Río Cuarto
Defensores de los Niños rechazaron el Servicio Cívico Voluntario
A través de un comunicado, los responsables de los organismos provinciales encargados del respeto por los derechos de las niñas, niños y adolescentes repudiaron la resolución del Poder Ejecutivo Nacional.
A través de un comunicado, los Defensores Provinciales de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Misiones, y Santiago del Estero rechazaron la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Este proyecto sobre el que avanzó la Nación mediante la Resolución 589/2019, destinado a adolescentes y jóvenes de 16 a 20 años, fue repudiado por los defensores Amelia López, de Córdoba; Analía Colombo, de Santa Fe; Luis Santucho, de Santiago del Estero; Miguel Ángel Molina, de Misiones, y Juan Meaca, de La Pampa.
“Nos preocupa que el paradigma de la protección integral y el enfoque de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia sea citado por la ministra como marco y argumento para la política pública a cargo de una fuerza represiva”, indicaron los funcionarios, quienes consideraron: “Por el contrario, ésta se encuentra muy lejos de dar cuenta de la incorporación de esta perspectiva tanto en su formación como en el desenvolvimiento de sus funciones cuando se trata de adolescentes y jóvenes”.
Niños en las escuelas
“Como organismos de derechos especializados defendemos una vez más a la educación pública, laica, obligatoria y gratuita, quien tiene a su cargo la formación ciudadana y democrática de las niñas, niños y adolescentes”, agrega otro fragmento del comunicado, mientras que consideraron que el Estado “debe intervenir en la generación de oportunidades y proyectos de vida para las juventudes, y esto es con educación, salud, empleo y vivienda digna, a través de los organismos competentes para tal fin”.
Los defensores referentes de estas cinco provincias, incluida Córdoba, solicitaron que los jóvenes estén “en las escuelas, en los clubes, en los centros culturales, en las bibliotecas, en los espacios comunitarios. No en los cuarteles”.
Agregaron que menos desean que estén “en lo que fue un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la última dictadura cívico militar”.
Finalmente, le propusieron a la ministra Patricia Bullrich “reflexionar”. “E instamos al Poder Ejecutivo Nacional a dar marcha atrás con esta iniciativa, y se prioricen políticas públicas activas de inclusión y promoción de los derechos de las y los jóvenes, que permitan el desarrollo de proyectos de vida integrales y autónomos”.
Este proyecto sobre el que avanzó la Nación mediante la Resolución 589/2019, destinado a adolescentes y jóvenes de 16 a 20 años, fue repudiado por los defensores Amelia López, de Córdoba; Analía Colombo, de Santa Fe; Luis Santucho, de Santiago del Estero; Miguel Ángel Molina, de Misiones, y Juan Meaca, de La Pampa.
“Nos preocupa que el paradigma de la protección integral y el enfoque de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia sea citado por la ministra como marco y argumento para la política pública a cargo de una fuerza represiva”, indicaron los funcionarios, quienes consideraron: “Por el contrario, ésta se encuentra muy lejos de dar cuenta de la incorporación de esta perspectiva tanto en su formación como en el desenvolvimiento de sus funciones cuando se trata de adolescentes y jóvenes”.
Niños en las escuelas
“Como organismos de derechos especializados defendemos una vez más a la educación pública, laica, obligatoria y gratuita, quien tiene a su cargo la formación ciudadana y democrática de las niñas, niños y adolescentes”, agrega otro fragmento del comunicado, mientras que consideraron que el Estado “debe intervenir en la generación de oportunidades y proyectos de vida para las juventudes, y esto es con educación, salud, empleo y vivienda digna, a través de los organismos competentes para tal fin”.
Los defensores referentes de estas cinco provincias, incluida Córdoba, solicitaron que los jóvenes estén “en las escuelas, en los clubes, en los centros culturales, en las bibliotecas, en los espacios comunitarios. No en los cuarteles”.
Agregaron que menos desean que estén “en lo que fue un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la última dictadura cívico militar”.
Finalmente, le propusieron a la ministra Patricia Bullrich “reflexionar”. “E instamos al Poder Ejecutivo Nacional a dar marcha atrás con esta iniciativa, y se prioricen políticas públicas activas de inclusión y promoción de los derechos de las y los jóvenes, que permitan el desarrollo de proyectos de vida integrales y autónomos”.