Cuestionan las políticas sobre abuso policial del área de Derechos Humanos
El Foro por la Democracia criticó el protocolo que planteó la subsecretaria Miranda. Señala que pondría en riesgo la privacidad de los datos personales y que la funcionaria desconoce las ordenanzas y normas vigentes
El Foro por la Libertad y la Democracia rechazó las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad, Daniela Miranda, y cuestionó el abordaje propuesto para los casos de arbitrariedad policial. La funcionaria había anunciado, luego de una reunión con funcionarios provinciales y la cúpula policial, que avanzan en la conformación de protocolos de acción y que las denuncias por abuso policial serían derivadas directamente a los directivos de la fuerza. En tal sentido, advierten que esta iniciativa pondría en riesgo la privacidad de los datos personales y la posibilidad de acceso a la Justicia.
En una nota publicada ayer por este diario, Miranda adelantó que elaboran un protocolo para la gestión de las denuncias por arbitrariedad policial, que contempla un trabajo conjunto con la fuerza.
“Consideramos que, al recibir una denuncia, debemos trasladársela al jefe de Policía y a las autoridades del Centro Cívico. Y deben actuar áreas como la Senaf, el Juzgado de Menores y el ayudante fiscal, que es quien recepta las denuncias y contravenciones en nuestra ciudad”, señaló la subsecretaria de Derechos Humanos.
Ante esto, el Foro de la Democracia salió al cruce y advirtió que se vulnerarían garantías fundamentales.
“Esto hace suponer que el nuevo paradigma del que está hablando el Ejecutivo municipal es el de coartar el acceso real a la Justicia, para dejar la problemática de las detenciones arbitrarias y el abuso policial exclusivamente en la órbita de la Policía, sin garantizar el respeto de las garantías constitucionales”, señala el organismo en un comunicado.
En otro orden, manifestaron su desacuerdo con las expresiones de Miranda en el sentido de que, dentro de la alcaidía, hay violencia entre los internos, aunque no de parte de la Policía. Frente a esto, señalan que conocen “los apremios que se dan dentro de la alcaidía local”.
También señalaron que “el hostigamiento policial es cosa de todos los días para los pibes y pibas de los barrios de la ciudad, que osan llegar al centro de la ciudad, e inclusive aquellos que apenas andan en las calles de sus propios barrios”.
“No es un diálogo entre pares”
Por otro lado, cuestionan también la propuesta de mediación en algunos de los casos de arbitrariedad policial, como sugirió la propia funcionaria.
“Se habla de generar diálogo de ‘pares’ entre las fuerzas policiales y los miembros de la sociedad civil, proponiéndose a los funcionarios del área como mediadores, cuando deberían velar por la irrestricta vigencia de los Derechos Humanos. Lejos de eso, se pone en igual jerarquía a un funcionario del Estado (cuya responsabilidad es conocer rigurosamente cuáles son los derechos de los ciudadanos) con un ciudadano que llega a la subsecretaría exponiendo que sus derechos han sido violados por las fuerzas de seguridad”, señala el comunicado del Foro por la Democracia.
También señalan que, en la práctica, la postura de la funcionaria municipal “desconoce el recurso de hábeas corpus como garantía constitucional que prevé una intervención judicial directa, rápida y eficaz con el fin de proteger los derechos para toda persona que es privada de su libertad física o ambulatoria, o bien las encuentra restringidas, agravadas o amenazadas ilegalmente, para optar por la voluntad de la policía”.
Asimismo, advierten que desconoce el Registro Municipal de Detenciones, creado por ordenanza, “está siendo desconocido y los nuevos protocolos que promueven pondrían en riesgo el resguardo datos del denunciante, toda vez que serían trasladados a los mismos denunciados”.
Ante esto, el organismo de Derechos Humanos rechaza las declaraciones Daniela Miranda porque el protocolo propuesto violaría la ley de protección de datos personales, además de desconocer el carácter asimétrico de la relación entre individuo y Estado.
“Al mismo tiempo, en sus declaraciones públicas, Miranda desconoce la vigencia y necesidad de poner en funcionamiento la ordenanza 1005/11 (que dejó de funcionar tras el cambio de gestión) como instrumento institucional ya existente, con reconocimiento nacional e internacional, antecedente fundamental para la creación de registros similares en nuestro país”, señala el documento.
En este sentido, concluyen que no hay necesidad de generar nuevos protocolos de actuación porque ya existen, se fundamentan y expresan en los tratados de rango constitucional, especialmente en la Convención contra la Tortura.
