Organismos cuestionan la cantidad de represores con domiciliaria
Sostienen que, si bien no se avanzó en las leyes del 2 x 1, se implementaron otras medidas para favorecer a los condenados por delitos de lesa humanidad. De 862 personas, 641 cuentan con el beneficio de cumplir en su casa el tiempo de prisión
Organismos de derechos humanos de todo el país se han manifestado en contra del alto porcentaje de represores detenidos con prisión domiciliaria. Indican que no se tienen en cuenta todas las variables necesarias para determinar el tipo de condena a los detenidos y sólo se toman las medidas por su edad.
En diálogo con Puntal, el ex preso político Alberto Levi analizó la situación y aseguró que no sólo se ha manifestado esta preocupación, “sino que hay otra situación general dada por un clima de benevolencia por gran parte del Poder Judicial influenciado por el Gobierno nacional”.
En este sentido, el referente de la lucha por los derechos humanos sostuvo que se han creado “condiciones muy especiales que son un retroceso enorme en materia de derechos humanos, no sólo por la poca preocupación que demuestran en buscar a los 36 genocidas prófugos, algunos casi con certeza de su paradero”, y agregó que, además, “se desfinancian equipos como el de Antropología Forense (EAAF)”. Sobre estos investigadores profesionales sostuvo: “Han sido totalmente desmantelados y han tenido que buscar en el exterior si pueden conseguir trabajo por las brillantes intervenciones que han tenido por todo el mundo”.
Por otra parte, Levi señaló que el desfinanciamiento se ha observado en distintos sectores como en los sitios de la Memoria, que están en muy mal estado por la falta de presupuesto. “La ex Esma y el centro cultural Haroldo Conti están en condiciones deplorables de mantenimiento”, dijo Levi, y se refirió al maltrato que han recibido organismos como Madres de Plaza de Mayo.
Más variables
“Evidentemente hay instrucciones, o al menos una influencia, para que se interprete que tener 70 años es condición suficiente como para que se dé la domiciliaria, cuando en realidad son varias las causas que deben coincidir para que la persona no tenga que estar en un establecimiento penitenciario”, sostuvo Levi, quien aclaró: “Una es la edad, pero también tiene que tener una dolencia o padecimiento por los que no pueda ser atendido correctamente en el lugar donde se encuentra”.
- ¿Estas definiciones no se respetan?
- Hay muchos casos en los que eso no solamente no ha ocurrido, sino que han aparecido denuncias de particulares, en otros casos de fiscales, sobre personas que andan paseando por la calle y exhibiéndose, aunque tienen que estar con prisión domiciliaria. Esto habla a las claras de que son personas que están en condiciones de soportar una situación de encierro, que les corresponde después de haber cometido las atrocidades que cometieron.
- ¿De qué porcentaje están hablando de detenidos con domiciliaria?
- Detenidos y condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura hay 862 personas, de las cuales 641 permanecen con arresto domiciliario. Es una barbaridad, porque si se toman casos emblemáticos como el de Miguel Etchecolatz, que estuvo a cargo de los centros clandestinos de detención de Buenos Aires, casi 30 centros en los que se cometieron crímenes atroces contra miles de personas. A pesar de su situación, ha tenido el atrevimiento de pedirle a la gobernadora María Eugenia Vidal que lo reincorporen a la Policía de la Provincia, de la que había sido exonerado. Incluso solicitó que se le expliquen los motivos por los que fue apartado de la fuerza a la que pertenecía.
“Todo demuestra el clima de permisividad y abandono de la política de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado y sus familias”, consideró Levi y concluyó: “Y cómo andan tranquilos por la calle los represores, sin que nadie se preocupe, porque todos se alarman por los motochorros pero no por quienes secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a miles de argentinos”.
En diálogo con Puntal, el ex preso político Alberto Levi analizó la situación y aseguró que no sólo se ha manifestado esta preocupación, “sino que hay otra situación general dada por un clima de benevolencia por gran parte del Poder Judicial influenciado por el Gobierno nacional”.
En este sentido, el referente de la lucha por los derechos humanos sostuvo que se han creado “condiciones muy especiales que son un retroceso enorme en materia de derechos humanos, no sólo por la poca preocupación que demuestran en buscar a los 36 genocidas prófugos, algunos casi con certeza de su paradero”, y agregó que, además, “se desfinancian equipos como el de Antropología Forense (EAAF)”. Sobre estos investigadores profesionales sostuvo: “Han sido totalmente desmantelados y han tenido que buscar en el exterior si pueden conseguir trabajo por las brillantes intervenciones que han tenido por todo el mundo”.
Por otra parte, Levi señaló que el desfinanciamiento se ha observado en distintos sectores como en los sitios de la Memoria, que están en muy mal estado por la falta de presupuesto. “La ex Esma y el centro cultural Haroldo Conti están en condiciones deplorables de mantenimiento”, dijo Levi, y se refirió al maltrato que han recibido organismos como Madres de Plaza de Mayo.
Más variables
“Evidentemente hay instrucciones, o al menos una influencia, para que se interprete que tener 70 años es condición suficiente como para que se dé la domiciliaria, cuando en realidad son varias las causas que deben coincidir para que la persona no tenga que estar en un establecimiento penitenciario”, sostuvo Levi, quien aclaró: “Una es la edad, pero también tiene que tener una dolencia o padecimiento por los que no pueda ser atendido correctamente en el lugar donde se encuentra”.
- ¿Estas definiciones no se respetan?
- Hay muchos casos en los que eso no solamente no ha ocurrido, sino que han aparecido denuncias de particulares, en otros casos de fiscales, sobre personas que andan paseando por la calle y exhibiéndose, aunque tienen que estar con prisión domiciliaria. Esto habla a las claras de que son personas que están en condiciones de soportar una situación de encierro, que les corresponde después de haber cometido las atrocidades que cometieron.
- ¿De qué porcentaje están hablando de detenidos con domiciliaria?
- Detenidos y condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura hay 862 personas, de las cuales 641 permanecen con arresto domiciliario. Es una barbaridad, porque si se toman casos emblemáticos como el de Miguel Etchecolatz, que estuvo a cargo de los centros clandestinos de detención de Buenos Aires, casi 30 centros en los que se cometieron crímenes atroces contra miles de personas. A pesar de su situación, ha tenido el atrevimiento de pedirle a la gobernadora María Eugenia Vidal que lo reincorporen a la Policía de la Provincia, de la que había sido exonerado. Incluso solicitó que se le expliquen los motivos por los que fue apartado de la fuerza a la que pertenecía.
“Todo demuestra el clima de permisividad y abandono de la política de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado y sus familias”, consideró Levi y concluyó: “Y cómo andan tranquilos por la calle los represores, sin que nadie se preocupe, porque todos se alarman por los motochorros pero no por quienes secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a miles de argentinos”.