Los “K” acusaron a Gilligan por presunto lavado de dinero
El diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade presentó la denuncia penal que quedó en el juzgado federal de Claudio Bonadio
El diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade había denunciado ayer penalmente al subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por supuesto lavado de dinero a raíz de su participación en una empresa que tenía 1,2 millones de dólares depositados en un banco de Andorra.
El legislador kirchnerista acusó al funcionario nacional ante la Justicia por "la posible comisión de los delitos de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y omisión maliciosa", por no haber incluido esa actividad en su declaración jurada.
La causa quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio, mientras que la instrucción está a cargo de la fiscal Alejandra Mángano.
En su presentación, el también integrante del Consejo de la Magistratura explicó que se enteró del caso a partir de un artículo publicado en el diario español El País, en el que se informaba que Díaz Gilligan figuró como principal accionista de la firma en cuestión.
El diputado resaltó que esa suma de dinero se encontraba en un banco de Andorra, "un país de 78.264 habitantes entre España y Francia donde hasta el pasado año regía el secreto bancario".
La cuenta se abrió en 2012
"La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires. Y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del Consistorio bonaerense", destacó.
Para el diputado, "existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País".
"Asimismo, no podemos soslayar que en su ‘defensa’ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra", agregó en el texto.
De esta manera, Tailhade sostuvo que Díaz Gilligan pudo haber incurrido en el delito de "lavado de activos" que prevé una pena de tres (3) a diez (10) años de prisión y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación.
También lo acusa de "omisión maliciosa en la presentación de declaración jurada de un funcionario público", una tipificación que establece condenas de quince días a dos años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
El legislador kirchnerista acusó al funcionario nacional ante la Justicia por "la posible comisión de los delitos de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y omisión maliciosa", por no haber incluido esa actividad en su declaración jurada.
La causa quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio, mientras que la instrucción está a cargo de la fiscal Alejandra Mángano.
En su presentación, el también integrante del Consejo de la Magistratura explicó que se enteró del caso a partir de un artículo publicado en el diario español El País, en el que se informaba que Díaz Gilligan figuró como principal accionista de la firma en cuestión.
El diputado resaltó que esa suma de dinero se encontraba en un banco de Andorra, "un país de 78.264 habitantes entre España y Francia donde hasta el pasado año regía el secreto bancario".
La cuenta se abrió en 2012
"La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires. Y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del Consistorio bonaerense", destacó.
Para el diputado, "existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País".
"Asimismo, no podemos soslayar que en su ‘defensa’ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra", agregó en el texto.
De esta manera, Tailhade sostuvo que Díaz Gilligan pudo haber incurrido en el delito de "lavado de activos" que prevé una pena de tres (3) a diez (10) años de prisión y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación.
También lo acusa de "omisión maliciosa en la presentación de declaración jurada de un funcionario público", una tipificación que establece condenas de quince días a dos años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.