Crisis en discapacidad: prestadores denuncian demoras de hasta un año en los pagos

Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba advirtió sobre la crisis que atraviesa el sistema de discapacidad en Córdoba y alertó por el severo impacto del desfinanciamiento en el sector.

El estudio elaborado por el organismo reveló un fuerte retraso arancelario y demoras de hasta un año en los pagos a prestadores. También indicó que el sistema se sostiene únicamente por el sobreesfuerzo de las familias, profesionales e instituciones.

Un sistema en deterioro

La investigación Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad en Córdoba, realizada en junio y julio de este año, concluyó que el sistema atraviesa un deterioro paulatino comparable a la inestabilidad de una torre de Jenga, a la cual las omisiones estatales y la asfixia económica le retiran piezas clave.

El estudio cualitativo recolectó las vivencias directas de personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y transportistas de la ciudad de Córdoba.

Entre las organizaciones que aportaron su análisis se encuentran la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis), Federación Converger, Colectivo 3 de diciembre, Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI).

Según el estudio, más de 400 mil cordobeses conviven con limitaciones funcionales permanentes, aunque sólo 127.774 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en la provincia.

Demoras y desfinanciamiento

El informe documentó un quiebre crítico en la cadena de pagos, con demoras que van desde varios meses hasta un año en el cobro de prestaciones a obras sociales y programas estatales.

La crisis traslada el costo del desfinanciamiento hacia la vida cotidiana de las personas con discapacidad y los dispositivos de atención y cuidado. En este marco sufren recortes de tratamientos, confinamiento forzado en sus hogares por falta de transporte y la necesidad de recurrir a la judicialización vía amparos para acceder a medicamentos o insumos básicos.

“Tuve que dejar de trabajar mediodía, se me reduce el sueldo, pero no tengo otra opción. Era: trabajo o me dedico a mi hijo”, relató una madre de un niño con discapacidad.

“Tenemos la cuenta en rojo mil veces. Tenemos que trabajar con el giro en descubierto, endeudarnos, buscar préstamos, terminar de pagar uno y agarrar otro”, contó el directivo de una institución.

Burocracia y precarización

Desde el sector de discapacidad señalaron que existe un colapso de turnos para certificados de discapacidad. En la ciudad de Córdoba operan siete hospitales con juntas evaluadoras que registran demoras de 2 a 3 meses para la asignación de turnos.

También indicaron la suspensión de nuevas altas de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y la implementación de auditorías masivas, percibidas como estrategias de desgaste.

Por otro lado plantearon la precarización de la figura del acompañamiento terapéutico. Al no estar incluido en el nomenclador nacional, el valor de la hora de servicio queda supeditado a convenios unilaterales con aranceles impuestos por las obras sociales.

Finalmente las demoras de entre 90 y 180 días en el cobro de honorarios fuerzan a profesionales de la salud y educación a recurrir al pluriempleo o migrar hacia la informalidad y rubros ajenos.

“Creo que nadie puede sobrevivir en la realidad económica que nos toca como país cobrando recién a 90 días de cuando iniciaste tu trabajo, con suerte”, explicó un profesional del sector.

A este panorama se suma un fuerte desfasaje del nomenclador nacional. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles oficiales aumentaron un 225% promedio, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 336%, marcando una brecha de 111 puntos porcentuales.

Además las instituciones deben recurrir al endeudamiento bancario, la realización de peñas y sorteos benéficos y la reducción de servicios de seguridad y limpieza para evitar la quiebra frente a compromisos fiscales.

La retirada del Estado nacional

El informe también caracterizó el accionar del Estado Nacional bajo una doble dinámica. Por omisión, debido a la falta de fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud y al incumplimiento de la Ley de Emergencia 27.793.

Y también por acción, a través de la reestructuración de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en Secretaría Nacional de Discapacidad bajo el Ministerio de Salud y el vaciamiento de la oficina en Córdoba, cuya oficina pasó de 12 a solo 4 agentes presenciales, sumado al cierre de la sede en Río Cuarto.

Además, los actores denunciaron la construcción de un discurso oficial centrado en la "sospecha de fraude" en los programas de atención y en el acceso a pensiones no contributivas que busca estigmatizar al sector.

En contraposición, hubo algunas medidas paliativas del Gobierno provincial valoradas positivamente como auxilio indispensable, pero que resultan insuficientes frente al déficit estructural acumulado por la Nación.

Encuentro con otras jurisdicciones

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba presentó el informe junto con otros relevamientos en el segundo Plenario de la Asociación de Defensoras y Defensores de la República Argentina (Adpra), que se realizó en Río Cuarto.

El Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, introdujo el trabajo realizado por la institución en relación a la canasta de personas mayores, la investigación sobre discapacidad y el trabajo realizado desde mediación comunitaria sobre la situación habitacional.

También destacó el valor de los relevamientos como una herramienta para visibilizar problemáticas y aportar información para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

“Además de atender y acompañar a la ciudadanía, desde la Defensoría buscamos identificar dónde están las necesidades y las vulneraciones de derechos. Nuestros informes permiten mostrar esas realidades y, al mismo tiempo, orientar el trabajo de los equipos interdisciplinarios para intervenir, gestionar respuestas y aportar elementos que contribuyan a fortalecer las políticas públicas”, expresó Galoppo.