Discapacidad: hay alerta por falta de pago de la Nación y advierten que están en riesgo las prestaciones
La Cámara de Prestadores señaló que la Superintendencia de Salud no transfirió los fondos de junio y que corre peligro la continuidad de los servicios. “La situación es crítica”, advierten. El gobierno no da un plazo preciso sobre cuándo podría girar los recursos
Los fondos de junio todavía no llegaron y las prestaciones por Discapacidad están otra vez en riesgo. Así lo advirtieron desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis), que enumeró además una larga serie de incumplimientos de la Nación que complica el día a día y la sustentabilidad de los servicios.
Carolina Armenoli, presidenta de la Cámara, detalló que el sector viene atravesando momentos críticos y que el nuevo atraso agrava aún más la situación. Además, desde el gobierno nacional no dan una perspectiva sobre cuándo podrían llegar los recursos.
“Desde el año pasado se vienen produciendo dificultades en el área de Discapacidad. Ahora, las obras sociales recuperan las prestaciones mediante el Fondo Solidario de Redistribución. Las obras sociales pagan las prestaciones cuando el Fondo transfiere los montos del mes. Pero desde la Superintendencia de Salud informan que hay una demora en la recaudación que está a cargo de Arca porque los aportantes al Fondo han disminuido. El aporte surge de los trabajadores en blanco y hasta que no tienen el 100 por ciento del monto de las prestaciones por discapacidad, el pago no sale”, detalló Armenoli.
“El sector viene atravesando momentos muy complejos. De no cobrar junio, no podremos afrontar el pago a la gente que conforma el sistema prestacional. Antes los pagos llegaban el 15;después fueron corriendo los días, cada vez transferían más tarde. Ahora estamos a fin de mes y los fondos no están. El alerta se encendió porque el gobierno informó que el fondo es deficitario y eso atrasa toda la cadena. Ya el plazo original era extenso, porque estaríamos cobrando junio, pero si se comen un mes más tendríamos 120 días de plazo en un contexto en que los aumentos que dieron han sido insuficientes”, manifestó la presidenta de la Cámara.
Armenoli indicó que un agravante es que el gobierno no está cumpliendo con la ley de emergencia en discapacidad. “El sistema está en un peligro muy grande. Durante este tiempo aumentaron los aranceles, pero a un ritmo del 1,2 por ciento y no llegan a cubrir el atraso del 70 por ciento que venía de arrastre”, declaró.
La presidenta de la Cámara manifestó que existe diálogo con el gobierno nacional, pero que la respuesta no aporta ninguna solución ni permite tener un panorama cierto. “No van a transferir mientras Arca no tenga la totalidad de los fondos. No nos sorprende en realidad. Hay una decisión política de correrse de la gestión de la discapacidad. En discapacidad, si el Estado no regula se rompe la equidad y la accesibilidad. Hoy se cobra el mismo valor a una obra social muy buena o a una básica. Si el Estado se corre de la regulación, entonces el nivel de prestación dependerá de los acuerdos entre los privados. Y hay otro aspecto para remarcar: a este recorte lo hace el gobierno pero los que tenemos que hacer frente a esta situación, hablar con las familias y los profesionales somos nosotros. Es muy complicada la situación”, dijo Armenoli.
La presidenta de la Cámara indicó que en otros gobiernos ocurrieron situaciones similares en las que el Fondo no contaba con los recursos necesarios para cubrir las prestaciones; en esos casos, se destinaban partidas del Tesoro para cumplir con los pagos. “Este gobierno no está dispuesto a hacer eso. Entonces, en el caso de la discapacidad el hilo se corta por el más vulnerable porque una persona que se queda sin transporte, sin kinesiólogo, sin un tratamiento pierde la posibilidad de tener una vida digna”, manifestó.
Desde la Cámara advirtieron que corren riesgo las prestaciones porque si los fondos siguen sin llegar, entonces no se podrán pagar los sueldos y habrá una interrupción de los servicios.
La entidad emitió un comunicado en el que planteó que la situación es dramática. “De prolongarse esta demora, el sistema de atención a personas con discapacidad podría ingresar en un estado de crisis terminal, poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones a miles de personas con discapacidad en toda la Argentina”, advirtió la entidad.
La crisis en el sector de discapacidad ya lleva un tiempo prolongado. Hace un año, en el Congreso se votó la emergencia nacional en discapacidad pero desde entonces comenzó un derrotero de incumplimientos, un veto, presentaciones judiciales, la insistencia con la ley en el Congreso y una orden de la Justicia para que la emergencia se instrumente. Finalmente, el gobierno reglamentó la ley pero desde las organizaciones señalan que el cumplimiento es parcial. Por ejemplo, sostienen que los aranceles están atrasados y, además, que no se cumplió con el fondo para compensar tanto el atraso en los aranceles como el efecto de la inflación. Hoy, dicen los prestadores, los aranceles tienen un fuerte atraso.