Carolina Armeloni, representante de los centros de rehabilitación de Córdoba, y Virginia Els, presidenta de CAPREDIS, explicaron que hace más de cinco meses no hay actualizaciones en los honorarios de los profesionales, lo que ha generado un desfasaje del 40% respecto a la inflación desde 2023. "El costo de funcionamiento de los centros se duplicó, mientras que los honorarios de los profesionales están por debajo de los 10,000 pesos cuando en el sector privado superan los 28,000", comentó Armeloni.
Los recortes y la falta de aumentos han provocado que muchos centros reduzcan servicios esenciales, como la terapia, el transporte adaptado y la alimentación. "En algunos casos, el almuerzo que proporcionábamos era la única comida de calidad del día para muchas familias vulnerables", agregó Els.
Más de 100,000 personas en Córdoba se benefician de estos servicios, que incluyen atención médica, rehabilitación, apoyo escolar y transporte adaptado. Sin embargo, debido a la crisis, muchos usuarios ya no pueden acceder a estas prestaciones. "Muchos niños que necesitan asistencia para ir al baño o cambiar pañales están dejando de asistir a la escuela porque no hay apoyo", indicó Els.
El sistema público de discapacidad en Argentina, que garantiza atención universal a través de la Ley 24.901, está siendo amenazado. Esta ley establece que las personas con discapacidad deben recibir atención integral sin importar su obra social o situación económica. Sin embargo, debido a la falta de actualizaciones en los aranceles y la desfinanciación del sector, los prestadores advierten que este derecho adquirido está en peligro.
"El modelo argentino de atención integral para personas con discapacidad es un referente en América Latina, pero si no se toman medidas urgentes, solo aquellos que puedan pagar los servicios accederán a ellos", advirtió Armeloni. La pérdida de los servicios esenciales como la terapia respiratoria, que en algunos casos es vital para la vida de los pacientes, pone en riesgo la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad.
Los prestadores denuncian la falta de diálogo con el gobierno nacional. "El directorio encargado de establecer los aumentos no se reúne desde hace más de cinco meses, lo que viola la Ley 24.901. Esto nos genera una gran incertidumbre, porque no sabemos si el modelo de atención va a seguir existiendo", expresó Els.
Además, Armeloni enfatizó la ausencia de políticas públicas claras. "Este sector ha atravesado crisis anteriormente, pero lo más grave es la falta de respuestas concretas. No estamos pidiendo favores, sino que necesitamos que se cumpla con lo que establece la ley", agregó.
La crisis actual, sumada a la desfinanciación y la congelación de aranceles, está poniendo en peligro este derecho. "Si no se actualizan los valores, el sistema quedará a merced de quienes puedan pagar, lo que significa una exclusión de un sector vulnerable de la sociedad", alertó Els.
Ante la emergencia, los prestadores proponen la creación de un fondo de apoyo con la participación de actores privados, como empresas y organizaciones, para no depender únicamente del Estado. "Es necesario involucrar a más sectores para garantizar la sostenibilidad del sistema", indicó Els.
La migración de profesionales a otros sectores es otro de los riesgos. "Estamos perdiendo talento, lo que afectará gravemente la calidad de los servicios", señaló Armeloni. A largo plazo, esta fuga de profesionales podría dificultar la recuperación del sistema.
Si no se toman medidas inmediatas en todo el país, el modelo de atención podría colapsar, dejando a las personas con discapacidad y sus familias en una situación de vulnerabilidad aún mayor. La necesidad de una actualización de los aranceles y la creación de políticas públicas claras es urgente para evitar que el sistema de atención se convierta en una exclusividad para quienes puedan pagarlo, en lugar de un derecho para todos.
