Es Maximiliano Ochoa Roldán, acusado de coacción, extorsión, asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia. El ministro Quinteros dijo que delinquió en su “vida privada”
Por orden del fiscal Guillermo González, detuvieron al director general de la Policía Caminera y despegan el cobro de las multas de este escándalo policial.
Se trata de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, que está acusado de coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia.
En tanto, aprehendieron también a otros policías, entre ellos su hermano, el abogado Gastón Miguel Ochoa Roldán.
El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, buscó llevar tranquilidad a la población, defendió a la Caminera y dijo que se delinquió en el marco de la “vida privada”.
El fiscal, quien ordenó una serie de detenciones y allanamientos, apunta a “una banda delictiva conformada por efectivos policiales y abogados particulares”.
Según se informó ayer a Puntal, “en el día de la fecha, el titular de la Fiscalía Tres (ex Fiscalía de Instrucción del Distrito I turno 2°), doctor Guillermo González, en el marco del expediente N° 13829298, dispuso ordenar la detención del comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, que se desempeña como director de la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba, presunto/supuesto autor de los delitos de coacción (artículos 45 y 149 bis segundo párrafo del Código Penal), extorsión (artículos 45 y 168 primer párrafo del Código Penal), asociación ilícita en calidad de jefe (artículos 5 y 210 del Código Penal), peculado de servicios (artículos 45 y 261 segundo párrafo del Codigo Penal), enriquecimiento ilícito -cuatro hechos- (artículos 45 y 268, (1) del Código Penal) y encubrimiento por omisión de denuncia -tres hechos- (artículos 45 y 277 inciso 3 del Código Penal); Gabriel Élido Burkhard (civil), por ser presunto/supuesto autor de los delitos de coacción (artículos 45 y 149 bis segundo párrafo del Código Penal), extorsión (artículos 45 y 168 primer párrafo del Código Penal), asociación ilícita en calidad de organizador (artículo 210 del Código Penal), enriquecimiento ilícito -cuatro hechos- (artículos 45 y 268 (1) del Código Penal); comisario inspector Leonardo Javier Torres, a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada de la institución policial, presunto/supuesto autor del delito de asociación ilícita en calidad de miembro (artículo 210 del Código Penal); comisario inspector Martín Darío Heredia, quien se desempeña en la Policía Caminera de la Provincia de córdoba, presunto/supuesto autor de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro (artículo 210 del Código Penal), enriquecimiento ilícito -un hecho- y encubrimiento por omisión de denuncia -dos hechos- (artículos 45, 210, 268 (1) y 277 inciso 3 del Código Penal); Gastón Miguel Ochoa Roldán -hermano de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán- presunto/supuesto autor del delito de asociación ilícita en calidad de miembro (artículo número 210 del Código Penal); comisario inspector Jorge Gutiérrez, quien se desempeña en la Dirección de Custodias y Protección (“Protección de Testigos”), presunto/supuesto autor del delito de asociación ilícita en calidad de miembro (artículo 210 del Código Penal) y peculado de servicios (artículos 45 y 261 segundo párrafo del Código Penal); y suboficial principal Dante Gabriel Villalba, quien se desempeña como chofer en la Jefatura de Policía, por ser presunto/supuesto autor de los delitos de coacción (artículos 45 y 149 bis segundo párrafo del Código Penal), asociación ilícita en calidad de miembro (artículo 210 del Código Penal) y peculado de servicios (artículos 45 y 261 segundo párrafo del Código Penal)”.
A fin de hacer efectivas las detenciones dispuestas, “se realizaron un total de 11 allanamientos en diferentes viviendas y estudios jurídicos ubicados en la ciudad de Córdoba, Unquillo, La Calera y Cosquín logrando la aprehensión de siete personas”.
Asimismo, “se procedió al registro de distintas áreas ubicadas en la Jefatura de Policía a fin de recabar elementos de prueba relacionadas a la causa”.
Por el momento, y conforme el avance de la investigación que se lleva a cabo, “existen elementos que indican que las personas mencionadas habrían conformado una organización delictiva compuesta por efectivos policiales que cuentan con el título de abogado, un civil y abogados particulares, que utilizaron información de carácter reservado extraída de bases de datos oficiales a las que tiene acceso el personal policial para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios de acuerdo a los antecedentes registrados en la planilla prontuarial obtenida de manera ilegítima, todo lo cual redundaba en su beneficio económico”.
En tanto, “eventualmente y con el correr de la investigación pueden aditarse nuevos ilícitos que fueron materializados como medio para el fin propuesto de la organización delictiva”.
En virtud de ello, “aún la causa se encuentra en incipiente estado de investigación por lo que resta analizar un nutrido caudal probatorio y no se descartan nuevas imputaciones”.
“Son todos abogados, actuaban como tal y usufructuaban de manera indebida el lugar”, aclaró el ministro Quinteros.
