Crisis en la industria PyME: la producción cayó al nivel más bajo en siete años

La industria PyME profundizó su deterioro durante el segundo trimestre de 2026 y alcanzó su menor nivel de producción de los últimos siete años. El volumen fabricado cayó 11% frente al mismo período de 2025 y disminuyó 3,6% respecto de los primeros tres meses del año, según datos desestacionalizados de la Fundación Observatorio PyME (FOP).

La contracción tuvo mayor impacto entre las empresas pequeñas, que acumularon una caída más pronunciada que las firmas medianas. El retroceso de la actividad también se trasladó al empleo: la cantidad de puestos de trabajo se redujo 4,5% interanual y 0,8% trimestral.

Con este resultado, la ocupación dentro del sector completó 14 trimestres consecutivos de retracción.

La caída de las ventas encabezó las preocupaciones

La debilidad de la demanda se convirtió en el principal problema para las industrias relevadas. El 81% mencionó la disminución de las ventas, muy por encima de otras dificultades que condicionan el funcionamiento cotidiano de las empresas.

En segundo lugar apareció la demora en los pagos de los clientes, señalada por el 62% de las firmas. Luego se ubicaron el aumento del costo de las materias primas, con el 60%; la competencia de los productos importados, con el 47%; los costos salariales, con el 45%; y las dificultades para acceder al financiamiento, con el 38%.

El desequilibrio entre gastos e ingresos también afectó los márgenes del sector. En el 73% de las empresas, los costos productivos aumentaron por encima de los precios de venta. En ese contexto, el 69% indicó que su rentabilidad empeoró.

Entre los componentes que más presionaron sobre los costos se encontraron las tarifas energéticas, mencionadas por el 72% de las industrias, y el transporte, señalado por el 61%.

Más demoras en los cobros y atrasos en los vencimientos

La contracción del mercado interno repercutió sobre la cadena de pagos. El 62% de las PyME industriales sufrió una extensión en los plazos de cobro de sus clientes habituales, una situación que redujo la disponibilidad de fondos para afrontar sus propias obligaciones.

El 24% de las empresas registró demoras en al menos uno de sus vencimientos. La proporción duplicó el 12% observado casi un año antes.

Los incumplimientos se concentraron principalmente en las obligaciones tributarias: el 17,3% se atrasó en el pago de impuestos. Además, el 15,3% tuvo dificultades para cumplir con proveedores y el 5,7% demoró compromisos asumidos con entidades bancarias.

Los indicadores anticiparon un escenario contractivo

Las mediciones sobre actividad y expectativas se mantuvieron por debajo de los niveles considerados neutrales. El Índice de Gestión de Compras —PMI, por sus siglas en inglés— se ubicó en 44 puntos, mientras que el Índice de Confianza Empresarial (ICE) alcanzó los 43.

Ambos indicadores permanecieron por debajo de los 50 puntos, límite utilizado para diferenciar una etapa de expansión de un escenario contractivo o pesimista.

Las expectativas de una recuperación futura mostraron una mejora, pero todavía no se reflejaron con fuerza en los planes empresariales. Solo el 35% de las PyME industriales consideró que atravesaba un buen momento para invertir en maquinaria y equipos. El 65% restante evaluó que las condiciones no resultaron favorables para avanzar con nuevas inversiones.

El impacto de las importaciones

La competencia de los productos provenientes del exterior preocupó al 47% de las industrias encuestadas. Ante ese escenario, parte del sector modificó sus esquemas de producción y comercialización.

El 21% reemplazó insumos nacionales por alternativas importadas, mientras que el 9,4% sustituyó una porción de su propia producción por bienes fabricados en otros países. A su vez, el 15,1% incorporó nuevos productos terminados del exterior para ampliar o complementar su oferta.

En total, una de cada cuatro empresas reemplazó alguna parte de su proceso productivo mediante importaciones.

Reclamos tributarios y escasa participación en el RIGI

La reducción de la carga impositiva apareció entre las principales demandas del sector. El 33% consideró prioritaria una baja de las alícuotas de Ingresos Brutos, mientras que el 30% reclamó una disminución de las contribuciones patronales.

La participación de las PyME en los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se mantuvo limitada. Apenas el 4,7% integró esas cadenas de valor: el 1,5% lo hizo como proveedor directo y el 3,2%, de manera indirecta.

Además, otro 14,8% no consiguió incorporarse, aunque realizó intentos o manifestó interés en participar como proveedor de alguno de los emprendimientos incluidos en el régimen.