Transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día y hogares reclaman el cumplimiento de la ley ante una deuda acumulada de medio año. Aunque la Justicia ordenó regularizar, el Gobierno apeló la medida
Hace 6 meses que la Nación no paga a los prestadores de discapacidad, se denunció.
El Estado nacional mantiene deudas por ese período de tiempo con los profesionales, que exigen el cumplimiento de la ley.
La crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad suma un nuevo capítulo.
Prestadores de todo el país denuncian que el Estado nacional mantiene atrasos de hasta seis meses en los pagos de servicios brindados a través de programas y coberturas como Pami e Incluir Salud.
La situación afecta a transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día, hogares y otros profesionales que sostienen tratamientos esenciales para miles de personas.
Según advierten, la demora en las transferencias compromete la continuidad de las prestaciones y pone en riesgo la atención de los pacientes.
En las últimas semanas, la Justicia emitió un fallo favorable a los reclamos del sector.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó a organismos como Pami e Incluir Salud normalizar la cadena de pagos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las distintas prestaciones.
Sin embargo, el gobierno nacional apeló la medida cautelar, lo que prolonga la incertidumbre entre los prestadores.
Las entidades que representan al sector sostienen que la deuda acumulada vuelve cada vez más difícil afrontar salarios, gastos operativos y costos de funcionamiento.
Mientras esperan una respuesta oficial, insisten en que el retraso vulnera derechos consagrados por ley y afecta directamente a las personas con discapacidad y también a sus familias.
El sector de la discapacidad ha venido realizando distintas marchas en espacios públicos de las distintas ciudades para visibilizar su reclamo dirigido al gobierno nacional.
