a considerar y que se trata de un servicio esencial que le cuesta a la ciudad más de 40 millones de pesos por mes.
En el gobierno creen que febrero será fundamental, un mes de definiciones con respecto a la continuidad de Cotreco.
La empresa sostiene que ahora, en el marco del concurso y ya sin los problemas que le generaba Córdoba capital, podrá seguir sin problemas pero en el gobierno abundan las dudas.
Marcos Jure
Redacción Puntal