“Concretamente, en el caso del Registro de demoras y detenciones, es una ordenanza ejemplar que otorga a la sociedad civil un mecanismo útil para el contralor de los abusos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad, garantizando desde el Estado, el acceso a derechos que el código de convivencia violenta incumple”, sostiene el Foro por la Democracia.
Finalmente, le piden a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad que “rectifique o ratifique sus declaraciones públicas para arrojar claridad sobre el asunto y sobre el futuro accionar del gobierno municipal”.
En una nota publicada ayer por este diario, Miranda adelantó que elaboran un protocolo para la gestión de las denuncias por arbitrariedad policial, que contempla un trabajo conjunto con la fuerza.
“Consideramos que, al recibir una denuncia, debemos trasladársela al jefe de Policía y a las autoridades del Centro Cívico. Y deben actuar áreas como la Senaf, el Juzgado de Menores y el ayudante fiscal, que es quien recepta las denuncias y contravenciones en nuestra ciudad”, señaló la subsecretaria de Derechos Humanos.
Ante esto, el Foro de la Democracia salió al cruce y advirtió que se vulnerarían garantías fundamentales.
“Esto hace suponer que el nuevo paradigma del que está hablando el Ejecutivo municipal es el de coartar el acceso real a la Justicia, para dejar la problemática de las detenciones arbitrarias y el abuso policial exclusivamente en la órbita de la Policía, sin garantizar el respeto de las garantías constitucionales”, señala el organismo en un comunicado.
En otro orden, manifestaron su desacuerdo con las expresiones de Miranda en el sentido de que, dentro de la alcaidía, hay violencia entre los internos, aunque no de parte de la Policía. Frente a esto, señalan que conocen “los apremios que se dan dentro de la alcaidía local”.
También señalaron que “el hostigamiento policial es cosa de todos los días para los pibes y pibas de los barrios de la ciudad, que osan llegar al centro de la ciudad, e inclusive aquellos que apenas andan en las calles de sus propios barrios”.
“No es un diálogo entre pares”
Por otro lado, cuestionan también la propuesta de mediación en algunos de los casos de arbitrariedad policial, como sugirió la propia funcionaria.
“Se habla de generar diálogo de ‘pares’ entre las fuerzas policiales y los miembros de la sociedad civil, proponiéndose a los funcionarios del área como mediadores, cuando deberían velar por la irrestricta vigencia de los Derechos Humanos. Lejos de eso, se pone en igual jerarquía a un funcionario del Estado (cuya responsabilidad es conocer rigurosamente cuáles son los derechos de los ciudadanos) con un ciudadano que llega a la subsecretaría exponiendo que sus derechos han sido violados por las fuerzas de seguridad”, señala el comunicado del Foro por la Democracia.
También señalan que, en la práctica, la postura de la funcionaria municipal “desconoce el recurso de hábeas corpus como garantía constitucional que prevé una intervención judicial directa, rápida y eficaz con el fin de proteger los derechos para toda persona que es privada de su libertad física o ambulatoria, o bien las encuentra restringidas, agravadas o amenazadas ilegalmente, para optar por la voluntad de la policía”.
Asimismo, advierten que desconoce el Registro Municipal de Detenciones, creado por ordenanza, “está siendo desconocido y los nuevos protocolos que promueven pondrían en riesgo el resguardo datos del denunciante, toda vez que serían trasladados a los mismos denunciados”.
Ante esto, el organismo de Derechos Humanos rechaza las declaraciones Daniela Miranda porque el protocolo propuesto violaría la ley de protección de datos personales, además de desconocer el carácter asimétrico de la relación entre individuo y Estado.
“Al mismo tiempo, en sus declaraciones públicas, Miranda desconoce la vigencia y necesidad de poner en funcionamiento la ordenanza 1005/11 (que dejó de funcionar tras el cambio de gestión) como instrumento institucional ya existente, con reconocimiento nacional e internacional, antecedente fundamental para la creación de registros similares en nuestro país”, señala el documento.
En este sentido, concluyen que no hay necesidad de generar nuevos protocolos de actuación porque ya existen, se fundamentan y expresan en los tratados de rango constitucional, especialmente en la Convención contra la Tortura.
“Concretamente, en el caso del Registro de demoras y detenciones, es una ordenanza ejemplar que otorga a la sociedad civil un mecanismo útil para el contralor de los abusos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad, garantizando desde el Estado, el acceso a derechos que el código de convivencia violenta incumple”, sostiene el Foro por la Democracia.
Finalmente, le piden a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad que “rectifique o ratifique sus declaraciones públicas para arrojar claridad sobre el asunto y sobre el futuro accionar del gobierno municipal”.