“Estas pensiones se otorgan a personas con incapacidad superior al 66% y en situación de vulnerabilidad. Entre los años 2000 y 2023 las pensiones por invalidez pasaron de 75 mil a 1,2 millones. Ante las sospechas que genera semejante crecimiento se encaró una auditoría masiva. Como resultado, pululan denuncias en distintas partes del país de personas con visibles manifestaciones incapacitantes cuyas prestaciones fueron suspendidas y otras que se quejan por el maltrato y el sometimiento a trámites muy engorrosos, burocráticos y hasta irrazonables”, explica el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en su trabajo.
El informe destaca que en el país hay 25 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes. Córdoba tiene una cantidad levemente por debajo de la media: 22. En líneas generales, y como primera aproximación, los distritos de mayores ingresos son los que tienen la menor cantidad de beneficiarios de estas pensiones: Río Negro, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Santa Fe, CABA y Tierra del Fuego, están por debajo de la media.
El trabajo detalla el caso de Chaco que tiene 86 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes. En Salta, Tucumán y Catamarca hay 40, mientras que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 8.
“Estos datos muestran una gran dispersión en las pensiones no contributivas por invalidez según la provincia. Chaco tiene 10 veces más pensiones otorgadas que Ciudad de Buenos Aires y 2 veces más que sus provincias vecinas con similares perfiles socioeconómicos. A esto hay que sumar que, en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja hay más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). Que haya tanta dispersión entre provincias e inconsistencias entre pensiones y CUD sugiere que los mecanismos aplicados fueron muy permeables a las irregularidades”, afirma Idesa.
Y agrega: “Ante indicios de ilegalidad tan sugerentes se justifica y forma parte de una administración responsable del Estado ejecutar un plan de auditoría para depurar el padrón de beneficiarios. Esta es la manera de corregir las consecuencias de irregularidades cometidas en el pasado y concentrar los recursos en mejorar la asistencia a personas discapacitadas y en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, la ANDIS implementó el plan de auditoria utilizando instrumentos muy rudimentarios. Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas. La consecuencia fue el maltrato a gente inválida soportando largas demoras para ser atendida y la suspensión del beneficio de manera arbitraria. Por déficits de gestión el plan fue suspendido. Resultado del plan: se seguirán pagando pensiones otorgadas de manera fraudulenta y una gran cantidad de discapacitados sometidos, sin justificativos ni sentido, a trámites engorrosos”, detalló el trabajo.
Luego apunta contra la necesaria gestión para solucionar este tipo de irregularidades en los beneficios: “Es correcto el diagnóstico de que el principal factor que explica la decadencia argentina es el mal funcionamiento del Estado. Pero el problema tiene dos aristas: la financiera y la calidad de la gestión. La metáfora de la motosierra es muy eficaz para atacar los déficits financieros poniéndole límites al gigantismo espurio en el Estado, pero no menos importante es atacar los déficits de gestión. De lo contrario, es imposible un buen funcionamiento de la economía con armonía social. No entender el doble desafío acrecienta el riesgo de que la gente se resigne a que las malas políticas estatistas del pasado son la mejor opción”.
