Las cuatro cadenas piden responsabilidad fiscal y revisar la reforma que limitó el crédito
Críticas a los senadores por los cambios aplicados al régimen fiscal de las SGR
Las cuatro cadenas del agro que reúnen a los actores vinculados a los principales cultivos que se producen en el país cargaron duro contra lo resuelto por el Senado de la Nación en su última sesión del 10 de julio. Allí se sancionó una modificación al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), establecida en el artículo 10 de la ley destinada a financiar el aumento de jubilaciones, que elimina la exención del Impuesto a las Ganancias para los aportantes a los Fondos de Riesgo de las SGR.
“Esta decisión, desincentiva la participación de empresas como socias protectoras, lo que reducirá significativamente los fondos disponibles para garantizar operaciones crediticias de las micro, pequeñas y medianas empresas. En otras palabras, limita la oferta crediticia y el acceso a financiamiento formal en condiciones competitivas”, explicaron desde Acsoja, Argentrigo, Maizar y Asagir.
“El impacto sobre el sector agropecuario es particularmente grave. Los pequeños y medianos productores dependen, en muchos casos, del respaldo de las SGR para financiar insumos, incorporar tecnología y apalancar su crecimiento. Sin acceso a estas garantías, muchos productores y empresas pymes, quedarán fuera del circuito financiero formal, ya sea bancario o del mercado de capitales”, advirtieron las cadenas. Y agregaron: “Sin esta herramienta virtuosa y transparente, se verán forzados a recurrir a costosos esquemas informales o directamente a abandonar la actividad”, remarcaron.
Por otro lado señalaron que la medida debilita el entramado productivo regional y compromete la generación de empleo y el valor agregado en origen. El supuesto ahorro fiscal que genera es insignificante frente a los beneficios comprobados del sistema de SGR: inclusión financiera, formalización, inversión productiva, desarrollo federal y aumento genuino de la recaudación a través de una economía productiva”, detallaron.
Y cerraron: “La decisión de eliminar este régimen debilita un instrumento públicoprivado que ha demostrado ser eficiente, transparente, federal e inclusivo, utilizado durante décadas para acompañar el crecimiento de miles de pymes”.