Tras entregarse y pasar la noche del viernes en el Edificio Centinela de la Gendarmería, ubicado en el barrio porteño de Retiro, los empresarios regresaron a los complejos penitenciarios en los que habían estado detenidos entre el 20 de diciembre y el 16 de marzo pasado.
López y De Sousa están acusados del delito de "defraudación a la administración pública" por el no pago del impuesto al expendio de combustibles por un monto superior a 8.000 millones de pesos, luego de que se vieran beneficiados por un fallo de la Sala I de la Cámara Federal, que también había cambiado la carátula de la causa a "apropiación indebida de tributos".
La decisión de volver a detener a los empresarios del Grupo Indalo fue tomada el pasado viernes por la mayoría conformada por los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, quienes integran la Sala I, junto con la jueza Ana María Figueroa, que votó en disidencia.
Apoyo del Gobierno
El Gobierno destacó ayer la nueva detención del dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López, ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal, al celebrar "la toma de conciencia" de sectores del Poder Judicial, aunque aseguró que "es un tema de la Justicia".
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, indicaron que la liberación del empresario y el cambio de carátula de la causa -que se había establecido como "apropiación indebida de tributos" y ahora volvió a ser defraudación al Estado- habían generado polémica.
Peña tomó distancia de la decisión de Casación al afirmar que "es un tema de la Justicia" pero remarcó que "evidentemente, la liberación surgió en un contexto de muchísima polémica y dudas" y recordó que "incluso el propio Presidente (Mauricio Macri) se expresó al respecto".
El ministro coordinador subrayó que "lo importante es que el propio proceso judicial pudiera avanzar y tener mucha claridad en los argumentos y las cosas que hace".
Por su parte, Alonso sostuvo que "la decisión de ayer (viernes) es correctiva en el sentido adecuado para volver las cosas a su lugar" y deseó que "haya un avance rápido y esto vaya a juicio".
La secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción subrayó "la toma de conciencia por parte de algunos sectores de la Justicia".
"Un par de jueces habían dicho que el robo multimillonario a la Afip no era una defraudación al Estado, sino simple y sencillamente un delito de evasión, como quien se olvida de pagar tres meses el monotributo", afirmó.
