La causa conocida como “Menéndez IV”, unificación de las causas González Navarro y Vergez, llega a sus últimas instancias luego de los alegatos de la Fiscalía y de la querella. Esta semana le tocará el turno a la defensa, pero se cierra un juicio que deja varios interrogantes.
En su alegato, el fiscal Maximiliano Hairabedian pidió 17 años de cárcel para Héctor Chilo y 12 para Ernesto Barreiro y Héctor Vergez, mientras que solicitó perpetua para Jorge González Navarro, los principales imputados que tiene la causa tras la muerte del represor Luciano Menéndez.
La particularidad del pedido de Hairabedian es que, más allá de las solicitudes de prisión para los imputados, planteó la absolución de 6 acusados: José Tófalo, Ricardo Lardone, Oreste Padován, Yamil Yabour, Juan Molina y Eduardo Grandi.
Por otra parte, en la única querella del juicio se encuentra la abogada riocuartense Adriana Gentile, quien representa a familiares de dos de las 61 víctimas (de las cuales 6 permanecen desaparecidas): Osvaldo Benítez, secuestrado y muerto el 12 de febrero de 1976, un militante social de la JP y Montoneros (24 años); y César Giménez, que era secretario general del sindicato de pasteleros, dentro del plan de lucha de Atilio López y Agustín Tosco, entre otros, a quien asesinaron a la salida de un hotel en Córdoba cuando ya se encontraba en la clandestinidad.
En diálogo con PUNTAL, Gentile reflexionó sobre el caso de Giménez en tanto que en la causa solamente estuvieron imputados González Navarro y Menéndez, dos hombres del Estado Mayor, “aún cuando sus familiares demostraron que quienes iban en el auto desde donde le dispararon eran todos integrantes de la D2”, indicó, y señaló: “En este marco, cuando pedí la pena de prisión perpetua para González Navarro, también solicité que las actuaciones se remitan a la fiscalía de turno para que se investigue”.
La querella, en este sentido, pidió prisión perpetua para González Navarro por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura agravada y homicidio agravado, por los dos hechos.
- Se trata de una de las causas más particulares de los juicios que se desarrollaron en Córdoba.
- Sí, porque quedaron sin imputar muchos integrantes de la D2 que caminan entre nosotros, y están en el banquillo muchos del Estado Mayor que están con domiciliarias por su edad o condenados y en prisión común. Se guían por la cadena de mando, y el responsable es Menéndez, hasta allí llega la investigación y se cierra.
Amenazas
Gentile comentó que en los últimos 11 años, previos a la elevación a juicio de la causa, el hijo de Giménez, que era policía, se había constituido como querellante (lo hizo en 2007), y su caso tomó difusión en los medios en su momento. “Fue amenazado por la misma Policía, le tiraron tiros en su casa y hasta lo presionaron diciéndole que no siguiera detrás de la D2 porque le pasaría lo mismo que a su padre. Llegó un momento en el que él pidió la baja”, comentó la letrada.
- ¿Cómo fueron los pedidos de la Fiscalía en su alegato?
- La Fiscalía pidió perpetua para González Navarro, pero también solicitó muchas absoluciones a los policías que están imputados, porque no usa el dominio de la voluntad a través de los aparatos de poder, que considera que no funcionó en el D2 al no ser un centro clandestino. Por lo tanto, si las víctimas no vieron exactamente quién cometió el hecho, considera que no se puede imputar por la función que cumplía ahí.
“Es una causa rara, porque hay muchos hechos que están sin definir, sin imputados, solamente el Estado Mayor representado en Menéndez y no se sabe quién torturó o mató a la persona”, comentó Gentile, quien completó: “No sabemos por qué se aceleró tanto”.
Esta semana, los días 20 y 21 las defensas de los imputados pronunciarán sus alegatos, para así cerrar esta instancia del juicio.
En tanto, según lo anunciado, el fallo de la causa se conocerá el día 17 de abril.
La particularidad del pedido de Hairabedian es que, más allá de las solicitudes de prisión para los imputados, planteó la absolución de 6 acusados: José Tófalo, Ricardo Lardone, Oreste Padován, Yamil Yabour, Juan Molina y Eduardo Grandi.
Por otra parte, en la única querella del juicio se encuentra la abogada riocuartense Adriana Gentile, quien representa a familiares de dos de las 61 víctimas (de las cuales 6 permanecen desaparecidas): Osvaldo Benítez, secuestrado y muerto el 12 de febrero de 1976, un militante social de la JP y Montoneros (24 años); y César Giménez, que era secretario general del sindicato de pasteleros, dentro del plan de lucha de Atilio López y Agustín Tosco, entre otros, a quien asesinaron a la salida de un hotel en Córdoba cuando ya se encontraba en la clandestinidad.
En diálogo con PUNTAL, Gentile reflexionó sobre el caso de Giménez en tanto que en la causa solamente estuvieron imputados González Navarro y Menéndez, dos hombres del Estado Mayor, “aún cuando sus familiares demostraron que quienes iban en el auto desde donde le dispararon eran todos integrantes de la D2”, indicó, y señaló: “En este marco, cuando pedí la pena de prisión perpetua para González Navarro, también solicité que las actuaciones se remitan a la fiscalía de turno para que se investigue”.
La querella, en este sentido, pidió prisión perpetua para González Navarro por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura agravada y homicidio agravado, por los dos hechos.
- Se trata de una de las causas más particulares de los juicios que se desarrollaron en Córdoba.
- Sí, porque quedaron sin imputar muchos integrantes de la D2 que caminan entre nosotros, y están en el banquillo muchos del Estado Mayor que están con domiciliarias por su edad o condenados y en prisión común. Se guían por la cadena de mando, y el responsable es Menéndez, hasta allí llega la investigación y se cierra.
Amenazas
Gentile comentó que en los últimos 11 años, previos a la elevación a juicio de la causa, el hijo de Giménez, que era policía, se había constituido como querellante (lo hizo en 2007), y su caso tomó difusión en los medios en su momento. “Fue amenazado por la misma Policía, le tiraron tiros en su casa y hasta lo presionaron diciéndole que no siguiera detrás de la D2 porque le pasaría lo mismo que a su padre. Llegó un momento en el que él pidió la baja”, comentó la letrada.
- ¿Cómo fueron los pedidos de la Fiscalía en su alegato?
- La Fiscalía pidió perpetua para González Navarro, pero también solicitó muchas absoluciones a los policías que están imputados, porque no usa el dominio de la voluntad a través de los aparatos de poder, que considera que no funcionó en el D2 al no ser un centro clandestino. Por lo tanto, si las víctimas no vieron exactamente quién cometió el hecho, considera que no se puede imputar por la función que cumplía ahí.
“Es una causa rara, porque hay muchos hechos que están sin definir, sin imputados, solamente el Estado Mayor representado en Menéndez y no se sabe quién torturó o mató a la persona”, comentó Gentile, quien completó: “No sabemos por qué se aceleró tanto”.
Esta semana, los días 20 y 21 las defensas de los imputados pronunciarán sus alegatos, para así cerrar esta instancia del juicio.
En tanto, según lo anunciado, el fallo de la causa se conocerá el día 17 de abril.
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