Al recinto también llevará otros dos dictámenes prioritarios para el Poder Ejecutivo. Uno de ellos es el que propone incentivar el uso de los dólares atesorados sin declarar -conocido como ley de “inocencia fiscal”- y el que castiga con penas de prisión a los gobiernos que aprueben y ejecuten presupuestos con déficit fiscal. Este último recibió duras críticas opositoras por inconstitucional.
La sesión, que se prevé maratónica, arrancará con la discusión del presupuesto 2026. La Comisión de Presupuesto despachó tres dictámenes: uno de mayoría, impulsado por el oficialismo, y dos de minoría, presentados por Provincias Unidas y por Unión por la Patria.
Artículo controvertido
El texto oficial, que reunió 28 firmas y seis disidencias, incorporó a último momento un cambio sustancial: sumó el artículo 75, que dispone la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Se trata de leyes cuyo cumplimiento la oposición −incluidos aliados del Gobierno− venía reclamando.
Ambas normas, junto con la emergencia pediátrica conocida como ley Garrahan, habían sido “suspendidas” por el Poder Ejecutivo al momento de su promulgación. Esto es, no las aplicó. Esa decisión generó un amplio rechazo parlamentario y fue calificada como inconstitucional por distintos bloques que habían votado e insistido con esas leyes a través de mayorías agravadas.
La discusión de ayer estuvo conducida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch −a cargo de la Comisión de Presupuesto−, mientras que el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, realizó una defensa sintética del proyecto. Sostuvo que el presupuesto enviado por Javier Milei garantiza el equilibrio fiscal y permite dar previsibilidad sobre qué se va a gastar, cómo y con qué recursos. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque libertario, fue una de las encargadas de reunir las últimas firmas.
El dictamen oficial obtuvo el respaldo del Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal −donde están representados los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)−; el bloque Elijo Catamarca, que responde a Raúl Jalil; Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo.
Salvo el Pro y algunos sectores de la UCR, la mayoría de los bloques habían votado, insistido y reclamado el cumplimiento de las leyes que se busca derogar. Esa tensión quedó explicitada en la disidencia parcial con la que acompañaron al dictamen oficial y podría volver a emerger en la votación en particular en el recinto.
Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin cuestionó con dureza la incorporación del artículo que elimina esas normas y cruzó a los diputados que ayudaron al oficialismo. Advirtió sobre una falta de respeto institucional y de apego al republicanismo, y pidió que quienes acompañen el presupuesto en general sostengan en particular el financiamiento de la discapacidad y las universidades.
“Hay plata para que la compraventa de inmuebles no tribute más impuestos, pero no hay para la discapacidad”, sintetizó Nicolás Massot, cerebro del dictamen de Provincias Unidas.
Aceleran reparto de ATN
La Casa Rosada les entregó un incentivo concreto a las provincias para respaldar el proyecto oficial: aceleró el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los giros alcanzaron los $43.000 millones y beneficiaron a Tucumán, Misiones y Chaco. El lunes, además, envió la reforma de la ley de glaciares, un viejo anhelo de mandatarios cordilleranos para destrabar inversiones millonarias en sus territorios.
La disidencia del Pro, en tanto, incluyó un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño exige el pago de $274.000 millones y que el presupuesto 2026 incorpore una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, tal como se acordó tras un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia.
Dictamen de minoría
El dictamen de minoría de Unión por la Patria fue presentado por su jefe de bloque, Germán Martínez, quien detalló una propuesta alternativa centrada en garantizar el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.
Además, propone recuperar el Fondo de Incentivo Docente y el fondo compensador salarial, garantizar paritarias docentes y no docentes, fortalecer el sistema de becas y priorizar carreras estratégicas. Incluye partidas para obras paralizadas, proyectos de infraestructura como el canal Magdalena y el puente Chaco-Corrientes, la restitución de fondos a las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, una mayor participación de las provincias en el impuesto a los Combustibles líquidos, una distribución más previsible de los ATN, incentivos a las energías renovables y financiamiento para el Enard.
Julia Strada, de UP, hizo un repaso de todos los recortes del Gobierno con respecto al último presupuesto, el de 2023, y terminó con una chicana. “Hay algo que aumentaron: los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) crecieron 19%. Un aplauso para la Side, que se llevó el único aumento del presupuesto”.
Puntos principales
El proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre de 2026. O sea, más bajo que el valor actual, pese al esquema existente y el que anunció el Gobierno para 2026, que aumentará la devaluación de la divisa norteamericana.
Además, proyecta un aumento del 10,6 por ciento en las exportaciones y del 11 por ciento en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero −una vez pagados los intereses de la deuda− del 0,2% del PBI.
Estas proyecciones difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 prevé un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.
El dictamen incorpora un artículo que exime del pago del impuesto a los Combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo es compensar picos de demanda que no puedan ser cubiertos por la producción local, especialmente, para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.
El texto mantiene, además, la derogación de las metas de financiamiento mínimo para las áreas de educación, ciencia y defensa.
