El juicio por el homicidio ya fue sustanciado y concluyó con condenas para los policías responsables del hecho. La sentencia de la Cámara 8va del Crimen no solo estableció responsabilidades penales por la muerte del joven, sino que además ordenó la remisión de antecedentes para que se investigara el accionar de funcionarios públicos en las horas y días posteriores al crimen. Esa decisión abrió una nueva etapa judicial: la de los encubrimientos, las omisiones y los abusos de poder.
En ese marco, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo del fiscal Franco Mondino, requirió la citación a juicio de 11 funcionarios públicos imputados por distintos delitos vinculados a la actuación estatal posterior al homicidio de Blas Correas. Entre los acusados se encuentran el ex ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Fernando Mosquera; el ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, Lucas Sebastián Mezzano; y el ex comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, quien se desempeñaba como subdirector general de Seguridad de la Policía de Córdoba.
Hechos que se imputan
La investigación fiscal se estructuró en cinco hechos concretos. El primero de ellos involucra a siete policías acusados de abuso de autoridad. Según la acusación, en la madrugada del 6 de agosto de 2020, durante el control vehicular realizado en la intersección de avenida Chacabuco y Corrientes, omitieron resguardar la vida de Blas Correas, no le brindaron asistencia médica e impidieron que fuera trasladado al Hospital de Urgencias. Esa conducta, sostiene la fiscalía, violó la Ley de Seguridad Pública de la provincia, que establece como misión primordial de la fuerza la protección de la vida.
En ese mismo contexto, la oficial principal Natalia Soledad Márquez también deberá responder por el delito de lesiones leves calificadas, tras haber agredido físicamente a Camila Toci, quien viajaba en el mismo vehículo que Blas, durante un palpado preventivo.
El tercer hecho investigado apunta al nivel jerárquico superior. El ex comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido fue citado a juicio por encubrimiento agravado por omisión de denuncia. De acuerdo a la investigación, quedó acreditado que tomó conocimiento del “plantado” de un arma de fuego en la escena del crimen, una maniobra destinada a desviar la investigación y encubrir a los verdaderos responsables. Pese a ello, no denunció el hecho, aun cuando estaba legalmente obligado a hacerlo.
La acusación contra Mosquera
Uno de los capítulos más sensibles de la causa involucra al ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera. La fiscalía lo acusa como autor del delito de presentación u ofrecimiento de beneficios, mientras que Mezzano está imputado como partícipe necesario y Cumplido como autor del delito de admisión de dádivas. Según la acusación, Mosquera ofreció y entregó a Cumplido un vehículo Toyota Corolla, junto con el pago del seguro y combustible, con la intervención directa de Mezzano. La maniobra se habría producido en el contexto de las derivaciones judiciales e institucionales del homicidio de Blas Correas, identificado públicamente como un caso de “gatillo fácil”.
El quinto hecho investigado tiene como imputado al ex comisario mayor Víctor Rubén Di Stéfano, quien se desempeñaba como director del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia de la Policía. Está acusado de abuso de autoridad por haber autorizado el ingreso de personal policial jerárquico a la sala de monitoreo para observar imágenes vinculadas al homicidio, en violación de la ley que regula el uso de cámaras de seguridad. La fiscalía también dispuso el archivo de tres antecedentes remitidos por la Cámara 8va del Crimen, tras concluir que las conductas analizadas no encuadraban en tipos penales, o que ya habían sido investigadas y resueltas con anterioridad, en resguardo del principio constitucional de “non bis in ídem”. En paralelo, permanece pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia una causa vinculada a la presunta violación de medios de prueba por parte de otros efectivos policiales. El crimen de Blas Correas se convirtió en un símbolo de los excesos del poder punitivo y de las fallas estructurales del Estado. Cada avance judicial vuelve a traer al presente aquella madrugada trágica, pero también reafirma que la búsqueda de verdad y justicia sigue abierta, empujada por la memoria, el dolor y la convicción de que ninguna vida puede ser silenciada sin consecuencias.
